La policía chilena aumentó 23 veces el gasto en arsenal no letal para aplacar las protestas de 2019

El 18 de octubre de 2019 cambió la historia de Chile. Ese día, miles de personas en Santiago —y luego en todo el país— decidieron salir a las calles a protestar. Lo que partió como una reacción a una nueva alza en la tarifa del metro de la capital chilena terminó transformándose en una cruzada nacional por vidas más dignas, menos desigualdad y, también, contra el Gobierno de Sebastián Piñera. Las manifestaciones duraron casi cinco meses, ...

El 18 de octubre de 2019 cambió la historia de Chile. Ese día, miles de personas en Santiago —y luego en todo el país— decidieron salir a las calles a protestar. Lo que partió como una reacción a una nueva alza en la tarifa del metro de la capital chilena terminó transformándose en una cruzada nacional por vidas más dignas, menos desigualdad y, también, contra el Gobierno de Sebastián Piñera. Las manifestaciones duraron casi cinco meses, con el Estado respondiendo a punta de perdigones, lacrimógenas y chorros de agua a presión.

Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cerca de cuatro millones de personas participaron de protestas. En ese lapso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró 3.575 casos de violaciones a los derechos humanos y presentó 3.268 querellas contra Carabineros, la policía chilena. Al 13 de marzo de 2019, el INDH contabilizaba 460 casos de lesiones oculares, con 35 en que hubo pérdida de al menos un ojo. Otras 34 personas resultaron fallecidas durante las manifestaciones.

En paralelo, imágenes de estaciones de metro, edificios e iglesias chilenas incendiadas recorrían el mundo y mostraban un país en descontrol. “Esa violencia [de los manifestantes] sólo se puede entender en la medida que se mire dentro de una dinámica, y desde ahí podemos decir que es relacional”, explica la abogada Loreto Quiroz, investigadora especializada en violencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. De acuerdo con Quiroz, la intensa represión policial, el actuar en masa y una acumulación de fuerzas dada por años de protestas y demandas sin resolver en Chile son factores relevantes a la hora de entender las imágenes del Chile en llamas replicadas en todo el planeta. A lo largo de esos cinco meses de manifestaciones, Carabineros disparó 193.000 cartuchos lacrimógenos y lanzó 45.000 granadas químicas. Durante los primeros tres, percutaron 152.000 cartuchos de perdigones en sus escopetas antidisturbios. A ese ritmo de gasto, tanto la policía como las Fuerzas Armadas —desplegadas también en labores de control de orden público— necesitaron reabastecerse constantemente.

Por eso, mientras los chilenos contaban muertos, heridas y pérdidas, otros cerraban negocios millonarios. El mercado de armas no letales vivía un verdadero boom.

Durante 2018, un año antes de que comenzara el denominado estallido social chileno, Carabineros gastó 360.000 dólares en armamento no letal, según información obtenida desde la propia institución. En 2019 y hasta octubre, el mes que iniciaron las protestas, no se compró ningún elemento disuasivo. Pero el 18 de aquel mes, con la llegada de las manifestaciones, los vendedores de armas expandieron su negocio en 2.300%.

En apenas cinco meses y mediante al menos 34 órdenes de compra, la policía adquirió armas y municiones no letales por un total de 8.290.922 dólares; 23 veces lo desembolsado desde 2018 hasta octubre de 2019.

La investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión, de Interferencia de Chile en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y otros nueve medios de la región, tuvo acceso mediante solicitudes de información vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las compras de armamento no letal realizadas por Carabineros luego del estallido.

El tipo de armamento adquirido, los fabricantes y montos involucrados para aplacar las manifestaciones populares son revelados en exclusiva a continuación. A pesar de ser también solicitado, Carabineros se negó a entregar el número de unidades de armamento y munición compradas, argumentando que se pondría en riesgo la seguridad nacional.

El ‘boom’ para el negocio de la represión en Chile

Granadas químicas, cartuchos lacrimógenos, perdigones, escopetas e incluso blindados antidisturbios formaron parte del arsenal que compró y renovó la institución policial.

El negocio no se acabó cuando las protestas cesaron en marzo de 2020, en buena parte producto de la llegada de la pandemia del coronavirus al país. A los 8,3 millones de dólares adquiridos en los cinco meses de protestas se suman compras por 2,8 millones de dólares en armamento y munición no letal entre abril de 2020 y todo 2021, ascendiendo el gasto a 11.082.027 dólares a contar del 18 de octubre de 2019.

Para poner en perspectiva, si se compara lo desembolsado entre los tres años que sucedieron el estallido social chileno con los tres años previos a las protestas, Carabineros incrementó 4,5 veces las compras de armamento no letal. Entre 2016 y 2018 se gastaron 2.490.040 dólares en estos elementos, una fracción de los 11 millones de dólares invertidos en armas represivas después del inicio del estallido social.

