Se busca dinero para las elecciones: las dudas sobre el financiamiento de los comicios en Nayarit
El Gobierno estatal justifica la falta de presupuesto electoral a la crisis del coronavirus y ha tenido que pedir apoyo externo
Nayarit anunció hace tres semanas que no tenía el dinero para organizar las elecciones del próximo 6 de junio. El pequeño Estado occidental tiene una cita en los comicios más grandes de la historia de México para elegir a su próximo gobernador, ocho bancas en la Cámara de Diputados y una veintena de alcaldías. Pero el Gobierno local asegura que no ha podido recaudar el monto para organizarlos por culpa de la pandemia de la covid-19. Pese a que el dinero estaba designado en el pr...
Nayarit anunció hace tres semanas que no tenía el dinero para organizar las elecciones del próximo 6 de junio. El pequeño Estado occidental tiene una cita en los comicios más grandes de la historia de México para elegir a su próximo gobernador, ocho bancas en la Cámara de Diputados y una veintena de alcaldías. Pero el Gobierno local asegura que no ha podido recaudar el monto para organizarlos por culpa de la pandemia de la covid-19. Pese a que el dinero estaba designado en el presupuesto anual aprobado por el Congreso local, el Ejecutivo estatal se vio obligado a salir a buscar apoyo fuera. Las dudas sobre la realización de los comicios pusieron en puerta una crisis institucional en el Estado. La Administración de la entidad espera pagarlos ahora con una partida extraordinaria. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha alertado que los fondos siguen sin llegar.
“Nuestra entidad no cuenta con las condiciones financieras para suministrar los fondos necesarios para llevar a cabo la organización del proceso electoral”, escribió el 28 de febrero en una carta el secretario de Finanzas de Nayarit, Juan Luis Chumacero. La misiva estaba destinada al Instituto Electoral del Estado, el organismo que organiza los comicios locales. El Congreso había aprobado en diciembre del año pasado una partida de 260 millones de pesos para las elecciones de este año. Pero el dinero, que representa el 1% del presupuesto total, no estaba. La falta de financiación se argumentaba en “los efectos económicos derivados de la pandemia de la covid-19″, según dijo Chumacero.
El consejero del INE, Ciro Murayama, ha asegurado este martes que la contingencia sanitaria resulta un pretexto para la Administración estatal, actualmente en manos del conservador Partido Acción Nacional. “No se puede creer que ese dinero va a usarse para atender una crisis de salud, tiene más que ver con un desorden en el uso de fondos públicos en el Estado”, ha dicho Murayama en comunicación telefónica con este periódico. Las dudas sobre el proceso electoral en Nayarit, afirma, continúan en pie. “Hoy, a punto de concluir marzo, siguen en una situación de riesgo porque el Gobierno del Estado no ha dado los recursos que el Congreso ha asignado a las elecciones”.
De los 235 millones que se necesitaban, el Gobierno local había entregado hasta este martes solo 18,8 millones. “Estamos ante una situación inédita y de desdemocratización. Es un despropósito. El gobernador ha ignorado la decisión del Congreso local, que es el que tiene la facultad de decidir el uso de los recursos públicos”, agrega Murayama. El consejero del INE ha advertido además de que, como Nayarit, otros Estados también se han demorado en la entrega de los fondos para el proceso electoral. “Hay otras entidades donde también se ha retrasado el depósito de dinero o ha llegado cantidades insuficientes, como Aguascalientes”.
El peor riesgo, sin embargo, lo corre Nayarit. “Es una entidad frágil políticamente”, comenta Murayama. El pequeño Estado ha vivido en los últimos años un régimen de terror, despojos y desapariciones en el que participaron las propias autoridades. El anterior gobernador de esa entidad, el priísta Roberto Sandoval, está prófugo de la justicia desde que fue acusado en noviembre del año pasado por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El especialista en derecho electoral César Astudillo explica que si el dinero que estaba designado a las elecciones se utilizó para atender la situación sanitaria “sin la anuencia del Congreso” se trata de un caso de desvío de fondos. El Gobierno estatal no tiene la facultad de decidir adónde va el dinero, debe hacerlo a través del órgano legislativo. De no explicar en qué se utilizaron los recursos y con autorización de quién, las autoridades de Nayarit se exponen a consecuencias políticas y judiciales, afirma. “Si el gobernador le dijo al secretario de Finanzas que no entregara el dinero [al Instituto Electoral], hay una infracción, una ilegalidad. Y hay responsabilidades políticas y administrativas que solo pueden recaer sobre ellos dos”, refiere.
La presión ejercida por las autoridades electorales estas últimas semanas llevó al secretario de Gobierno de Nayarit, José Antonio Serrano, a afirmar este martes que pagarán las elecciones gracias a un apoyo extraordinario. “El gobernador [Antonio Echevarría] ha hecho una gestión extraordinaria en la Ciudad de México”, ha asegurado también por teléfono. “De los 235 millones que se necesitan, 66 los pondremos nosotros y el resto vendrá del apoyo”, ha agregado sin dar mayores detalles de quién ha puesto el dinero sobre la mesa. Una portavoz de la presidencia mexicana ha afirmado que no ha sido el Ejecutivo, ya que “el Gobierno no tienen facultades para pagar elecciones”.
La falta del presupuesto inicial, justifica Serrano, se debió a que no recaudaron lo que estimaban porque muchos no pagaron impuestos ante la crisis económica derivada de la pandemia. Sin embargo, Rosa María Cano, exdirectora jurídica del INE, explica que existen leyes que determinan cómo y en qué se recorta el presupuesto cuando no se recauda lo esperado. “Hay una obligación de las entidades de poner el dinero para realizar las elecciones, son una necesidad primaria. Hay otras partidas que recortar antes que esa”, dice. Cano agrega que las autoridades estatales tienen la obligación de transparentar el uso y el origen de los fondos. “Si reciben un recurso extraordinario, deben reportarlo en las cuentas públicas”. Algo que el Gobierno del Estado no ha realizado hasta el momento.
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