Lo que el trabajo de plataformas revela sobre América Latina
La economía de plataformas no crea precariedad nueva, la reproduce, la profundiza. Lo hace de maneras distintas según el contexto nacional, el nivel de informalidad preexistente y la historia sindical de cada país
El repartidor en Santiago sabe que tiene un jefe, aunque ese jefe no tenga rostro. El conductor en Buenos Aires no sabe quién es su empleador. El trabajador de datos en Lima no puede decirte para qué plataforma trabaja, porque su contrato se lo prohíbe. Tres personas, tres países, el mismo modelo de negocio. Experiencias que apenas se parecen, pero que confluyen en una misma tensión: la promesa de autonomía convive con nuevas formas de desprotección.
Durante 18 meses, el proyecto ¿Cómo se vive e imagina el trabajo de plataformas en América Latina? investigó la economía de plataformas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay. Realizamos 185 entrevistas a trabajadores y trabajadoras de transporte, reparto y trabajo de datos; y también a ejecutivos de plataformas y dirigentes sindicales. Lo que encontramos no es una historia uniforme: es un mosaico de desigualdades superpuestas, donde el mismo algoritmo opera sobre realidades y trayectorias laborales radicalmente distintas.
La primera disparidad es numérica. Las cifras son escasas y no todas son oficiales, aunque Chile y Brasil son la excepción. Brasil lidera con 1,7 millones de trabajadores de plataformas registrados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadistica, IBGE, en 2024, cifra que creció 25% en solo dos años. Chile, a través del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, contabiliza un 3,2% de la fuerza laboral (que incluye una amplia definición de trabajo de plataforma, desde vendedores de Instagram o WhatsApp hasta repartidores y conductores). Colombia sumaría unos 200.000, según cifras no oficiales. Paraguay reporta al menos 25.000 conductores solo en transporte de pasajeros, sin datos de reparto ni otras categorías. Perú y Uruguay no tienen cifras oficiales: sus encuestas laborales no están diseñadas para capturar este fenómeno. Esa brecha estadística no es un detalle técnico, es en sí misma una conclusión política. Sin datos comparables no hay política pública posible, y así la precariedad se naturaliza sola.
La segunda disparidad es experiencial. Hay un perfil compartido en todos los países: hombres jóvenes, muchas veces migrantes, sin protección social, con jornadas extensas y control algorítmico en lugar de supervisión humana. Las razones por las que se llega a las plataformas cambian según el contexto. En Argentina y Colombia, por ejemplo, es la informalidad estructural (que en Colombia supera el 60% del empleo total). En Chile y Perú, es el desempleo y la falta de oportunidades formales. En Paraguay, la plataforma aparece como una posibilidad de ingreso complementario más que ser un trabajo principal. Brasil concentra más de la mitad de sus trabajadores plataformizados en la región, reproduciendo sus propias brechas territoriales y poblacionales. Las mujeres tienen presencia minoritaria en todos los países, con obstáculos adicionales como el acoso, las jornadas restringidas al horario diurno y la ausencia de infraestructura básica.
La tercera disparidad es regulatoria. Chile tiene ley desde 2022, mientras que Uruguay y Colombia aprobaron su legislación en 2025. Argentina consolidó la figura del trabajador independiente, reforzando un esquema donde la protección social queda mayormente en manos del trabajador. Paraguay y Perú siguen sin norma específica. Donde existe ley, su implementación ha sido lenta y técnicamente compleja: los trabajadores desconocen sus propios derechos, la fiscalización es débil y las brechas de transparencia contractual persisten.
Lo que el estudio muestra, en definitiva, es que la economía de plataformas no crea precariedad nueva en América Latina, la reproduce, la profundiza. Lo hace de maneras distintas según el contexto nacional, el nivel de informalidad preexistente y la historia sindical de cada país —más arraigada en Argentina y Uruguay, más fragmentada en Chile, Colombia o Perú. La imagen del trabajador libre e independiente que promueven las plataformas choca con la realidad de millones que trabajan sin saber bien si tienen jefe, sin saber con certeza cuántos son, y en muchos casos sin que el Estado tenga herramientas para saberlo tampoco.
El trabajo de plataformas ya llegó al continente, con distintas particularidades. La pregunta, entonces, no es solo cómo regular estas actividades, sino qué tipo de trabajo estamos dispuestos a consolidar en la región. Lo que vemos hasta ahora no es únicamente la necesidad de cuantificar el fenómeno o de avanzar en marcos regulatorios, sino de comprender estas transformaciones en su contexto: atendiendo a las particularidades de cada mercado laboral y evitando lecturas homogéneas sobre el llamado ‘futuro del trabajo’.