El Gobierno de Boric, bajo presión: 16 homicidios en 48 horas desnudan la crisis de seguridad en Chile
Dos asesinatos múltiples en la zona norte de la capital han cambiado la agenda política, y el presidente ha convocado, por segunda vez, a una reunión en La Moneda para abordar el crimen organizado
Chile registró 16 homicidios, entre la madrugada del domingo y el martes, y más de la mitad de ellos fueron cometidos en la Región Metropolitana de Santiago. Y dos casos han conmocionado especialmente por tratarse de asesinatos múltiples, que sumaron nueve muertos, ocurridos en los municipios de Quilicura y Lampa, en la zona norte de la capital del país. La ola de crímenes ha acaparado la agenda del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que está bajo presión, y ha citado para este jueves a una reunión a las 7.00 de la mañana a un consejo de Gabinete Pro Seguridad con autoridades de los ministerios de Interior, Hacienda, Justicia y Defensa. “Con unidad y en conjunto a todas las instituciones del Estado, seguiremos trabajando con fuerza en enfrentar al crimen organizado”, ha escrito el mandatario chileno en su cuenta de X poco antes de las once de la noche.
La ola de asesinatos arrancó el fin de semana, cuando cuatro adolescentes, que tenían entre 13 y 17 años, fueron acribillados en una plaza en Quilicura, en la zona centro norte de Santiago: recibieron más de 40 disparos desde un automóvil, que luego la policía encontró abandonado e incendiado. Y, el mediodía del martes, en la comuna de Lampa, cinco extranjeros –cuatro hombres y una mujer –, murieron por impactos de balas en una fiesta.
Los casos han conmocionado al país. Pese a que, desde aproximadamente 2022 Chile experimenta, ante la irrupción de una nueva delincuencia, un tipo de homicidios más violentos y cometidos con armas de fuego, los asesinatos múltiples son inusuales, pero no inéditos en el último tiempo: en abril de 2023 cinco personas de nacionalidad extranjera fueron baleadas, también en Lampa, después de una celebración y, según la Fiscalía de Tarapacá, tras los crímenes estaba el Tren de Aragua. En abril pasado, un punto de inflexión fue el asesinato de tres carabineros en la región del Biobío, el sur del país, en una zona donde rige el estado de excepción constitucional, con presencia de las fuerzas armadas, debido a la violencia rural y el crimen organizado.
Los homicidios han desnudado la crisis de seguridad que vive Chile, y empujado a toda la clase política a pronunciarse. Desde el oficialismo emplazaron a Boric a implementar medidas excepcionales, y duras, en la capital de Chile. El senador socialista y excanciller José Miguel Insulza dijo que el Gobierno debe decretar ‘estado de sitio’ en la Región Metropolitana, una facultad presidencial que se declara en situaciones extremas y que implica presencia militar. Su argumento, tras la ola de violencia, es que “esto se puede ir naturalizando y, si eso ocurre, entramos en zona de no retorno”.
También el Partido Comunista (PC), piedra angular del Gobierno de Boric, se ha pronunciado y ha llamado a un gran acuerdo nacional “para enfrentar y erradicar el crimen organizado y el narcotráfico”, según en un comunicado público en el que señaló que “el país se encuentra en una encrucijada crítica”. En las últimas semanas la colectividad había cuestionado a la propia Administración de la que es parte a raíz un operativo en Villa Francia, en la que encontraron armas y explosivos, lo que generó fuertes roces tanto con la Administración de izquierdas como con el Partido Socialista (PS).
