La falta de autocrítica y de propuestas en las izquierdas chilenas

La semana pasada se conmemoró un segundo aniversario del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cuyo resultado frustró los anhelos refundacionales del texto constitucional elaborado por la Convención. También significó una estrepitosa derrota para el actual Gobierno, que había condicionado su agenda de reformas estructurales a la aprobación de dicho texto. Pese a que el segundo proceso constitucional —esta vez bajo la conducción de la derecha más extrema— también volvió a ser rechazado, lo ocurrido ese 4 de septiembre de 2022 significó para el Gobierno y el conjunto de la izquierda un importante punto de inflexión. Hasta hoy no han realizado una autocrítica de lo ocurrido. Tampoco han surgido propuestas de cómo enfrentar los desafíos que se ciernen, en el corto y en el mediano plazo, sobre la sociedad chilena.

En los días posteriores al 4 de septiembre de 2022, representantes del oficialismo, y figuras del Gobierno, afirmaron ir más adelantados que la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía no era capaz de asimilar, con la misma rapidez, la forma de conducción de la izquierda en su conjunto, en especial, el modo de procesar e interpretar las demandas sociales y de formular los cambios considerados necesarios. Sin duda, una actitud que denotó un abierto elitismo y paternalismo por parte de representantes del oficialismo y de los personeros de la actual Administración. Actitud parecida a lo que Portales decía sobre la imposibilidad de promover gobiernos democráticos, debido —según él— a la falta de preparación y de virtudes cívicas del pueblo chileno.

Salvo algunas excepciones, en el Gobierno, entre los exconvencionales de izquierda y en parte del oficialismo, no asumen la principal razón de la derrota en el plebiscito de 2022: la falta de sintonía entre sus afanes transformadores y las aspiraciones de la ciudadanía. En vez de eso, se optó por culpar a los medios de comunicación, a buena parte del empresariado y a la difusión de mensajes y noticias falsas a través de las redes sociales. No está demás señalar que la estrategia gradualista, recientemente valorada por representantes del Gobierno, ha estado presente y se ha practicado en diferentes momentos, incluso por sectores de izquierda y de centro en el período 1938-1973.

La falta de sintonía con la ciudadanía se ha mantenido con posterioridad a dicha derrota. Se reconoce en los problemas de gestión gubernamental y en las tensiones internas para abordar los problemas de seguridad ciudadana. Respecto a gestión, basta indicar la lentitud con que se ha enfrentado la reconstrucción de las zonas afectadas por temporales de lluvia en el invierno de 2023, o en los incendios que afectaron a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana a inicios de febrero del presente año. Asimismo, la falta de sintonía también se reconoce en la incapacidad del Gobierno para generar una agenda pro-empleo, o que estimule la demanda agregada a través de programas de inversión pública. Por otro lado, sabido es que los temas de seguridad han provocado controversias en el oficialismo, debido a la falta de concordancia entre representantes del eje Frente Amplio (FA)-Partido Comunista (PC) con el llamado Socialismo Democrático. Por más que en los dos últimos meses la totalidad de las candidaturas a gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales adopten la agenda de seguridad como una de las principales promesas de campaña, la frecuencia, el horror y la brutalidad de los delitos, lleva a que parte importante de la opinión pública se incline por medidas efectistas, e incluso manifieste disposición en sacrificar parte de sus libertades a cambio de mayor seguridad.

Es notorio cómo la agenda del Gobierno adopta un carácter reactivo y se supedita a las oportunidades que abren determinadas coyunturas. La falta de diagnósticos adecuados, junto con negar que la realidad puede superar cualquier consideración de tipo ideológica, explican en gran medida esa condición. Basta con mencionar los temas que instala en la última Cuenta Pública, como la prioridad del aborto libre y la eutanasia, así como la insistencia en la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE). A ello se agrega el hecho de pensar que se pueden introducir cambios de timón, y de opinión, de un momento a otro, sin realizar una reflexión detenida o llevar a cabo un proceso de maduración programática. Sin esto, no es posible pensar en asegurar confianza, credibilidad y respaldo ciudadano.

La falta de propuesta, por parte de los distintos sectores de la izquierda, se viene arrastrando desde fines de los años ochenta. Con frecuencia se ha enfrentado a una serie de dificultades —incluyendo la falta de apoyo ciudadano— para elaborar y plantear alternativas al neoliberalismo imperante, al Estado subsidiario y a una seguridad social basada en la capitalización individual. De ahí que, una vez en el poder, opte por estrategias de patronazgos y de cartelización, como ha ocurrido con el conjunto de los partidos del actual oficialismo.

Las distintas vertientes de la izquierda chilena no han sabido elaborar propuestas alternativas y viables que tengan como sustento un análisis detenido de la propia realidad nacional. Buena parte de sus planteamientos en relación al carácter del Estado, la participación ciudadana, el funcionamiento del sistema democrático y las modificaciones al modelo de desarrollo, hacen referencia y se inspiran en otras experiencias internacionales, latinoamericanas o de otras latitudes. En el lapso de cuatro décadas, del intento de replicar el camino seguido por la Unión Soviética (URSSS), se fue pasando a una admiración por Cuba, luego Nicaragua, Venezuela e incluso la Argentina kichnerista. O bien, de la lectura de los manuales de ‘corta palo’ de Marta Harnecker se pasó a la fascinación por los escritos de Ernesto Laclau y/o Mariana Mazzucato. Precisamente, ha sido esta falta de originalidad la que lleva a que sus propuestas se traduzcan en experimentos que chocan con la realidad, o que no cuenten con el apoyo mayoritario de la ciudadanía.