El Gobierno vetará por “aberrante” la legítima defensa introducida por la derecha en la ley de usurpaciones

El Gobierno de Gabriel Boric busca un vetar parte del proyecto de ley aprobado en la noche del miércoles por el Congreso chileno que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y terrenos, conocido como ley de usurpaciones. ...

El Gobierno de Gabriel Boric busca un vetar parte del proyecto de ley aprobado en la noche del miércoles por el Congreso chileno que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y terrenos, conocido como ley de usurpaciones. La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha catalogado este jueves de “aberración” que la normativa, que ayer fue aprobada por el Senado en su último trámite, contemple la legítima defensa privilegiada. “Queremos vetar ciertos aspectos de la ley que son muy conflictivos. Nosotros consideramos que éticamente nuestro deber es vetar”, aseguró este jueves la jefe de Gabinete, en entrevista con radio ADN.

La ley regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas de cometer el delito y, además, incorpora mecanismos eficientes de restitución. Fue apoyada por la derecha, pero el oficialismo votó dividido en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como el miércoles en el Senado, en su tercer y último trámite legislativo. El Gobierno, para evitar la aprobación de los capítulos controvertidos, priorizó mociones refundidas, las empujó, renovó indicaciones y les puso urgencia, pero los parlamentarios de Apruebo Dignidad –el ala más dura del oficialismo– no acompañó a La Moneda, como sí lo hicieron los congresistas del Socialismo Democrático, de las fuerzas políticas moderadas.

Para la ministra Tohá, “se extremó el proyecto de esta manera, en gran parte para generar conflicto dentro de la alianza de Gobierno”.

Tohá aseguró ayer en el Congreso: “Así como está, esto no lo vamos a promulgar”. “Vamos a vetarlo, porque nuestro Gobierno es responsable”, añadió. “Aquí estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas que le usurpan sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo”, agregó y reiteró que “el Gobierno no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas para hacer justicia por sus propias manos”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el socialista Álvaro Elizalde, que lleva las relaciones con el Parlamento, declaró el miércoles: “El Gobierno es partidario de modernizar nuestra legislación sobre usurpaciones. Tanto es así que este proyecto forma parte de las 51 iniciativas que acordó la ministra del Interior junto al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados para que se tramite con celeridad y prontitud”. Según explicó este jueves Tohá, el Gobierno está a favor de “elevar las penas y transformar este delito en un delito permanente que habilita la acción de las policías en cualquier momento”. Pero rechaza habilitar la legítima defensa privilegiada permanente, que se agregó en el Senado. Existe un segundo punto en disputa: la igualación de las penas para la usurpación que se perpetra con violencia o intimidación respecto de la que se hace con violencia a la cosas.

“Va a valer lo mismo si alguien usurpa un bien, si te saltas la reja o amenazas con una pistola la cabeza al propietario y eso no puede ser”, criticó la ministra del Interior, que calificó estos aspectos polémicos como “un retroceso civilizatorio”.

En la acalorada jornada de ayer, el senador Jaime Quintana, del partido de centroizquierda PPD, calificó el proyecto como un “bodrio jurídico” y aseguró que “lejos de posibilitar la acción de Carabineros, va a impedirla”.

Desde la derecha, en tanto, el senador Felipe Kast, del partido de la derecha tradicional Evópoli, uno de los autores de la iniciativa ingresada en enero de 2021 en Parlamento, calificó la ley como “el proyecto más importante en décadas para La Araucanía”, una región del sur de Chile afectada por la violencia y el terrorismo. Luego de que el Gobierno anunciara el veto presidencial –una facultad constitucional del presidente para pagar determinadas leyes–, Kast hizo un llamamiento al mandatario: “Presidente Boric, respete la democracia y no le aplique un veto”.

El Gobierno tiene 30 días para aplicar medidas al proyecto de ley recién despachado.