Los empresarios argentinos imputados en la causa de los ‘cuadernos de la corrupción’ ofrecen dinero y un yate para evitar el juicio
La fiscal rechaza la reparación propuesta por los sospechosos de haber pagado sobornos por considerar que abriría “un mercado de impunidad”
En 2018, ocho cuadernos manuscritos revelaron una colosal trama de corrupción en Argentina. Oscar Centeno, chófer de un alto cargo de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, anotó en ellos cientos de viajes con bolsos cargados de dólares que realizó durante 10 años. El dinero procedía de compañías constructoras que presuntamente pagaban sobornos a cambio de contratos con el Estado. El escándalo mediático dio paso a una compleja investigación y decenas de empresarios confesaron haber pagado al declarar como arrepentidos. Este viernes, en una audiencia virtual ante el tribunal a cargo de la causa, unos 40 empresarios ofrecieron a la justicia grandes sumas de dinero e incluso un departamento en Miami y un yate para quedar desvinculados del juicio, que comenzará el 6 de noviembre. La fiscal Fabiana León escuchó los pedidos y se opuso de forma tajante: “No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”.
El empresario Armando Loson, titular del Grupo Albanesi, estuvo entre los primeros en presentar una oferta a través de sus abogados: 181,2 millones de pesos, equivalentes a 125.000 dólares, a modo de “reparación integral” para extinguir la acción penal en su contra y librarse así del juicio oral. Loson fue uno de los empresarios que entre 2018 y 2019 confesaron haber pagado sobornos a cambio de beneficios judiciales, pero este viernes se declaró inocente. Ernesto Clarens, el hombre que manejó las finanzas de los Kirchner durante sus años en la presidencia, ofreció a la Justicia un departamento en Miami y un yate por un valor conjunto de cerca de 1,5 millones de dólares. La defensa de Miguel Marcelino Aznar, presidente de la empresa Vial 3, propuso un desembolso de 1.100 millones de pesos, equivalentes a unos 750.000 dólares. La de Hugo Alberto Dragonetti, presidente de la constructora Panedile, habló de 1.421 millones de pesos, unos 970.000 dólares.
En la mayoría de los casos, las cifras puestas sobre la mesa, así como los bienes ofrecidos, corresponden con los embargos que pesan sobre estos hombres de negocios, actualizados por intereses. Los montos oscilan entre los mil dólares y 1,5 millones de dólares.
Los acusados intentaron conocer la opinión de la Fiscalía antes de hacer sus ofertas, pero esta guardó silencio hasta el final, cuando el Tribunal Oral Federal 7 de Buenos Aires le cedió la palabra. Aceptar la reparación ofrecida significaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”, dijo la fiscal León. “Sería mandar un mensaje de impunidad, que quienes detentan poder económico puedan pagar para extinguir responsabilidad penal”, coincidió el titular de la Dirección de litigios de la Unidad de Información Financiera, Mariano Galpern.
Los jueces del tribunal —Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli— convocaron a una audiencia el próximo martes para escuchar la respuesta de las defensas de los imputados.
El inicio del juicio por la causa Cuadernos despierta una enorme expectativa en Argentina. Hay 74 imputados, entre los que destaca la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sospechosa de encabezar una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar fondos a través del cobro de sobornos a empresarios dedicados a la obra pública.
Centeno era el chófer de Roberto Baratta, el número dos del ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por quien pasaron todas las obras públicas realizadas durante los 12 años del kirchnerismo. Baratta, según se desprende de los escritos de Centeno, era el recaudador del dinero negro, aportado por empresarios dispuestos a pagar para hacerse de contratos millonarios.
De no haber demoras, en un par de meses Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en un nuevo juicio por corrupción. La expresidenta peronista cumple prisión domiciliaria desde junio, cuando quedó firme un fallo de seis años de cárcel contra ella por defraudar millones al Estado argentino a través de la adjudicación discrecional de obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, en la llamada Causa Vialidad.