El Gobierno de Milei presenta una ley para declarar “asociación ilícita” a los barrabravas

Los jubilados argentinos volverán a manifestarse este miércoles en el centro de Buenos Aires para exigir pensiones dignas y acceso gratuito a medicamentos. Pero la tensión va en aumento tras los graves incidentes registrados cinco días atrás. Este lunes, el Gobierno de Javier Milei volvió a acusar sin pruebas a los hinchas de fútbol violentos, conocidos como barrabravas, de ...

Los jubilados argentinos volverán a manifestarse este miércoles en el centro de Buenos Aires para exigir pensiones dignas y acceso gratuito a medicamentos. Pero la tensión va en aumento tras los graves incidentes registrados cinco días atrás. Este lunes, el Gobierno de Javier Milei volvió a acusar sin pruebas a los hinchas de fútbol violentos, conocidos como barrabravas, de haber intentado desestabilizar al Gobierno durante la marcha celebrada el miércoles pasado. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunció que han enviado al Congreso una ley que crea la figura de “asociación ilícita futbolística” para aquellos barrabravas que cometan delitos, ya sea durante espectáculos deportivos o vinculados a los negocios que gestionan por fuera. Si se aprueba la normativa, la nueva figura penal podrá aplicarse también los dirigentes de los clubes que los apoyen y endurecer sus penas.

En una rueda de prensa celebrada en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, Bullrich detalló que la ley pretende “solucionar un problema de violencia estructural” de Argentina vinculado al fútbol. La violencia que les atribuye el Gobierno esta vez no ocurrió en los estadios, sino en las calles de la capital argentina. La ministra los responsabiliza de la batalla campal que se desató la semana pasada y los acusa de esconderse detrás de la reivindicación de los jubilados. “Las hinchas de la narcopolítica fueron a destruir todo lo que hemos conseguido en la Argentina en el último año”, dijo tras detallar que arrojaron piedras contra los policías, quemaron un patrullero y provocaron graves destrozos en las calles aledañas del Congreso.

Bullrich puso el foco en la violencia de los manifestantes, pero las preguntas de la rueda de prensa estuvieron centradas en la actuación policial —que reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua— y en las heridas causadas al fotoperiodista Pablo Grillo, que se encuentra internado en grave estado en un hospital público. Según un par de reconstrucciones periciales difundidas en los medios, la fractura craneal de Grillo fue ocasionada por el disparo de una bomba lacrimógena desde el cordón policial. El gendarme que disparó ha sido identificado gracias a las imágenes registradas por medios y manifestantes.

Bullrich volvió a defender el accionar de los antidisturbios y rechazó cualquier apertura de investigación o sanción al responsable. La ministra de Seguridad insiste desde el primer día en que el gendarme actuó según lo estipulado en el protocolo y que el objeto que hirió a Grillo lo hizo tras rebotar en una barricada que habían levantado los manifestantes en la plaza del Congreso.

Denuncia contra una jueza

La ofensiva del Gobierno tiene también en el punto de mira a la justicia. Este lunes, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado al haber liberado a 114 manifestantes detenidos. En su fallo, la jueza sostuvo que las detenciones no cumplieron “con los requisitos mínimos” como precisar el lugar, la hora y el delito específico para cada caso y priorizó el derecho constitucional a la protesta. Bullrich arremetió contra la jueza por liberarlos “en el plazo de dos horas” sin tener en cuenta que algunos de ellos tenían antecedentes penales.

Algunos sectores de la oposición han pedido la renuncia de la ministra de Seguridad y también se han presentado denuncias contra ella en los tribunales. Ninguna ha motivado por ahora la apertura de una investigación, pero el juez Martín Cormick ha anunciado que estará presente en la manifestación del próximo miércoles para supervisar el operativo de seguridad. Además de los jubilados, convocantes de la protesta, se espera la presencia de agrupaciones políticas de izquierda, sindicatos, movimientos sociales, estudiantes universitarios y organizaciones feministas. El Gobierno ha advertido que impedirá con todos los medios a su alcance que se recrudezca la protesta.

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