El Gobierno encara dividido aprobar mañana un plan económico paliativo

“A partir de ahora entramos en una nueva fase que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma”, anunció la noche del sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseverando que al Ejecutivo no le “va a temblar la mano para ganar al virus”. “Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud de las personas, pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, trabajadores y empresas”, sostuvo, si bien las siete horas del Consejo de Ministros extraordinario que había celebrado no le bastaron para consensuar, en el seno del primer Gobierno de coalición desde la transición, un paquete de medidas económicas que acompañaran, y amortiguaran, la orden de confinamiento de los españoles o el cierre generalizado de comercios que no vendan productos de primera necesidad y centros educativos de todo el país. El Ejecutivo afronta hoy dividido el diseño definitivo de un plan, aún incierto ayer, que promete aprobar en su reunión de mañana.

Sánchez admitió que el país afronta una “emergencia económica”, con un impacto “de envergadura” sobre el tejido productivo y prometió para el próximo Consejo de Ministros medidas “drásticas”. Sin entrar en detalles, prometió iniciativas de “apoyo a los trabajadores, los autónomos, los empresarios, las familias y los colectivos más vulnerables; apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, los denominados, ERTES; apoyo de la actividad económica y de las empresas para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias como consecuencia de la emergencia económica derivadas del coronavirus; y, por supuesto, en apoyo a la investigación de la vacuna” contra la pandemia.

Las fuertes discrepancias internas en el Ejecutivo que conforman PSOE y Unidas Podemos impidieron, sin embargo, que el paquete viera la luz el sábado. Mientras que los de Pablo Iglesias (vicepresidente de Asuntos Sociales y líder de la formación morada) buscan ante todo la protección del trabajador, el sector ortodoxo que lidera Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, trata de evitar la parálisis total de la actividad.

Así, por ejemplo, aunque los últimos borradores que llegaron al Consejo de Ministros obligaban a “los empleadores, tanto públicos como privados” a facilitar el teletrabajo “siempre que ello sea posible”, la medida no se incluyó en el real decreto ley aprobado. Varios ministerios reconocían ayer que el paquete de medidas de mañana seguía sin definir, y eran incapaces de decir si la generalización del trabajo no presencial estará incluida.

De momento, lo único claro es que el plan pasa por facilitar los expedientes temporales de empleo como alternativa a la extinción de contratos, e incluirá medidas de apoyo a los trabajadores afectados. Con todo, fuentes oficiales ni siquiera tienen claro que mañana vaya aprobarse la prestación extraordinaria para asalariados que no puedan acudir a trabajar por estar al cuidado de hijos que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá anunció la pasada semana. Por su parte, Hacienda ultima planes de apoyo financiero a las regiones más allá de las ya impulsadas el jueves. Está por ver qué nuevas medidas de liquidez a las empresas se dan o si incluye alguna de contención del desplome bursátil.

A la espera de conocer los detalles, las patronales empresariales y los sectores de actividad más afectados, como la hostelería, reclamaban ayer medidas de excepción también en el plano económico. Después de todo, tiendas, bares, restaurantes, grandes cadenas, colegios, institutos y todo tipo de negocios amanecerán este lunes cerrados por decreto sin que empresas, autónomos ni trabajadores gocen de una batería de medidas que palíen el plan de contención del virus. Algo que amenaza con disparar los despidos a falta de alternativas asequibles.

Sánchez ya admitió el sábado que el estado de alarma, con una duración de 15 días prorrogables por el Congreso de los Diputados, tendrá un “impacto económico y social evidente” y que “muchísima gente va a verse damnificada”. De hecho, la OCDE ya asume que la epidemia contraiga con fuerza, o incluso anule, el crecimiento de España en 2020. Aunque se da por hecho que la deuda pública y el déficit romperán con años a la baja, la magnitud del golpe al PIB y al empleo dependerá en buena medida de la efectividad del plan económico de mañana.