La presión de Trump a México frena la llegada de cerca de 200.000 migrantes a EE UU en un año

Cinco horas y un muro separan a Armando de ver a sus dos hijos de diez y seis años. Conoce el tiempo con precisión porque, a veces, se sienta en la orilla del río Bravo, abre Google Maps en su celular y se imagina que está al otro lado de la frontera y que puede llegar a Houston (Texas), donde su exmujer se estableció hace cuatro años cuando tuvo que huir de Honduras por la violencia. El migrante, que pide omitir su nombre por seguridad, lleva un año varado en Matamoros, en la frontera norte mexicana, y es una de las más de 65.000 personas a las que Estados Unidos ha devuelto en el último año ...

Cinco horas y un muro separan a Armando de ver a sus dos hijos de diez y seis años. Conoce el tiempo con precisión porque, a veces, se sienta en la orilla del río Bravo, abre Google Maps en su celular y se imagina que está al otro lado de la frontera y que puede llegar a Houston (Texas), donde su exmujer se estableció hace cuatro años cuando tuvo que huir de Honduras por la violencia. El migrante, que pide omitir su nombre por seguridad, lleva un año varado en Matamoros, en la frontera norte mexicana, y es una de las más de 65.000 personas a las que Estados Unidos ha devuelto en el último año al país vecino por los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

El programa, conocido también como “Quédate en México”, pide justamente eso: que los solicitantes de asilo esperen en una de las zonas más peligrosas del territorio mexicano mientras se resuelven sus trámites del otro lado del muro. “Nunca me imaginé que este acuerdo tan inhumano entre EEUU y México nos iba a afectar”, cuenta Armando desde un campamento improvisado donde viven unos 1.400 migrantes en condiciones precarias, con temor a la delincuencia y al coronavirus, después de que se registrara la semana pasada el primer caso.

Hace algo más de un año, casi al mismo tiempo que Armando emprendía el viaje hacia el norte desde el departamento de Valle, en el sur de Honduras, el Gobierno de Donald Trump y una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard cerraban una ríspida negociación. La Casa Blanca puso contra las cuerdas a su vecino del sur al condicionar la firma de un nuevo acuerdo comercial a que el Gobierno de López Obrador detuviera la migración desde Centroamérica, principalmente de familias que por aquellos meses desbordaban los centros de detención de la frontera sur de EE UU, algo que la Administración de México no ha aceptado públicamente. Tras desencadenar la peor crisis diplomática entre ambos países en más de 30 años, México cedió y cerró el trato que dio lugar al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC). El acuerdo, que es ahora catalizador del primer viaje al extranjero de Andrés Manuel López Obrador como presidente es visto como un salvavidas crucial para el país ante el desplome económico mundial por la pandemia de la covid-19.

Pero las estadísticas migratorias dejan claro quién pagó el precio del acuerdo. Desde mayo de 2019, cuando Trump empezó con las amenazas de una guerra arancelaria, hasta mayo de este año, más de 124.000 migrantes han sido deportados desde México, según datos de la Secretaría de la Gobernación. Además, se incrementaron las devoluciones de solicitantes por el Programa MPP, por el que, según datos de la Universidad de Syracuse de Nueva York, 65.000 personas fueron enviadas a esperar una respuesta a sus casos de asilo en suelo mexicano, donde generalmente sobreviven con trabajos precarios o con la ayuda de organizaciones no gubernamentales. “Se tomó el tema migratorio como moneda de cambio para resguardar los intereses económicos del país”, afirma Salvador Lacruz, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. “Ha sido un año muy duro, pese a que la situación nunca ha sido fácil en las últimas décadas”.

Las presiones de Trump marcaron un punto de inflexión en la política migratoria de López Obrador, que pasó de abrir las puertas a miles de migrantes centroamericanos a principios de 2019 a las deportaciones masivas, la militarización de la frontera sur con operativos de la recién creada Guardia Nacional y la dimisión del encargado de Migración a mediados de ese año. “México es históricamente un país muy conservador en materia migratoria”, señala Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México. “Pese a las expectativas iniciales, no se logró remontar esta visión policíaca de la gestión migratoria por un enfoque más humanitario”.

El éxodo centroamericano, que alcanzó una visibilidad sin precedentes durante la caravana migrante de 2018, se ha tenido que abrir paso por rutas más peligrosas y volvió a los riesgos de la clandestinidad: con pagos de alrededor de 8.000 dólares a traficantes, amenazas del crimen organizado y cotos de corrupción entre las autoridades, apuntan organizaciones civiles. “Los migrantes están en una situación humanitaria absolutamente de emergencia y el Estado mexicano no está dimensionando el problema que tiene en sus fronteras”, apunta Lacruz.

