Sebastián Valenzuela, investigador: “En Chile hay un mercado de la desinformación que se activa en periodo electoral”
El académico califica el fenómeno de las noticias falsas como un “blanco en movimiento”, lo que dificulta su estudio y las armas para combatirlo
Para Sebastián Valenzuela, académico de la Universidad Católica de Chile especializado en desinformación, el fenómeno funciona con las reglas del mercado: oferta y demanda. Un mercado que, además, está en expansión. En periodos de incertidumbre o crisis, explica, la gente está más dispuesta a escuchar o l...
Para Sebastián Valenzuela, académico de la Universidad Católica de Chile especializado en desinformación, el fenómeno funciona con las reglas del mercado: oferta y demanda. Un mercado que, además, está en expansión. En periodos de incertidumbre o crisis, explica, la gente está más dispuesta a escuchar o leer narrativas alternativas a la que les ofrecen los medios tradicionales o las instituciones gubernamentales. “Y hay gente que se aprovecha de eso”, advierte, como actores políticos que utilizan la desinformación para persuadir o sitios web que bajo el criterio de “periodismo ciudadano” son propagadores de desinformación. “También hay medios tradicionales que han desinformado”, aclara.
La desinformación electoral es una de las aristas más complejas. “En Chile existe un mercado lucrativo de la desinformación que se activa en periodos electorales”, plantea Valenzuela, quien participó en el estudio recién publicado Desinformación y noticias falsas: un riesgo para la cohesión social, de la Alianza Comunicación y Pobreza. Chile celebrará en diciembre un plebiscito para votar a favor o en contra de la segunda propuesta constitucional. Durante la campaña de 2022 en el fracasado primer intento (62% rechazó), las noticias falsas tuvieron un gran alcance en redes sociales. Valenzuela recuerda que se descubrieron páginas web vinculadas a jefes de campañas, candidatos y partidos políticos. “Es súper difícil rastrear cuánto ganan (a nivel monetario). Es una tarea pendiente en la que las plataformas de redes sociales podrían hacer mucho más”, asegura el académico.
La falta de interés de la ciudadanía en el actual proceso va a reducir la demanda y la oferta de desinformación en comparación a lo visto en la campaña del año pasado, advierte Valenzuela. “Como si se rechaza o aprueba no será demasiado distinto a la Constitución actual, hay menos interés en desinformar como herramienta persuasiva”, aunque, anticipa, que la desinformación y los ataques al sistema electoral van a ir aumentando una vez que arranque oficialmente la campaña.
En un país que en la última década ha vivido “una crisis tras otra” —política, económica, social, desastres naturales—, se ha generado “un contexto muy fértil para la circulación de la desinformación”, señala el académico. “Está todo relacionado con todo: las crisis, el descontento contra las élites, el estallido social de 2019. No es casual que sea una población super desconfiada y mucho más abierta a creer información de peor calidad”.
El que la gente cada vez quiera leer y escuchar opiniones que le den la razón no le preocupa tanto a Valenzuela como el que un porcentaje de la población no quiera saber nada de política y asuntos sociales. “No es gente que busque sus ideas, porque no hay ideas. Es gente que hoy puede baipasear [pasar por el lado] cualquier discusión sobre un asunto importante. ¿Cómo van a votar todos ellos? No me sorprende que las elecciones sean más impredecibles que antes”, señala el académico, en alusión al voto obligatorio que en 2022 se repuso en Chile e incluyó todo un nuevo bolsón de votantes.
Valenzuela sostiene que aquellos que solo quieren entretenerse y viven “en otro planeta” son los más susceptibles a caer en las trampas de la desinformación. Probablemente es ese 22% que dice que no saber qué va a votar en el plebiscito de diciembre, según la última encuesta Cadem, frente a un 54% que la rechazará y un 24% que la aprobará.
El nivel con que el mundo está plantando cara a los desórdenes informativos, señala Valenzuela, es equivalente a la discusión sobre el cambio climático de la década de los noventa, donde tuvieron que pasar casi 15 años desde la Cumbre de Río de 1992 para lograr cierto consenso científico —y político en una gran mayoría— sobre términos y problemáticas que permiten hablar de crisis medioambiental. “La gente quiere saber las soluciones a la desinformación cuando todavía no está claro el diagnóstico”, apunta el académico, quien remarca la dificultad de medir con regularidad “un blanco en movimiento”: ayer podía aparecer en un texto, hoy en un vídeo hiperrealistas realizado con inteligencia artificial y mañana quién sabe dónde.
Para hacer frente al problema, el Gobierno de Gabriel Boric creó una Comisión Asesora contra la Desinformación, cuyo objetivo es el estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo del análisis los medios de prensa. La oposición criticó duramente la idea por poder abrir la puerta a una restricción a la libertad de prensa. “Las críticas desaparecieron porque no hay nada que criticar. Los expertos que la conforman son de primer nivel y en su primera entrega fueron muy sensibles a los posibles riesgos y beneficios de la regulación de la información. Lo más interesante va a venir cuando propongan qué se puede hacer para combatir la desinformación”, plantea Valenzuela, “porque todavía no hay un consenso en el mundo sobre qué hacer en materia legislativa”.
El investigador es escéptico a apostar por la legislación porque “una solución que funciona hoy puede que no necesariamente lo haga mañana y las leyes no cambian tan rápido como la tecnología”. Para eso, cree que las normas deben ir acompañadas de programas de alfabetización digital y medios de comunicación más fortalecidos.