Chile discute una ley que posibilita que los violadores de derechos humanos en la dictadura de Pinochet cumplan prisión domiciliaria
El Senado avanza en un proyecto de cumplimiento alternativo de penas para mayores de 70 años con enfermedades graves. El Gobierno de Boric se opone, pues de 738 condenados, casi el 50% está en la cárcel por crímenes de lesa humanidad
La sala del Senado chileno aprobó este miércoles la etapa inicial de un proyecto de ley, presentado por parlamentarios de derechas, que permite el cumplimiento alternativo de penas a las personas privadas de libertad, en el caso de los hombres mayores de 70 años y de mujeres desde los 65, para casos con enfermedades terminales o menoscabo físico grave, como discapacidades, a fin de que puedan tener reclusión domiciliaria total. De seguir avanzando, la norma abre la puerta para que también resulten beneficiados los exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet que están en prisión, en la cárcel conocida como Punta Peuco y en la de Colina 1, por crímenes de lesa humanidad: cumplen condenas por homicidios, torturas y desapariciones.
La norma tiene su origen en una moción de los senadores de la derecha tradicional, del conglomerado Chile Vamos, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Luz Ebensperger y Carlos Kuschel, además del independiente Alejandro Kusanovic. Fue visada por 23 votos a favor y 22 en contra, una estrechez de opiniones que refleja las controversias, por lo que hasta el 16 de marzo se pueden presentar indicaciones.
En Chile, según cifras de Gendarmería, el servicio de prisiones, al 31 de diciembre de 2025 de las 738 personas mayores de 70 años que están condenadas (698 hombres y 40 mujeres), prácticamente el 50% (365) cumple sentencias por crímenes de lesa humanidad, mientras que 373 por delitos comunes: 195 por abusos sexuales, 143 por violación, 40 por homicidios y cinco por parricidios. Además, hay más de 10.000 casos que tienen alguna enfermedad crónica.
También, existen 1.984 personas privadas de libertad que tienen algún tipo de discapacidad: 1.852 hombres y 132 mujeres. Del total, un 6,9% está en prisión por torturas, malos tratos, genocidio y crímenes de lesa humanidad; un 5,1% por delitos sexuales; un 4,7% por delitos funcionarios; un 4,2% por homicidios y un 4,1% por lesiones.
Tras la votación, Jaime Gajardo, ministro de Justicia de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric, señaló la noche de este miércoles, visiblemente afectado, que se trata de “un día negro para la democracia” pues el proyecto —falta la tramitación en particular— “va en contra de lo que ha hecho nuestro país en materia de derechos humanos” y “”vuelve a victimizar a los familiares de miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar”.
Durante la tramitación de la iniciativa, la postura de la cartera de Justicia ha sido de rechazo. Por un lado, considera que es “un golpe” al ”clamor constante de verdad y justicia de los familiares de las víctimas" de la dictadura y que los exagentes condenados no pueden ser objeto de beneficios de excarcelación pues “no solo no han mostrado arrepentimiento, sino que jamás han colaborado con la justicia”. Por otro, estima que la moción también permite que personas sentenciadas por delitos graves, “homicidio, parricidio, femicidio, violación o abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, conmuten sus penas y las cumplan en sus domicilios”. Y agregan que el beneficio se podría ampliar a internos vinculados al crimen organizado pues, si salen de las cárceles de máxima seguridad, podrían seguir “gestionando sus redes criminales desde sus domicilios”.
Boric también se pronunció al respecto y en su cuenta X dijo que “los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero”. “El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación. Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”.
Entre los condenados por delitos de lesa humanidad, hay exagentes de inteligencia y de seguridad de la dictadura, algunos con altos grados, como exbrigadieres, excoroneles y exgenerales. De ellos, aproximadamente la mitad está en prisión en la cárcel conocida históricamente como Punta Peuco (hoy Centro de cumplimiento penitenciario Til Til). El penal fue construido en 1995, en la transición democrática, durante la Administración del expresidente democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y, a finales de 2025, el Gobierno de Boric transformó el recinto en un penal para delitos comunes. “Era otro Chile y, desde mi punto de vista, no existe justificación para ese privilegio”, dijo el mandatario de izquierdas al impulsar la reforma.
Quienes han empujado esta moción han defendido el proyecto, al poner énfasis es que se trata de un asunto humanitario. El senador Chahuán, de Renovación Nacional, ha dicho que se ha intentado “transformar un debate jurídico serio en una consigna” y que, “lo que es muy grave, se intenta confundir a la ciudadanía afirmando que este proyecto liberaría a personas de 65 y 70 años, que viola el derecho internacional, que relativiza crímenes gravísimos o que abre la puerta a la impunidad. Esto es jurídicamente falso”.
“Este proyecto no extingue penas, no anula condenas, no borra sentencias ni las suspende. La pena se mantiene íntegra y se sigue cumpliendo”, dijo Chahuán. Y agregó que lo que hace la iniciativa es actuar “cuando la prisión deja de ser un medio legítimo de cumplimiento de pena” y cuando “el Estado no puede garantizar derechos básicos que está obligado a asegurar”. Para el parlamentario, si la prisión vulnera el derecho a la salud, el abandono sanitario o el deterioro extremo, “no es legítima”.
En cambio, para el senador socialista, José Miguel Insulza, la aprobación del proyecto, que tildó de “una basura” y “completamente indigno”, sería “una vergüenza imborrable”. “Aquí se están creando las condiciones para liberar a 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, muchas de las cuales ni siquiera han querido confesar ni decir dónde están las personas que hicieron desaparecer, y mucho menos reconocer las brutales torturas a las que las sometieron”.
Insulza dijo que era partidario de leyes que hay en otros países que permiten la libertad de personas mayores de 70 años. “Pero, esos países, también han firmado las normas internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, no dejarían jamás que algunos de estos criminales salieran de la cárcel. Y aquí los están sacando de la cárcel de manera escamoteada”.