El monto total crece a 17,4 millones de dólares en armamento no letal si se incluye la adquisición de blindados lanza aguas y lanza gases. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 —es decir, durante los meses de manifestaciones masivas en Chile—, Carabineros renovó su flota de vehículos antidisturbios, para lo cual desembolsaron 6.323.302 dólares.

Empresas estadounidenses y españolas figuran entre los proveedores de Carabineros durante las protestas, pero el mayor productor de armamento para Chile fue un fabricante de la región. La brasileña Condor Tecnologías No Letales vendió 6,5 millones de dólares a la policía entre 2019 y 2021, más de la mitad de lo adquirido por la policía en armamento para control de orden público.

Condor, la preferida por la policía chilena

Fabiola Campillai se toma un segundo antes de responder. Necesita dimensionar la cifra que acaba de oír. El año en que Carabineros le disparó directamente a la cara con una carabina lanza gases, la policía chilena gastó 23 veces más en armamento no letal que el periodo anterior.

El 26 de noviembre de 2019 y mientras se dirigía a su trabajo en una fábrica de pastas, Campillai recibió el impacto de un cartucho lacrimógeno en pleno rostro.

“¿Se la pitió [sinónimo coloquial de matar], verdad? El Matu parece que le pegó…”, asegura un funcionario policial que grabó el disparo a Campillai en su cámara institucional GoPro, refiriéndose al capitán Patricio Maturana. Aquel día, Maturana salió a las calles portando 10 cartuchos lacrimógenos marca Condor y la carabina lanzagases número 4616, según el registro de recibo de armamento de Carabineros.

Al día siguiente de los hechos, la propia institución policial afirmó en el acta de consumo de municiones que Maturana disparó con la misma carabina 4616 un cartucho distinto a los que le entregaron, de marca Combined Systems, una compañía estadounidense. A partir de los registros en video y otras evidencias, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel para Patricio Maturana, acusándolo de ser el autor del disparo en un juicio que se encuentra en curso.

Producto del impacto, Fabiola Campillai sufrió un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas en su cara y el estallido de sus dos globos oculares. Perdió el gusto, el olfato y la visión de por vida.

“Debemos tener en cuenta que estas armas no son letales, según el uso que se le dé”, explica Fabiola Campillai, agregando que en ella “este armamento pudo ser letal de no ser por la rápida reacción de mi familia y mis vecinos” que acudieron a socorrerla cuando se encontraba inconsciente.

La precisión de Campillai respecto a este armamento no es antojadiza. Las armas no letales empleadas para control de orden público cuentan con advertencias sobre su potencial mortal en sus instructivos de uso. No hay que buscar mucho para encontrar un ejemplo de la letalidad de estas armas: el 6 de marzo de 2020, Carabineros disparó una bomba lacrimógena a la cabeza de Cristián Valdebenito, obrero de 48 años y padre de cuatro niños, quien falleció pocas horas después de un traumatismo craneoencefálico y una laceración arterial.

Han pasado más de dos años desde que le dispararon a Fabiola Campillai, y mucho ha cambiado en su vida desde que le quitaron la visión. No pudo volver a su trabajo en la empresa de pastas, donde también participaba del cuerpo de bomberos de la fábrica y jugaba fútbol; y dejó de ser dirigente vecinal en su población en la comuna de San Bernardo, en Santiago.

Se vio obligada a dejar su antigua rutina, pero encontró otra: Campillai se postuló como candidata independiente al Senado en la pasada elección de noviembre de 2021. Con 402.000 votos, obtuvo el cargo con la primera mayoría a nivel nacional.

Hoy, como senadora, busca que se prohíba el uso del armamento no letal en protestas. “Yo creo que esos dineros se podrían haber implementado en la educación y en la salud de nuestro país en vez de seguir comprando armas y carros lanza agua”, responde luego de conocer lo desembolsado en este tipo de armas.

Cartuchos lacrimógenos calibre .37 —como el que portaba Patricio Maturana el día del disparo a Campillai—, gas pimienta y granadas químicas y de humo forman parte del armamento adquirido por Carabineros a la empresa brasilera Condor.

Según documentación de Carabineros, al excapitán Maturana se le entregó el modelo de munición Condor GL-203 L. Este tipo de proyectil es uno de varios producidos por la compañía que fueron objetados por la policía de Sao Paulo en agosto de 2020. Carabineros admite haber adquirido estos modelos para su uso en Chile, aunque aseguró a Interferencia y Clip que fueron revisadas “de acuerdo a los parámetros exigidos en nuestros procesos de compra, cumpliendo con los requisitos”.

Para los cartuchos Gl-203 L, en particular, se encontró que existía exceso de peso, cuestión que afecta drásticamente el funcionamiento del proyectil y que lo puede hacer más dañino al impactar, según explica William Pereira, armero con 18 años de experiencia en reparación de armamento.

