Algo huele mal en Argentina
La desaparición de Cecilia Strzyzowski resaltó factores que ya deberíamos haber dejado atrás en Argentina y en América Latina
Algo huele mal en Argentina. Es un crimen. Un feminicidio que expone la triste vigencia de un flagelo que creíamos haber dejado atrás: el azote de los hijos del poder, que azota con especial fuerza en las entrañas del país y nos recuerda otros crímenes similares.
El drama comenzó el 2 de junio, cuando una cámara de seguridad registró las últimas imágenes con vida de una joven llamada Cecilia Strzyzowski. Ingresaba junto a su pareja, César Sena, a la casa de sus...
Algo huele mal en Argentina. Es un crimen. Un feminicidio que expone la triste vigencia de un flagelo que creíamos haber dejado atrás: el azote de los hijos del poder, que azota con especial fuerza en las entrañas del país y nos recuerda otros crímenes similares.
El drama comenzó el 2 de junio, cuando una cámara de seguridad registró las últimas imágenes con vida de una joven llamada Cecilia Strzyzowski. Ingresaba junto a su pareja, César Sena, a la casa de sus suegros, en la capital de la provincia de Chaco, 1.000 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Nada más se supo de ella desde entonces.
La familia comenzó a buscarla y comprobó cuán áspero puede ser el poder. Los tentáculos políticos y económicos de la familia Sena son portentosos. Crecieron de la mano de Jorge Milton Capitanich, quien llegó al Gobierno provincial en 2007. Militancia y negocios. Y la relación es tan estrecha que Capitanich fue padrino de bodas del padre de César, Emerenciano Sena, con quien compartió además la boleta electoral en las elecciones primarias del domingo.
Pero la familia de Cecilia no bajó los brazos y logró captar la atención de la sociedad y de los medios de comunicación que no estaban silenciados por Capitanich. Hoy, más de dos semanas después desde que desapareció la joven, la Justicia sospecha que se trató de un feminicidio, detuvo a siete posibles implicados –César y Emerenciano Sena, entre ellos-, y busca el cuerpo en campos y fincas. Pero no aparece.
A demasiados argentinos la desaparición Strzyzowski nos trae recuerdos oscuros. Como el de María Soledad Morales, una adolescente que fue drogada, violada y asesinada por jóvenes vinculados al poder político en Catamarca, 1.300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Ocurrió en 1990, y tras los primeros intentos por taparlo todo, se desató una tormenta social que llevó a la intervención federal de la provincia y al fin de la dinastía local, los Saadi.
Ahora, como entonces, el poder de Capitanich tiembla. En las urnas de este domingo obtuvo su peor resultado electoral del último cuarto de siglo, golpeado por sus vínculos con el clan Sena y por el hastío ciudadano: sólo fue a votar el 58% del padrón. Pero no está dicha la última palabra. La elección decisiva en Chaco será el 17 de septiembre y el gobernador volcará todo el peso de su maquinaria política en su afán por evitar el mismo ocaso que fagocitó a los Saadi.
El crimen de María Soledad no fue, sin embargo, el único precedente de los hijos del poder. Otras jóvenes los padecieron, también, como Leyla Nazar y Patricia Villalba en Santiago del Estero –1.000 kilómetros al noroeste de Buenos Aires-, o Paulina Lebbos en Tucumán –a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, en la misma dirección-. Todos crímenes marcados por las complicidades y los encubrimientos desde el poder.
Todavía en desarrollo, la desaparición de Cecilia también resaltó factores que ya deberíamos haber dejado atrás en Argentina y otros muchos países de América Latina. El primero, el pegoteo que define las relaciones de tantos políticos y jueces, en una madeja en la que cuesta discernir dónde están los límites, lejos de la muy teórica independencia del Poder Judicial. ¿Un ejemplo? Mientras la policía continúa buscándola, las autoridades provinciales le comunicaron a la madre de Cecilia que su hija estaba muerta. Ocurrió el sábado 9, en la Casa de Gobierno.
La desaparición de Cecilia reavivó además los efectos malsanos de la privatización de la acción social del Estado, nacional y provincial. Hablamos de militantes que han recibido y reciben fortunas de las arcas públicas para paliar la pobreza –en teoría-, pero que sirven –en la práctica- para financiar y promover candidatos partidarios, y desviar dinero público a bolsillos privados. Ocurrió en Jujuy, en el extremo norte del país, con la militante Milagro Sala —hoy en prisión—, y ocurre ahora con Emerenciano Sena. ¿Ejemplo? Con los millones que recibió del Estado, Sena construyó un imperio personal que incluye campos –y allí buscan por estas horas el cuerpo de Cecilia- y un natatorio para la comunidad en un barrio carenciado que se llama… Emerenciano Sena.
El tercer eje que el femicidio de Cecilia trae a la luz interpela a la prensa. ¿Cuántos otros Emerencianos Senas hay en Argentina? ¿Por qué no salieron a la luz hasta ahora? ¿La prensa local –con honrosas excepciones- no lo había detectado, mucho menos investigado? ¿O calló lo que sabía? ¿Por miedo o por conveniencia, cómoda en las fortunas que el Gobierno de Capitanich reparte como publicidad oficial? De eso hablamos cuando hablamos de “desiertos informativos”: regiones enteras de Argentina y otros muchos países de América Latina donde el periodismo independiente es más fantasioso que un unicornio azul.
Mucho huele mal en Argentina.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.