De Boric a Kast: la seguridad pública como proyecto nacional
En gobiernos de cuatros años, sin reelección, solo es posible avanzar si se continúa lo que comenzó el antecesor. Hay que dejar de lado la soberbia y colaborar
Chile tendrá un cambio profundo en la conducción política. Ese cambio podrá expresarse en diversos ámbitos, pero en materia de seguridad pública es donde se espera una mayor inflexión. El próximo presidente, José Antonio Kast, ha menospreciado la política de seguridad del Gobierno saliente y ha generado la expectativa de que con él esta cambiará radicalmente. Sin embargo, su Gobierno le hará un daño al país si desecha el camino recorrido durante el mandato de Gabriel Boric.
La política impulsada asumió que los problemas de seguridad de estos tiempos tienen complejidad y dinamismo superiores a los tradicionales y requieren un Estado con otras capacidades y sofisticación para enfrentarlos en todas sus dimensiones. Por eso, el foco de esa política fue el fortalecimiento y la modernización institucional del Estado. Ello se ha traducido en la creación de nuevas instituciones y en el refuerzo de las existentes.
Hoy el país tiene una nueva arquitectura institucional que incluye el Ministerio de Seguridad Pública, el Sistema de Inteligencia del Estado, la Fiscalía Supraterritorial, el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, el Centro Integrado de Coordinación Policial, la Agencia de Ciberseguridad y el Servicio de Reinserción Juvenil.
Los organismos previamente existentes ya no son los mismos, tanto en control como en prevención. Se han elevado las capacidades tecnológicas y operativas, así como las condiciones de trabajo de muchos de ellos. Algunos ejemplos son la creación de equipos especializados en las fiscalías para responder al crimen organizado y los homicidios (ECOH), la renovación de la flota vehicular en Carabineros, los incentivos salariales mejorados en ambas policías, la multiplicación de los scanner de última tecnología en las fronteras, la mayor capacidad para fiscalizar y rastrear armas, la duplicación de recursos para proyectos comunales, el estatus legal fortalecido para la seguridad municipal y el nuevo marco regulatorio en seguridad privada.
No solo cambian las instituciones por dentro, sino en su forma de trabajar juntas. La articulación y la colaboración han comenzado a reemplazar la tradicional autarquía del sector. Ese cambio se sostiene en el rol del nuevo Ministerio de Seguridad, concebido como un organismo profesionalizado, capaz de hacer funcionar al conjunto de las instituciones, con sus capacidades e información, como un verdadero sistema de seguridad. Ello incluye ejercer un real mando civil sobre las policías, materia en que Chile arrastraba un déficit histórico.
Estos avances requirieron un incremento presupuestario de 15% y la aprobación de más de 60 leyes durante el Gobierno que termina. Como resultado, se han frenado y comenzado a revertir varias de las dinámicas más preocupantes que generaron el deterioro de la seguridad pública. Veamos qué pasó con los principales indicadores.
Los datos oficiales muestran una baja en el índice de homicidios por tercer año consecutivo, pasando de 6,8 en 2022 a 5,4 en 2025. Los tres años a la baja constituyen un cambio de tendencia después de siete años con los homicidios al alza, a excepción del 2021 que estuvo marcado por cuarentenas. Igual tendencia se produce en el robo violento de vehículos que lleva tres años retrocediendo (-38%), así como también en la violencia de la macrozona sur (-80%) y en los ingresos irregulares por la frontera (-54%). En prevención, el 2025 hubo 31% menos niños y niñas víctimas de homicidio después de un trabajo interministerial sistemático gatillado por el alza que mostraba este doloroso fenómeno.
Nada de lo anterior permite cantar victoria porque persisten altos índices de temor, no ceden las balaceras, hay incidentes graves en cárceles y abundan los barrios violentos, pero el avance, se diga lo que se diga, es contundente.
Aunque alentadoras, las nuevas capacidades públicas están recién comenzando a desplegarse y solo alcanzarán su máximo potencial si son sostenidas en los próximos años en lugar de desechadas. Eso no significa que el próximo Gobierno deba hacer más de lo mismo. Hay un amplio espacio para complementar, profundizar y también para mejorar la gestión. Un ejemplo claro es Gendarmería. Asimismo, deben formularse estrategias nuevas para temas fundamentales: economías criminales, barrios con violencia crítica, prevención social, zonas productoras de droga y altos niveles de temor de la población. En esto último el nuevo Gobierno partirá con una ventaja directamente proporcional a la desventaja del Gobierno saliente, que hizo mucho en seguridad, pero no logró borrar la sombra de su distancia inicial con el tema. Esa ventaja debe aprovecharse entendiendo que el país tiene ahí una tarea estructural. La percepción de inseguridad se ha mantenido altísima durante 15 años y se requiere un análisis profundo sobre las razones y la forma de revertirlo.
En gobiernos de cuatros años, sin reelección, solo es posible avanzar si se continúa lo que comenzó el antecesor. Hay que dejar de lado la soberbia y colaborar. Una prueba de ello será el destino del proyecto de inteligencia económica, clave para detectar la circulación del dinero de origen criminal, iniciativa frenada desde el futuro oficialismo por su resistencia al levantamiento ágil del secreto bancario.
Otra prueba clave será el cuidado de las policías. La fortaleza policial no depende solo de recursos ni de retóricas altisonantes de apoyo político, sino del ejercicio prudente y efectivo del monopolio legítimo de la fuerza entregado por la Constitución. La derecha se ha equivocado en esto una y otra vez, confundiendo apoyo a las policías con manga ancha, camino que ha traído deslegitimación y debilitamiento. En cambio, un Gobierno progresista como el de Boric movilizó sin complejos a policías y Fuerzas Armadas en operativos de crimen organizado, acciones contra grupos radicales armados, intercepciones en pasos fronterizos irregulares y desalojos con resistencia violenta, todo ello con mínimos reproches por abuso o violencia excesiva. Cuidar ese logro es el punto de partida para que el Gobierno del próximo presidente Kast no sea un nuevo caso fallido de mano dura.