La oposición, en tanto, ha enfocado sus críticas en la falta de novedad en las medidas de seguridad que el Gobierno de Boric anunció el miércoles tras una reunión de emergencia en La Moneda, que lideró la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, junto al fiscal nacional Ángel Valencia y los jefes de las policías.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la principal carta presidencial de la derecha tradicional, incluso cuestionó la ausencia del mandatario en la cita en el palacio presidencial, quien se encontraba desde la tarde del martes en Paraguay en una visita oficial, aunque habló de los asesinatos antes de abordar el avión. “El día domingo ya se sabía que habían 10 muertos y uno se pregunta dónde estaba el presidente, qué hizo: nada. El día martes ya se sabía que habían 15 muertos, ¿dónde estaba el presidente? (...) Se lavó las manos y le pidió a la ministra del Interior que llamara a esta reunión”, dijo. Y agregó: .”Aquí hay una responsabilidad política que recae en primer lugar en el Presidente de la República”.
El martes, un grupo de parlamentarios de la UDI, partido de la derecha tradicional, tras las matanzas en Lampa y Quilicura, pidió la renuncia de la ministra Tohá y de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve y de Prevención, Eduardo Vergara. Este miércoles, después de que el Gobierno anunció un paquete de cinco medidas para reforzar a la Región Metropolitana, insistieron en los cuestionamientos. “Llegó el momento que lleguen al ministerio del Interior y a las distintas subsecretarías personas que de verdad sepan hacer la pega [trabajo]”, declaró Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI. El presidente de la colectividad, Javier Macaya, senador, responsabilizó al Ejecutivo de la seguridad del país: “Presidente Gabriel Boric, el crimen organizado va ganando por paliza, lo invito a dejar de culpar a la oposición y encabezar personalmente su cambio”, señaló en su cuenta de X.
La magnitud de la crisis ante los últimos homicidios, y su grado de violencia, ha empujado al presidente Boric a pronunciarse dos veces en menos de 24 horas sobre los asesinatos múltiples de Lampa y Quilicura. El martes, poco antes de abordar el avión a Paraguay, el mandatario dijo que había que “cortar las alas al crimen organizado”, y también fustigó a la oposición por pedir dimisiones a su equipo a cargo de la seguridad pública. “Quiero decirle algo muy claro a la oposición: acá hay algunos que estamos trabajando permanentemente por esto. Ante las exigencias permanentes de renuncias que unos parlamentarios están haciendo llegar por redes sociales o a través de comunicados, les digo ‘no señores. Acá el Gobierno está trabajando’, y aportando para la solución, mientras otros tratan de aportillar y generar diferencias en la sociedad chilena”. Y agregó: “Yo no le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI”.
La Región Metropolitana en el foco
Comparado con otros países de América Latina, Chile mantiene uno de los menores índices de asesinatos en la región. Pero existe preocupación debido a que la tasa de homicidios, que abarca a víctimas de todas las edades, subió de 4,5 por cada 100.000 habitantes, en 2018, a 6,3% en 2023. El subsecretario Monsalve señaló este miércoles que, al 14 de julio de 2024, en la capital de Chile, van 256 homicidios consumados, lo que significan tres más respecto con el mismo período del año pasado. Pese a eso, admitió que aunque estos crímenes han bajado en el resto del país, que “no hemos logrado quebrar la tendencia de homicidios en la Región Metropolitana”.
De acuerdo con Monsalve, la Región Metropolitana de Santiago concentra el 40% de los homicidios en Chile. “Estamos frente a estructuras criminales que operan en esta región, y la intervención es más compleja que en otras regiones por su cantidad de habitantes y de organizaciones que operan. Es indispensable, junto con fortalecer su persecusión, poder compartir información entre todas las instituciones para actuar con la mayor oportunidad posible frente a esta dinámica delictual”.
Por la mañana del miércoles, Boric también se refirió, a raíz de los crímenes en Lampa y Quilicura, a la compleja situación que vive la Región Metropolitana. El presidente indicó que si bien en la gran mayoría de las regiones de Chile en 2023 se logró bajar la tasa de homicidios, y que a nivel nacional disminuyó “en el orden de un 6%”, que esto no ha sido así en la Región Metropolitana: “Existe un problema grave que no desconocemos, nos preocupa y nos ocupa”.
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