“Obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta”: Human Rights Watch alerta sobre las medidas del Gobierno de Milei
El capítulo argentino del informe de HRW coincide con advertencias realizadas por Amnistía Internacional, a las que la Administración ultra respondió con virulencia
“Nuevos desafíos en materia de derechos humanos”, “obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica” y “una retórica gubernamental hostil contra periodistas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales”. Así resumió Human Rights Watch su balance sobre el primer año del Gobierno de Javier Milei en Argentina. El documento reconoce la baja de la inflación, pero la enmarca en la persistencia de “una prolongada crisis económica”, mientras “los índices de pobreza continuaron aumentando”. El diagnóstico de la ONG especializada en derechos humanos y sociales se suma al crítico dictamen presentado por Amnistía Internacional, al que el Gobierno de Milei respondió con furia.
El Informe mundial 2025 fue difundido este jueves por Human Rights Watch (HRW). Su capítulo argentino advierte que “el plan de austeridad del presidente Milei redujo drásticamente el gasto del Estado e impactó de forma severa en el financiamiento de programas sociales”. También alerta sobre el deterioro institucional que sufre el país por la ausencia de “figuras clave en la protección de los derechos humanos”, en alusión a la falta de designación del procurador general [fiscal general], el defensor del pueblo y jueces de la Corte Suprema.
Al Gobierno ultraderechista le atribuye responsabilidad directa por la puesta en marcha hace un año del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Según HRW, el llamado protocolo antipiquetes “en la práctica criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación” y “otorga a la policía amplios poderes para dispersar protestas”.
En una misma línea abusiva se inscribe, observa la ONG, una resolución del Ministerio de Seguridad que permite a las fuerzas policiales un “uso de armas de fuego en un rango inaceptablemente amplio de circunstancias y debilita la rendición de cuentas tanto a nivel administrativo como judicial”. Como un logro del Gobierno en materia de seguridad, el documento detalla la reducción de los homicidios en la ciudad de Rosario, en Santa Fe.
El informe llama la atención sobre la “amplia variedad de insultos y ataques personales” que el presidente y miembros de su gabinete han dirigido contra periodistas independientes y medios de comunicación, así como sus “comentarios despectivos” respecto del “matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva”. En ese sentido, destaca que “el Gobierno de Milei se ha opuesto a resoluciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales y de género”.
Las advertencias de HRW sobre los riesgosos avances del Gobierno sobre las libertades civiles coinciden con los señalamientos realizados por Amnistía Internacional (AI). En su informe anual, presentado en diciembre pasado, la organización consideró que 2024 fue “un año de serios retrocesos en el ejercicio del derecho a la protesta en Argentina”.
De acuerdo con AI, el protocolo antipiquetes de la Administración ultra alumbró “un patrón de represión y criminalización hacia quienes salieron a las calles a expresar su disenso”, caracterizado por “el uso excesivo de la fuerza”, mediante gases lacrimógenos, balas de gomas, camiones hidrantes, golpes y detenciones arbitrarias. En lo que definió como “un subregistro de la totalidad de víctimas”, contabilizó 1155 personas heridas; 33 personas con impactos de postas de goma en la cabeza o el rostro, “con daños severos en la visión”; “50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones”; y “73 personas criminalizadas por participar en las protestas”.
La ministra de Seguridad de Milei respondió con virulencia a las críticas. “Amnistía Internacional no tiene vergüenza y mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela decide criticar a una democracia liberal como lo es la Argentina”, clamó el lunes pasado Patricia Bullrich en sus redes sociales. “¡No les importa la gente, sólo defienden a los delincuentes que lucran con el caos! Con nuestro protocolo, las calles vuelven a ser de los argentinos de bien. A los progres llorones: ¡no nos van a parar!”, desafió. La ONG le contestó con un mensaje donde detalló denuncias y presentaciones sobre la situación en Venezuela. También le pidió a la ministra una reunión para, “a través del diálogo constructivo y colaborativo […], mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela y en Argentina”.
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