Soraya Vázquez, subdirectora de la organización binacional Al Otro Lado, de Tijuana, lamenta que, pese a que cuando México aceptó el programa MPP dijo hacerlo por razones humanitarias, ha acabado “abandonando a su suerte” a los migrantes en ciudades fronterizas con altos índices de criminalidad y sin acceso a abogados. Hasta mayo de este año, la organización Human Rights First había registrado 1.114 incidentes de asesinato, violaciones, secuestros, torturas y otros tipos de ataques violentos de los que han sido víctimas los migrantes del programa. Por otra parte, según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse de Nueva York, de los más de 65.000 migrantes devueltos a México, solo el 6,6% llega a sus audiencias judiciales con representación legal.

Y la situación de vulnerabilidad aumenta con la pandemia, ya que quienes esperan en albergues o campamentos están más expuestos a contagiarse por las condiciones en las que viven y muchos que habían conseguido pequeños trabajos para mantenerse los han perdido por la crisis. “Nosotros recibimos llamadas todos los días de familias que nos dicen: ‘No tengo para darles de comer a mis hijos'. ¿Tú sabes lo que eso significa? Y nos lo dicen a nosotros. El gobierno ni lo oye, ni se entera. Me parece una irresponsabilidad que no tome cartas en el asunto”, afirma Vázquez. “Tenemos miles de familias migrantes, muchísimos niños, mujeres embarazadas ... abandonadas completamente, con cuadros de depresión y mucha ansiedad porque hay esa incertidumbre de qué va a pasar”.

La covid-19 ha generado nuevas restricciones que han afianzado el carácter de México como el gran embudo migratorio de la región y ha provocado una caída en los flujos de migrantes en el primer semestre de 2020. “A principios de 2019 recibimos cada mes entre 13.000 y 15.000 migrantes y ahora vienen unos 700”, asegura Fray Gabriel Romero, director del albergue la 72 en Tenosique, uno de los puntos rojos en la frontera entre México y Guatemala. En EEUU, la tendencia de caída de aprehensión de migrantes que inauguró el acuerdo con México también ha sido apuntalada por la pandemia y en la actualidad los centros de detención de la Patrulla Fronteriza están prácticamente vacíos.

“La situación sanitaria ha tenido un impacto importante en la migración, además de que los números ya venían en claro descenso el año pasado. En este momento estamos debajo de los promedios históricos”, reconoce Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En México, el mensaje oficial es que el país tenía que asumir su corresponsabilidad en la crisis migratoria de la región. Además, argumentan que la mano dura se complementó con programas sociales para atacar las causas estructurales de la migración y que la gestión fronteriza se ha hecho de forma soberana, esquivando los embates de Trump y cerrando una negociación vital, una opinión compartida por la mayoría de la población, según varias encuestas.

Pero, aunque la apuesta es a largo plazo, hasta junio de este año no ha habido ningún informe de cómo se han gastado los 60 millones de dólares que México dio para implementar programas a Honduras y El Salvador, según una investigación del periódico Milenio. “Es un proyecto que lleva a Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entiendo que han avanzado muchísimo en la distribución de los recursos, pero con la pandemia hemos entrado todos en un momento donde los procesos burocráticos y administrativos están retrasados”, sostiene Velasco.

“Además de las asimetrías de poder entre ambos países, hay una asimetría de prioridades: para Trump, la migración es el tema número uno, para López Obrador, no”, explica Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute. “Para Trump, el encuentro tiene todo que ver con migración y seguramente será una piedra angular de las conversaciones que se van a dar, aunque parece que no habrá nuevas medidas grandes”, comenta Selee, sobre una visita calificada como de alto riesgo y costo político por la posibilidad de que el equipo del republicano retome su habitual retórica del “muro” y “el uso de México” para frenar a los migrantes como estrategia de campaña. “La construcción del muro avanza rápido en Texas, Arizona, Nuevo México y California”, escribió en la noche de este mismo lunes el presidente en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“En procesos electorales, el tema migratorio se vuelve un chivo expiatorio o un tema subordinado a otras agendas”, agrega Giorguli. Ante la polémica por la cercanía de las votaciones estadounidenses de noviembre próximo y el marcado discurso contra la migración de Trump, López Obrador ha optado por enmarcar su viaje como una visita de estricto corte comercial. No tiene previsto reunirse con miembros de la numerosa comunidad mexicana en el país, uno de los aspectos que le ha acarreado más críticas de la visita.

En Matamoros, con la frontera cerrada y los trámites de asilo congelados por la pandemia, Armando espera una oportunidad para reencontrarse con sus hijos. “A mí que me aplicaron la ley de tránsito que decía que yo tenía que haber pedido protección primero en México. ¿Cómo voy a pedir protección en un país que ni siquiera puede proteger a sus propios ciudadanos y donde me secuestraron?”, se pregunta. Ahora se plantea cruzar por algún punto no vigilado de la frontera, aunque ha oído que los coyotes están cobrando $1,500 dólares y no sabe cómo conseguirlos. Mientras, hay personas que siguen llegando al campamento a cuentagotas en medio de la pandemia porque a los motivos que mueven la migración no hay virus, acuerdo binacional ni muro que los pare.