Las elecciones en Perú requieren atención internacional
El apoyo sostenido de la comunidad internacional hasta el final del proceso electoral es fundamental para garantizar que los peruanos puedan tomar su decisión sin interferencias
Perú ha sido noticia por su inestabilidad política. Sin embargo, ahora que el país se encamina hacia las elecciones generales del 12 de abril, hay otro aspecto del panorama institucional que requiere atención internacional urgente: su paulatino, pero constante deterioro democrático....
Perú ha sido noticia por su inestabilidad política. Sin embargo, ahora que el país se encamina hacia las elecciones generales del 12 de abril, hay otro aspecto del panorama institucional que requiere atención internacional urgente: su paulatino, pero constante deterioro democrático.
La última vez que se celebraron elecciones en Perú, en 2021, el partido político Fuerza Popular intentó anular ilegalmente los resultados y cuestionó sin pruebas la victoria de Pedro Castillo. Las instituciones judiciales y electorales de Perú pusieron fin a esos ataques a la democracia, garantizando que se respetara la voluntad popular. Cinco años después, estas mismas instituciones se encuentran mucho más debilitadas y necesitan un mayor apoyo internacional.
El Congreso ha adoptado medidas para socavar la independencia y la capacidad de los tribunales, la fiscalía y las principales instituciones gubernamentales. Estas medidas parecen estar diseñadas para limitar la rendición de cuentas de los miembros del Congreso, muchos de los cuales enfrentan investigaciones penales por corrupción y otros delitos graves.
En 2022, el Congreso llevó a cabo un proceso poco transparente para nombrar a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, la máxima instancia en materia constitucional del país. Desde entonces, ese tribunal ha dictado varias sentencias ampliamente criticadas que favorecen al Congreso y a sus principales figuras políticas.
El Congreso también nombró como defensor del pueblo a un exdiputado sin experiencia en derechos humanos. Históricamente, la Defensoría del Pueblo ha desempeñado un papel importante en la protección de los derechos humanos y la democracia, incluso tras las elecciones de 2021.
Sin embargo, desde que el nuevo defensor del pueblo asumió el cargo en 2023, la institución ha dejado de cumplir esa función. En cambio, ha defendido decisiones del Congreso que van en contra de los derechos humanos. También ha supervisado un proceso injusto para nombrar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, órgano encargado de nombrar y destituir a fiscales y jueces.
Desde su nombramiento el año pasado, la nueva Junta Nacional de Justicia ha abierto investigaciones contra jueces que han dictado sentencias en contra de miembros del Congreso o de la legislación aprobada por este. También ha destituido a fiscales que investigaban casos de corrupción de alto nivel. La ex Fiscal de la Nación Delia Espinoza, quien había liderado investigaciones de corrupción contra figuras políticas, fue sustituida por Tomás Gálvez, quien ha desmantelado los equipos especiales de fiscales encargados de investigar los principales casos de corrupción, incluidas muchas investigaciones contra congresistas.
El retroceso democrático en Perú puede parecer laberíntico, pero los peruanos conocen bien sus consecuencias. Muchos señalan que el Congreso y su debilitamiento del Estado de derecho han contribuido a expansión del crimen organizado en el país. A medida que el Congreso dificulta el trabajo de jueces y fiscales, las tasas de extorsión y homicidio han alcanzado máximos históricos.
El Congreso peruano también ha dificultado que organizaciones de la sociedad civil y los periodistas independientes protejan los derechos humanos y mantengan informada a la ciudadanía. En 2025 aprobó una ley que permite al poder ejecutivo sancionar arbitrariamente a organizaciones críticas mediante la suspensión o, en última instancia, la cancelación de su registro.
La atención internacional es fundamental frente a escenario de deterioro institucional. Afortunadamente, la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter han confirmado que observarán las elecciones. Ello será crucial para ofrecer una versión creíble de los hechos en el país y proteger la independencia de las instituciones electorales. El Consejo Permanente de la OEA y los líderes de la Unión Europea deben estar preparados para apoyar la labor de sus misiones y oponerse enérgicamente a cualquier intento por socavar los resultados electorales.
Los peruanos merecen elegir a su presidente a través de elecciones justas y libres. El apoyo sostenido de la comunidad internacional hasta el final del proceso electoral será fundamental para garantizar que puedan tomar su decisión sin interferencias.