El Congreso argentino anula un decreto de Milei con partidas extraordinarias para los servicios de inteligencia

Javier Milei se ha estrellado contra el Congreso argentino, compuesto por dos cámaras: Diputados y Senado. En una decisión sin precedentes desde el regreso a la democracia en 1983, el Senado tumbó en la madrugada de este viernes un decreto presidencial de necesidad y urgencia (DNU) que otorgaba 100.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares al cambio oficial; 90,1 millones de euros) a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En la misma sesión, los legisladores revirtieron por ley el ajuste presupuestario que el ultraderechista aplica sobre las universidades públicas. Fueron dos golpes muy duros para el presidente. Milei confirmó que vetará por decreto la ley de financiamiento universitario al considerar que atenta contra su política de reducción del déficit fiscal. Pero ahora deberá tomar nota de que la oposición, incluso la considerada “dialoguista”, tiene los votos suficientes en ambas cámaras del Congreso para anular los DNU presidenciales.

Es habitual que los presidentes argentinos hagan uso de los decretos de necesidad y urgencia para saltarse al Congreso, sobre todo si están en minoría como Milei. Néstor Kirchner firmó 236 DNU en los cuatro años del mandato; Carlos Menem, 196 en una década; Alberto Fernández, 177 en cuatro años y Cristina Kirchner, 78 en sus dos mandatos. El liberal Mauricio Macri, aliado de Milei, puso su firma en 71 DNU durante su Gobierno de cuatro años. Ninguno de esos decretos fue anulado por el Parlamento. Hasta ahora.

El decreto que otorgaba dinero extra a la SIDE ya había sido tumbado por la Cámara de Diputados en agosto. Faltaba el Senado, que este viernes hizo lo propio con 49 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. Votaron por la anulación todos los peronistas, los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y también los del Pro, el partido de Macri, aliado de la Casa Rosada. El expresidente ha subido el precio de sus apoyos parlamentarios, molesto con la reticencia de Milei a permitir el ingreso de funcionarios del Pro al Gobierno.

La Oficina del Presidente tildó en un comunicado a los senadores de “irresponsables” y los acusó de dejar al sistema de inteligencia argentino “sin recursos en un momento histórico del país”. “Deberán hacerse cargo de cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada y pueda recuperar sus capacidades vitales”, dice el texto. La oposición, en cambio, teme que Milei use los servicios de inteligencia para perseguir a políticos opositores y periodistas.

Dinero para las universidades

La jornada legislativa había arrancado con malas noticias para Milei con la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario (57 votos a favor y 11 en contra), que en agosto ya había pasado con éxito por Diputados. La norma ordena al Ejecutivo recomponer el presupuesto del sistema educativo superior y los salarios de sus profesores, recortados por Milei, así como continuar actualizándolos este año según la evolución de la inflación. El Gobierno ya había anunciado que, en caso de aprobarse, vetaría la ley y este viernes Milei lo confirmó. Será el segundo veto del Presidente, después de paralizar el aumento a las pensiones impulsado por el Congreso. En ambos casos ha usado el mismo argumento: son normas que atentan contra el equilibrio fiscal.

El debate dentro de la Cámara alta fue seguido, desde los alrededores del Congreso, por organizaciones sindicales de docentes y estudiantes que se movilizaron, junto con autoridades académicas, para apoyar el proyecto de ley. Con sus protestas, la comunidad universitaria ya consiguió en abril frenar los drásticos recortes de Milei y ahora, con respaldo parlamentario, ha dado un paso para intentar recuperar los fondos perdidos.

Las 57 universidades nacionales, donde estudian unos dos millones de alumnos, están entre los sectores del Estado más afectados por el ajuste de Milei. El presupuesto del sistema universitario sufrió una caída real del 31,5% respecto a 2023, advirtieron investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. En un porcentaje similar (33,3%) cayó el poder adquisitivo de los salarios de los profesores y los trabajadores universitarios, indica un informe de las Universidades de San Martín y de Río Negro. “Más del 85% de las y los docentes de universidades están por debajo de la línea de pobreza”, señala ese informe.

La ley aprobada este jueves por el Senado declara durante este año la emergencia presupuestaria del sistema universitario. Además, indica al Ejecutivo que debe actualizar las partidas para el funcionamiento de las universidades según la inflación acumulada —entre noviembre y julio llegó al 134,5% — y luego instrumentar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Y aplica el mismo criterio para recomponer los salarios de profesores y trabajadores no docentes, con una actualización mensual.

El debate

La norma se originó en un proyecto presentado por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), una de las fuerzas opositoras que se ha mostrado dialoguista con el Gobierno, pero que tiene fuerte tradición de apoyo a la universidad pública. Al argumentar su voto a favor, el senador Martín Lousteau, presidente de la UCR, cuestionó la distribución “enormemente desigual” del ajuste del Gobierno y señaló que, mientras al presupuesto y a los salarios universitarios se los dejó caer frente a la inflación, “se bajaron impuestos a los más ricos” y se otorgaron enormes beneficios a las grandes empresas.

Los legisladores de La Libertad Avanza, el partido de Milei, se opusieron casi en soledad al proyecto de ley. El senador Bruno Olivera, por caso, apuntó contra los impulsores del incremento propuesto para las universidades porque “no dicen cómo se va a financiar”: “No se puede aceptar porque el déficit cero no se negocia”, dijo, repitiendo una expresión habitual del presidente.

El domingo, Milei presentará ante el Congreso su proyecto de presupuesto para 2025 —no lo hubo este año— y allí se espera que reitere que su prioridad es el superávit fiscal, tanto como la reducción de impuestos. Este viernes, con un breve mensaje desde sus redes sociales, confirmó que vetará en forma total la Ley de Financiamiento Universitario.

Los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso sostienen que aplicar la nueva ley insumiría una erogación del 0,14% del PBI. El Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), dependiente de la UBA, consideró que ese gasto es equivalente a las exenciones impositivas que el Gobierno les concedió a los sectores más acomodados del país.

La boleta única

Antes del debate sobre los fondos para las universidades y del veto al decreto presidencial, el Gobierno había logrado en el Senado la aprobación de una reforma electoral: la instauración de la boleta única en lugar de las tradicionales boletas partidarias. El proyecto contó con respaldo de la oposición dialoguista y sumó 39 votos a favor. Las 30 manos que se alzaron en contra fueron, en su mayoría, del peronismo. Pero aún no es ley, porque el texto avalado por los senadores incluyó modificaciones respecto del que había aprobado la Cámara baja y los diputados deberán resolver si aceptan o rechazan los cambios.

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