El Congreso argentino revierte el ajuste a las universidades y Milei amenaza con otro veto

El Congreso argentino aprobó revertir el ajuste que el Gobierno de Javier Milei está aplicando sobre las universidades públicas. Con 57 votos a favor y 11 en contra, el Senado ratificó la Ley de Financiamiento Universitario que había aprobado la Cámara de Diputados. La norma le ordena al Ejecutivo recomponer el presupuesto del sistema educativo superior y los salarios de sus profesores, recortados por Milei, así como continuar actualizándolos este año según la evolución de la inflación. A la vez, es un claro mensaje del Poder Legislativo para el Presidente, a quien le recuerda su escaso respaldo parlamentario y la necesidad de construir acuerdos. El Gobierno ya había anunciado que, en caso de aprobarse, vetaría la ley. Sería el segundo veto de Milei, después de dar de baja el aumento a las pensiones impulsado por el Congreso. En ambos casos, con el mismo argumento: que son normas que atentan contra el equilibrio fiscal.

El debate dentro de la Cámara alta fue seguido, desde los alrededores del Congreso, por organizaciones sindicales de docentes y estudiantes que se movilizaron, junto con autoridades académicas, para apoyar el proyecto de ley. Con sus protestas, la comunidad universitaria ya había conseguido en abril frenar la motosierra de Milei y ahora, con respaldo parlamentario, dio un paso en busca de recuperar los fondos perdidos.

Las 57 universidades nacionales, donde estudian unos dos millones de alumnos, están entre los sectores del Estado más afectados por el ajuste de Milei. El presupuesto del sistema universitario sufrió una caída real del 31,5% respecto al año pasado, advirtieron investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. En un porcentaje similar, del 33,3%, cayó el poder adquisitivo de los salarios de los profesores y los trabajadores universitarios, indica un informe de las Universidades de San Martín y de Río Negro. “Más del 85% de las y los docentes de universidades están por debajo de la línea de pobreza”, señala ese informe.

La ley aprobada este jueves por el Senado declara durante este año la emergencia presupuestaria del sistema universitario. Le indica al Ejecutivo que debe actualizar las partidas para el funcionamiento de las universidades según la inflación acumulada —entre noviembre y julio pasados llegó al 134,5% — y luego instrumentar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Dispone el mismo criterio para recomponer los salarios de profesores y trabajadores no docentes, con una actualización mensual.

El debate

La norma se originó en un proyecto presentado por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), una de las fuerzas opositoras que se ha mostrado dialoguista con el Gobierno, pero que tiene fuerte tradición de apoyo a la universidad pública. Al argumentar su voto a favor, el senador Martín Lousteau, presidente de la UCR, cuestionó la distribución “enormemente desigual” del ajuste del Gobierno y señaló que, mientras al presupuesto y a los salarios universitarios de los dejó caer frente a la inflación, “se les bajaron los impuestos a los más ricos” y se otorgaron enormes beneficios a las grandes empresas.

Los bloques peronistas del Senado —la oposición más dura a Milei— también votaron a favor de la nueva ley. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario”, sostuvo el senador kirchnerista Eduardo de Pedro (Unión por la Patria). “Estamos discutiendo si le damos financiamiento al sistema público universitario o si vamos a dejar a millones de jóvenes sin futuro”, planteó.

Los legisladores del partido de Milei, La Libertad Avanza, se opusieron casi en soledad al proyecto de ley. El senador Bruno Olivera, por caso, apuntó contra los impulsores del incremento propuesto para las universidades porque “no dicen cómo se va a financiar”, lo cual “no se puede aceptar porque el déficit cero no se negocia”, dijo, repitiendo definiciones habituales del Presidente.

Con ese razonamiento, el Ejecutivo ya había adelantado que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la ley que recomponía los ingresos de los pensionados. Este domingo, Milei presentará ante el Congreso su proyecto de presupuesto para el año que viene —no lo hubo en 2024— y allí se espera que reitere que su prioridad es el superávit fiscal, tanto como la reducción de impuestos.

Los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso sostienen que aplicar la Ley de Financiamiento Universitario insumiría una erogación del 0,14% del PBI. El Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), dependiente de la UBA, consideró que ese gasto es equivalente a las exenciones impositivas que el Gobierno les concedió a los sectores más acomodados del país.

La boleta única

Antes del debate sobre los fondos para las universidades, el Gobierno había logrado en el Senado la aprobación de una reforma electoral: la instauración de la boleta única en lugar de las tradicionales boletas partidarias. El proyecto contó con respaldo de la oposición dialoguista y sumó 39 votos a favor. Las 30 manos que se alzaron en contra fueron, en su mayoría, del peronismo. Pero aún no es ley, porque el texto avalado por los senadores incluyó modificaciones respecto del que había aprobado la Cámara baja y los diputados deberán resolver si aceptan o rechazan los cambios.

La sesión del Senado había comenzado pasadas las 14 del jueves y continuaba ya en la madrugada de este viernes. El debate final de la jornada amenazaba dar otro golpe a Milei, con el posible rechazo al decreto presidencial que aumentó en 100.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares al cambio oficial) los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida ya cosechó el voto en contra de Diputados y, si la Cámara alta lo ratifica, será un hecho histórico: Milei se convertiría en el primer presidente de Argentina al que el Congreso de la Nación le rechaza un decreto.

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