Argentina juzga por primera vez torturas en un centro eclesiástico durante la dictadura

El 18 de abril de 1978, el exsacerdote argentino Santiago Mac Guire pasó a buscar a su hijo Lucas, de cinco años, por el jardín de infantes y lo subió a la bicicleta. Cuando estaban a pocas cuadras de casa, en la ciudad de Rosario, un automóvil les cortó el paso y los tiró al suelo. Salieron de él cuatro o cinco militares de civil que se lanzaron sobre Mac Guire, lo encapucharon y se lo llevaron tumbado en el suelo del coche, mientras dejaban al niño abandonado en mitad de la calle.

Lucas tiene hoy 49 años y se prepara para declarar como testigo en el juicio por ...

El 18 de abril de 1978, el exsacerdote argentino Santiago Mac Guire pasó a buscar a su hijo Lucas, de cinco años, por el jardín de infantes y lo subió a la bicicleta. Cuando estaban a pocas cuadras de casa, en la ciudad de Rosario, un automóvil les cortó el paso y los tiró al suelo. Salieron de él cuatro o cinco militares de civil que se lanzaron sobre Mac Guire, lo encapucharon y se lo llevaron tumbado en el suelo del coche, mientras dejaban al niño abandonado en mitad de la calle.

Lucas tiene hoy 49 años y se prepara para declarar como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó el pasado lunes en Rosario. El caso de su padre es uno de los 116 englobados en la causa Guerrieri IV -por Pascual Guerrieri, ex responsable de inteligencia del Ejército- por el que están acusados 17 exmilitares y policías. Sin embargo, se trata de un caso singular por la acusación inédita que lo acompaña: la querella sostiene que Mac Guire fue secuestrado y torturado junto a otros dos detenidos en la casa salesiana Ceferino Namuncurá, a las afueras de Rosario. De confirmarse, sería la primera vez que se prueba que una dependencia eclesiástica funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina (1976-1983).

“Escuchaba ruidos de aviones, así que sabía que estaba más o menos cerca del aeropuerto, que queda en la zona de Funes. Cuando lo mandan a buscar para legalizarlo [pasarlo de un centro de detención clandestino a uno legal] lo llevan dos soldados y cuando él les pregunta que dónde estaban le dicen que vienen del Ceferino Namuncurá. Ahí entiende que es el retiro espiritual de los salesianos donde había ido muchas veces y establece la relación”, cuenta Lucas por teléfono.

Mac Guire no puede prestar testimonio porque falleció en 2001, pero había declarado en 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el organismo creado por Ricardo Alfonsin tras el regreso de Argentina a la democracia con el objetivo de investigar los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Su hijo se basa en ese testimonio para responder, que forma parte también del expediente judicial.

Lucas era muy pequeño para acordarse con precisión del día en el que golpearon y secuestraron a su padre frente a él, pero conserva la sensación de frío y de vacío de los primeros minutos, cuando todo el mundo se había escondido en sus casas por miedo. “Primero apareció el kioskero y después una mujer con una nenita que iba a mi escuela. Se acercó a mí, que lloraba descontrolado, y me llevó a mi casa”, reconstruye.

Como las demás familias de desaparecidos durante la dictadura, la esposa de Mac Guire, María Magdalena Carey, comenzó a buscarlo por todos lados. Una de las puertas que golpeó fue la del Obispado de Rosario. Se presentó a pedir ayuda junto a sus cuatro hijos y no se fue hasta que la recibieron. Aunque Mac Guire, quien fue un destacado sacerdote tercermundista hasta que colgó los hábitos en 1972, su familia cree que sus lazos con la Iglesia fueron esenciales para salvarle la vida.

“A los 15 días aproximadamente llaman a mi madre desde el Obispado para decirle que vaya al Batallón 121 porque mi padre ha aparecido ahí. Cuando llega se encuentra a una persona irreconocible por la cantidad de lesiones y golpes y su delgadez”, cuenta Lucas. En su testimonio ante la Conadep, Mac Guire relató que cuando fue trasladado a ese batallón lo recibió [Eugenio] Zitelli, el capellán de la policía rosarina, “tomando café y fumando un cigarrillo con [el comandante de Gendarmería Adolfo] Kusidonchi”.

Kusidonchi fue condenado en 2018 a 22 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pero Zitelli murió antes de ser juzgado. “Zitelli estuvo procesado por hechos de privación, de aplicación de tormentos y por integrar la asociación ilícita del aparato represor estatal en Rosario, pero no fue condenado porque falleció pocos días antes del inicio del juicio en el que estaba procesado”, afirma la abogada querellante Gabriela Durruty. “El caso de Mac Guire vuelve a poner en agenda el tema de la corresponsabilidad de la Iglesia con la dictadura”, continúa Durruty.

Según la querella, Mac Guire estuvo detenido en la casa salesiana Ceferino Namuncurá junto a Roberto Pistacchia -secuestrado el mismo día que él y también sobreviviente- y Eduardo Garat, que permanece desaparecido. El terreno donde se encontraba fue vendido en 1979 a la Fuerza Aérea, una operación que recuerda a la que se realizó ese mismo año en el delta del Tigre en la conocida como quinta El Silencio. Esa propiedad de la iglesia fue vendida a los militares y albergó poco después a algunos detenidos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) para burlar la inspección que iban a realizar los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su visita a Argentina.

Lucas lamenta que el juicio haya tardado tanto en llegar y que sólo haya una audiencia semanal en el Tribunal Oral Federal 1, lo que alargará aún más el proceso. “Por un lado es una sensación liberadora [el inicio del juicio], pero por otro lado hay bastantes matices, porque muchos acusados murieron, o por enfermedad o vejez no estuvieron en la sala”, critica.

Amigos y activistas de derechos humanos acompañaron el lunes a los familiares a las puertas del tribunal. Todos esperan condenas ejemplares, pero recuerdan que, además, cada nuevo juicio supone una nueva oportunidad para recordar los crímenes perpetrados y que no vuelvan a repetirse. Desde que Argentina reanudó los juicios por delitos de lesa humanidad en 2006, más de mil personas han sido condenadas.

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