Hombres, profesionales y de Santiago: así son los creadores de las propuestas ciudadanas para la nueva Constitución de Chile

Los chilenos están en la recta final para apoyar algunas de las 1.309 propuestas ciudadanas que quieren que se discutan en el nuevo proceso constituyente. Las ideas y enmiendas presentadas por la sociedad civil que este viernes superen las 10.000 firmas deberán ser escuchadas y delibe...

Los chilenos están en la recta final para apoyar algunas de las 1.309 propuestas ciudadanas que quieren que se discutan en el nuevo proceso constituyente. Las ideas y enmiendas presentadas por la sociedad civil que este viernes superen las 10.000 firmas deberán ser escuchadas y deliberadas por los 50 integrantes del Consejo Constitucional, controlado por los partidos políticos de derecha. Son las llamadas Iniciativas Populares de Normas, que fueron impulsadas por un perfil bien definido: hombres (70%) y profesionales (74%); y más de la mitad de entre 45 y 55 años y de la Región Metropolitana de Santiago, según cifras de la Secretaría de Participación Ciudadana, el organismo encargado de ejecutar los mecanismos que involucran a las personas u organizaciones en el segundo intento del país sudamericano por enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de tres semanas de campaña, las iniciativas que han logrado cruzar el umbral de los 10.000 apoyos necesarios son: Con mi plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales, que busca garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir el destino de los fondos de pensiones; Chile por los Animales, donde se los define como seres dotados de sensibilidad que el Estado debe proteger; Respeto por las actividades que dan origen a la identidad chilena; Por un Estado sin ‘pitutos’ [enchufismo, nepotismo]; y Por una policía que nos proteja, que propone proteger a las Fuerzas Armadas y a las policías, reforzando el legítimo uso de la fuerza pública.

Una de las grandes críticas al primer proceso constitucional -que se desarrolló entre el 2021 y 2022– fue la lejanía de los temas de discusión con los problemas cotidianos de la población. Un 62% rechazó la propuesta final el pasado septiembre. Para los más contrarios existió una “radicalidad identitaria” y un “desprecio” a las tradiciones locales en el texto redactado por un organismo controlado por la izquierda y representantes independientes de movimientos sociales. Las iniciativas populares de normas más respetadas en este segundo intento se pueden interpretar como una respuesta a los fantasmas que dejó la propuesta anterior, que cambiaba profundamente la institucionalidad chilena.

El primer intento para cambiar la Constitución, que se realizó en un ambiente mucho más fervoroso que el actual, también contó con un proceso de participación ciudadana. Con una campaña dos veces más extensa que esta, las propuestas de la sociedad civil más apoyadas fueron: Con mi plata no, defiende tus ahorros previsionales (60.850 firmas); Libre derecho sobre la propiedad privada (47.892); Cannabis a la Constitución Ahora (44.330); Será Ley: Iniciativa popular de apoyo al aborto (38.200 respaldos); y Banco Central Autónomo (37.603).

El derecho al aborto, por ejemplo, ahora no figura ni dentro de las 20 iniciativas más apoyadas de este proceso. Sí figura la propuesta Toda Vida Cuenta, que busca consagrar el derecho a la vida y proteger “especialmente a los niños no nacidos y a las madres de Chile”.

La Universidad de Chile y Universidad Católica, las instituciones de educación superior más importantes del país sudamericano, lideran el trabajo de sistematizar las propuestas de la sociedad civil. Además de las Iniciativas Populares de Normas, existen otros tres mecanismos de participación: Diálogos Convocados y Autoconvocados; Consulta ciudadana; y Audiencias públicas.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, aseguraba hace unos días en entrevista con EL PAÍS: “Que haya adhesión con el proceso, que la población y la ciudadanía reconozca a esta Constitución como suya, propia, es muy importante. No solo para el proceso sino para lo que sigue: nuestra convivencia futura. Venimos de una Constitución que, precisamente, de lo que carece es de legitimidad, porque es heredera de la dictadura, por más modificaciones que haya tenido en el camino. Es lo que tratamos de lavar, de cambiar. Es muy importante, por lo tanto, que los chilenos y chilenas sientan suya la nueva Constitución, la sepan suya”.

Sobre la incidencia de la gente ante un proceso tan estructurado –ya los expertos acordaron un texto que está siendo debatido por los 50 consejeros–, la rectora aseguraba: “Justamente porque es más estructurado permite también una incidencia más grande, porque el texto está ahí escrito y se pueden hacer propuestas de normas que tomen en consideración con ese texto que está ahí”.

Para las audiencias públicas, unas 1.800 personas u organizaciones solicitaron presentar sus propuestas. Por sorteo, 200 de ellos plantarán sus iniciativas a partir de este martes frente al Consejo Constitucional. El pasado fin de semana, unos 850 hicieron lo propio en alguna de las 40 universidades con las que está trabajando la Católica y la de Chile a lo largo del país. Las audiencias de 10 minutos pueden verse en el canal de Youtube de la Secretaría de Participación Ciudadana. El 21 de julio, el organismo presentará un informe final con los principales temas y argumentos de los exponentes al Consejo Constitucional.

“El resultado que se está obteniendo es muy esperanzador. Los índices de participación han superado todos los pronósticos que estaban sobre la mesa”, señalaba a EL PAIS Rodrigo Gil, responsable del mecanismo de Iniciativas Populares de Norma, sobre los 196.000 votaciones efectuadas hasta ahora y las 107.000 personas que han votado (cada persona puede votar por un máximo de 10 normas). “Una participación dentro de la apatía puede terminar siendo mucho más incidente que una participación dentro de la exaltación”, añadía.

El rechazo de la ciudadanía a la futura propuesta constitucional -de la que hasta ahora solo se conoce un anteproyecto redactado por expertos y aplaudido transversalmente por el mundo político- ha ido creciendo. Desde marzo hasta ahora la intención de votar en contra del texto ha aumentado progresivamente 10 puntos, hasta llegar al 54%, según la última encuesta Cadem. Quienes están por aprobar, en cambio, solo han caído 4 puntos, hasta el 30%. Una tendencia similar, pero menos abrupta, revela el último sondeo de Activa Research, donde ambas opciones caen unos tres puntos, a 23,9% y 17,2% respectivamente. Un 36,7% dice que aún no lo sabe.

El abogado constitucionalista Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, postula que para revertir el rechazo actual al propuesta se debe difundir el enorme contraste entre el proceso actual y la fallida Convención -”no se conoce y la “marca” constitucional quedó muy manchada”, dijo en Twitter-; ofrecer guiños y señales “responsables, pero muy concretas” sobre los actuales temas prioritarios para la ciudadanía, como seguridad y migración; y contar a fin de año con una convocatoria transversal a votar “a favor”.