Condor no fue el único fabricante de municiones que abasteció a la policía chilena desde Brasil. Indios Pirotecnia, compañía especializada en material pirotécnico y de defensa basada en Sao Paulo, registró una orden de compra por 62.500 dólares en munición lacrimógena calibre .37.

En cuanto a los 4,6 millones de dólares restantes en adquisición de armamento y munición no letal, buena parte está compuesta por elementos producidos por empresas estadounidenses, como Combined Systems, la que Maturana habría disparado finalmente según el registro de consumos. El propio Ejército chileno es también actor principal en el resto de las órdenes de compra.

Municiones ‘made in USA’

Carabineros compró armamento no letal producido por cinco fabricantes de Estados Unidos, según la información pública obtenida vía Transparencia. En total, se desembolsaron 2,1 millones de dólares a través de 13 órdenes de compra en dispositivos antidisturbios provenientes de aquel país.

Adquirieron cartuchos lacrimógenos calibre .37, cartuchos de perdigones antidisturbios, granadas lacrimógenas y de humo, gas pimienta, y líquidos y polvos lacrimógenos para vehículos antidisturbios.

El fabricante predilecto proveniente de EE. UU. fue Non Lethal Technologies. Carabineros de Chile adquirió 756.000 dólares en granadas de humo blanco, granadas y polvo lacrimógenos para vehículos antidisturbios producidos por Non Lethal; todas adquiridas durante el último trimestre de 2019, es decir, durante los meses más álgidos de protesta.

La compañía estadounidense de armamento de guerra y antidisturbios MG. Suber LLC también abasteció de municiones a la policía chilena. Fueron desembolsados 570.000 dólares en tres compras distintas para granadas y cartuchos lacrimógenos calibre .37.

El armamento producido por la firma Sabre Red, también conocida como Security Equipment Corporation, fue adquirido en sólo una ocasión por Carabineros. Sin embargo, fue una compra de grandes proporciones. En febrero de 2020, Carabineros reabasteció sus existencias de gas OC, también conocido como gas pimienta, en una orden de compra por 404.000 dólares.

También fue adquirida munición de Combined Systems, con 370.000 dólares desembolsados en cartuchos lacrimógenos, entre ellos el modelo 3233 que figura como percutado por el excapitán Patricio Maturana, según la policía.

Cierra la lista Safariland con cuatro órdenes de compra más bien menores en comparación al resto de las adquisiciones, llegando un total de 60.000 dólares en munición antidisturbios para escopeta, cartuchos y granadas lacrimógenas y de humo blanco.

Producto local: las compras de munición no letal al Ejército chileno

El segundo mayor proveedor de armamento y munición no letal de Carabineros de Chile durante las protestas, detrás de la brasileña Condor, fue Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE), productores de armamento para las fuerzas armadas del país. Un total de 1,5 millones de dólares fueron pagados a la institución por granadas lacrimógenas, cartuchos de perdigones, líquido y polvo lacrimógeno para uso principalmente en carros blindados, según la documentación obtenida.

Carabineros sólo realizó una compra por 243.000 dólares a FAMAE por cartuchos de perdigones en septiembre de 2021, y fue la única para este elemento no letal que se realizó entre el 18 de octubre de 2019 y 2021. Esto a pesar de ser el armamento más utilizado por las fuerzas de control de orden público en el país durante las recientes protestas. A juzgar por información obtenida de años anteriores, la policía chilena habría tenido un sobreabastecimiento de estos elementos que le permitió disparar cientos de miles de perdigones sin el riesgo de que se acabaran las existencias.

Entre 2012 y 2017, la policía chilena realizó 10 compras para esta munición, todas al mismo fabricante, la empresa chilena Tec Harseim SpA. Durante ese lapso, esta compañía vendió 922.000 dólares en cartuchos antidisturbios a Carabineros producidos en Chile, sin que fuese necesario volver a comprar estos elementos hasta fines de 2021.

De acuerdo con el registro de compras entregado por la institución a Interferencia y Clip, durante las protestas fueron utilizados cartuchos de al menos dos años de antigüedad. Tec Harseim no volvió a vender perdigones antidisturbios producidos por ellos a Carabineros después de 2017, pero sí actuó como intermediario en ventas millonarias de munición lacrimógena de Condor en pleno desarrollo de las manifestaciones en Chile.

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Interferencia y Clip también solicitaron información relativa al negocio de armas no letales para otras entidades responsables del control del orden público. Tanto la Policía de Investigaciones como el Ejército y la Armada se negaron a entregar datos relativos a la compra de armamento no letal durante las protestas. Distintos recursos de amparo fueron interpuestos ante el Consejo Para la Transparencia de Chile (CPLT) para garantizar la entrega de esta información relativa a gasto de recursos del Estado. Estamos a la espera de la determinación de aquella entidad.

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