El Senado chileno aprueba la destitución del juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz
La acusación constitucional presentada por la derecha tradicional logra los votos para la inhabilitación de cargos públicos del magistrado por “notable abandono de deberes”. El libelo contra la jueza Ángela Vivanco también sale adelante en la Cámara Alta
El Senado chileno ha votado este miércoles a favor de la acusación constitucional contra el suspendido juez Sergio Muñoz, considerado el integrante más influyente de la Corte Suprema por la jurisprudencia que ha sentado en la tercera sala constitucional en materia ambiental y derecho a la salud, entre varias otras sentencias consideradas progresistas por el oficialismo. La aprobación del libelo presentado por Chile Vamos, de la derecha tradicional, por “notable abandono de deberes”, contó con 27 votos a favor y 21 en contra del primer cargo, y 25 a favor y 23 en contra del segundo. La votación significa la destitución de Muñoz del máximo tribunal y su inhabilitación durante cinco años de cargos públicos. La derecha, que tenía 24 votos seguros y requería de uno más, contó con el apoyo del senador independiente Karim Bianchi, clave para que la oposición consiguiera la salida del magistrado.
Muñoz fue nombrado en 2005 en la Corte Suprema por el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), y ratificado por el Senado. Diputados de la derecha tradicional presentaron una acusación en su contra en el mismo contexto del escándalo político y judicial del caso Audios que golpea a Chile hace nueve meses, aunque por hechos ocurridos en 2022 y que no tienen ninguna relación con esta trama. Le imputan dos cargos: el primero, por haber entregado información priviligiada a su hija, la jueza Graciel Muñoz, sobre un proyecto de la Inmobiliaria Fundamenta en la que ella tenía interés patrimonial —anticipar un fallo del caso que se veía en la sala constitucional— y no manifestar su inhabilidad; el segundo, por haber omitido denunciar a su hija magistrada durante la pandemia por dirigir audiencias telemáticas desde Italia, es decir, fuera de la jurisdicción chilena, lo que está prohibido por el Código Orgánico de Tribunales.
El magistrado ha negado todos los cargos. Y ha cuestionado que el único testimonio en que se funda la acusación constitucional en su contra es solo de oídas, basado en una declaración jurada ante una notaría en 2022 de una funcionaria de la inmobiliaria, en la que señaló que Graciel Muñoz, quien dijo que se comunicó varias veces con ella, quiso cambiar su inversión a otro proyecto de la misma firma por recomendación de su padre. Mientras el caso estuvo en la sala constitucional, Sergio Muñoz había votado en contra del proyecto. Tras la denuncia de la empleada fue recusado por la empresa y él se inhabilitó de ver la causa. Y, cuando el caso se volvió a votar, la construcción tuvo luz verde.
El libelo en contra de Muñoz ha provocado un fuerte debate político y jurídico en Chile. El oficialismo ha cuestionado que Chile Vamos lo incluyó en una misma acusación constitucional con Ángela Vivanco, pese a que las respectivas imputaciones no tenían relación la una con la otra. Vivanco fue removida la semana pasada por sus pares de la Suprema debido a sus implicancias en el Caso audios, que incluían acelerar la vista de casos, intentar incidir bajo cuerda en nombramientos de autoridades del sistema judicial y entregar información de causas que eran de interés del penalista Luis Hermosilla, protagonista del escándalo de corrupción.
El Senado también aprobó este miércoles por 47 votos a favor y ninguno en contra la destitución y la inhabilitación de cargos públicos durante cinco años para Vivanco. Los congresistas la imputaron por “notable abandono de deberes”, acusándola de ejecutar conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con la que debía ejercer el papel de jueza y concretar injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos.
En su intervención ante el Senado este martes, Muñoz advirtió que, según la determinación que tomara este caso, podía ocurrir que “se afecte la independencia del Poder Judicial y de los jueces a futuro” y solicitó a los parlamentarios que lo juzgaran por las pruebas rendidas y no por ideas preconcebidas u órdenes de sus partidos políticos. Su abogado, el exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil , apoyado por el excontralor Ramiro Mendoza, sostuvieron en sus alegatos que “falta de verosimilitud y consistencia” en uno de los cargos donde la única prueba era la declaración jurada ante notario de la empleada de una inmobiliaria. También que, si se aprobaba la acusación, “se instalaría la convicción de que, aunque se cumplan los deberes inherentes a las funciones que cumplen, es muy inconveniente afectar intereses poderosos o enemistarse con las mayorías políticas”.
Muñoz ascendió a la Corte Suprema en 2005 después de más de 20 años en el Poder Judicial, donde comenzó como juez del crimen. Previo a su llegada al máximo tribunal, era reconocido como uno de los mejores investigadores de la Corte de Apelaciones de Santiago (desde 2005 esa función quedó en manos de los fiscales tras una reforma al proceso penal). En esa calidad indagó varias causas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en contra de sus opositores.
En la Corte Suprema rápidamente adquirió liderazgo entre los jueces y en 2013 se convirtió en presidente del máximo tribunal, un cargo que dura dos años.
Entre los varios fallos en los que participó Muñoz en la sala constitucional, de la que sido presidente, se encuentra uno de noviembre de 2022 que provocó un terremoto en el sistema privado de salud, las isapres, cuando una sentencia las obligó devolver a sus afiliados cobros en exceso que habían realizado durante años.