Venezuela debe evitar una amnistía sin memoria y un perdón sin justicia

El viernes 2 de agosto de 2024, por la mañana, Kennedy Tejeda salió de su casa rumbo al comando de la Guardia Rural de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 200 kilómetros de Caracas. Buscaba averiguar el paradero de dos jóvenes de su comunidad que habían sido detenidos por manifestar contra...

El viernes 2 de agosto de 2024, por la mañana, Kennedy Tejeda salió de su casa rumbo al comando de la Guardia Rural de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 200 kilómetros de Caracas. Buscaba averiguar el paradero de dos jóvenes de su comunidad que habían sido detenidos por manifestar contra el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Lo recibió el guardia de turno. Tejeda preguntó cuándo debían presentarse los muchachos ante el tribunal correspondiente para asistir en su representación jurídica. El guardia le pidió que entrara a la comisaría y llamó al capitán.

“En el pasillo, el capitán pidió que le entregara el celular. Yo me negué. Entonces me dijo: ‘Dame tu teléfono o te quiebro aquí mismo’. Me volví a negar y arremetió contra mí para arrebatármelo. Yo estaba trabajando con el Foro Penal en la defensa de los detenidos y había participado como observador en las elecciones. Al ver mis chats en el teléfono, el capitán dijo: ‘¡Ah, pero tú eres escuálido! A partir de este momento estás muerto. Te agarraron los ángeles negros’”. Fue lo último que oyó antes de perder la libertad. Y así comenzaron los 17 meses que pasó detenido.

Otro caso es el de J.D. (iniciales ficticias para designar a una víctima que prefiere permanecer en el anonimato para evitar represalias). Hace poco menos de un año iba por Caracas en su carro cuando fue interceptado por dos camionetas sin identificación oficial ni placas. Bajaron hombres encapuchados que portaban armas largas. Le cubrieron la cabeza y lo llevaron a una casa clandestina de detención. Allí estuvo a punto de morir por la falta de medicinas críticas para su salud. Luego fue trasladado al Helicoide, bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Pero como soy un terrorista muy importante y peligroso me pasearon por otros centros”, dice con un humor disimulando su martirio. “No sufrí castigos físicos, no fui vejado ni insultado, pero, ¿cómo se llama cuando te privan del sol durante semanas o no se te permite comunicarte con tus familiares?”.

Cuatro semanas después de haber sido excarcelado, ruidos como el deslizarse de la tranca de una puerta o el giro de una llave en una cerradura siguen disparando su angustia. Aún tiene dificultades para dormir y se mantiene medicado con ansiolíticos. “Estuve internado en un campo de concentración con aire acondicionado y televisión. No me golpearon el cuerpo, pero la psique es otra cosa. Se llama tortura psicológica”.

En estos días se habla mucho de amnistía en Venezuela. Hasta ahora uno de los principales ausentes en la discusión ha sido gente como Tejeda, a la que se las tragó la tierra y vivieron del lado más oscuro de la dictadura. O como J.D., quien todavía no ha recuperado la noción del tiempo tras incontables días en la oscuridad de una celda. Y, como ellos, miles de otras víctimas que esperan justicia.

Sí, hace falta una amnistía. Pero sería un error creer que basta con el olvido legal de expedientes y causas.

Es posible que la Comisión Especial para la Consulta de la Ley de Amnistía designada por la presidenta Delcy Rodríguez y la Comisión para la paz y la convivencia democrática de la Asamblea Nacional actúen con intención de aliviar décadas de confrontación. Pero hasta ahora, los esfuerzos del chavismo en la era post-Maduro parecen orientados a una amnistía exprés que cierre expedientes entre 1999 y 2025 sin distinguir responsabilidades, y que, en la práctica, proteja a ejecutores y a la cadena de mando. Tras 26 años de autoritarismo, una amnistía así no llevaría a una reconciliación sino que sería una trampa. No hay que olvidar que los arquitectos y perpetradores de la represión eran o son servidores públicos pagados por el Estado venezolano. Por ello es crítico que se les aplique la justicia.

Venezuela necesita algo más que un shot de amnesia para pasar la página. Para que haya reconciliación real, la amnistía solo puede ser el primer paso. Es ineludible desmantelar el aparato represivo que hizo posibles historias como las de Kennedy y J.D. y evitar un perdón general que ampare a quienes ordenaron, orquestaron y ejecutaron violaciones de derechos humanos.

Las excarcelaciones recientes ilustran la paradoja del momento. Más de cuatrocientos presos políticos, de un total superior a mil, han salido de las cárceles. Pero la mayoría sigue sin verdadera libertad. “La excarcelación no es una libertad plena. Los procesos penales continúan con medidas cautelares, restricciones a la libertad, prohibición de salida del país y de hablar con los medios”, explica Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, organización que durante años ha asistido a presos políticos en un pulso constante con la administración de justicia del régimen.

Abogado penalista y defensor de derechos humanos, pocos como Himiob conocen los pliegues y grietas del sistema judicial venezolano. La Comisión de Amnistía lo invitó recientemente a intercambiar ideas en la Asamblea Nacional. La reunión se prolongó durante cuatro horas y media. Al final, la impresión fue ambivalente. “No hay todavía pasos concretos hacia el desmantelamiento del aparato represivo. Los cuerpos de seguridad, los jueces y fiscales que han integrado ese aparato siguen ahí. Sin embargo, pareciera que se está dando una apertura. Algunos representantes del chavismo están haciendo el esfuerzo de escuchar. Eso es un cambio de actitud respecto a los últimos años”. Himiob quiere ver el gesto como un paso positivo, pero sabe que ha habido otros diálogos instrumentalizados para proyectar una imagen de acercamiento sin intención real de generar transformaciones de fondo. “Por eso no sabemos si el esfuerzo esta vez es sincero. Ojalá que sí”.

En las discusiones también emergió una frase repetida: “Nosotros vamos a pedir perdón, pero ustedes también deben pedir perdón. Hay que reconocer que hay víctimas de lado y lado”. El riesgo de esa fórmula es establecer una falsa equivalencia entre víctimas y victimarios con la coartada de acelerar las excarcelaciones y dejar atrás el conflicto político. Especialistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que una amnistía no puede convertirse en una ley de punto final ni en un blanket pardon (perdón general) que cancele las responsabilidades por torturas, desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias.

Desmantelar el aparato represivo requiere mucho más que vaciar parcialmente las cárceles. Implica revisar y derogar el entramado legal que permitió criminalizar la disidencia y consolidar un ecosistema de vigilancia y miedo: la Ley contra el Odio, la llamada Ley Simón Bolívar, la Ley contra el fascismo, la Ley de extinción de dominio, la Ley para regular las ONGs y otras normas que consagran delitos de opinión y amplían la discrecionalidad judicial. Se trata de eliminar la cobertura institucional de la represión. Esto significa también intervenir los cuerpos que la ejecutaron –desde el Sebin hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar— y desmontar los colectivos armados que siguen operando bajo la sombra del poder político. Mientras jueces, fiscales y organismos de seguridad que integraron ese aparato sigan intactos, la promesa de reconciliación será débil y la amnistía correrá el riesgo de ser solo una pausa táctica a favor de quienes aún detentan el poder.

Mientras en Caracas se debate el alcance de la ley, en su casa Kennedy recuerda Tocorón. “El periodo que pasé en la cárcel fue una pesadilla. La comida era pésima y a veces estaba podrida. O venía con basura. Encontré uñas, cabellos y hasta dientes en la comida que nos servían. Un plato muy frecuente eran granos mal cocidos, lo que les provocó apendicitis o peritonitis a varios reclusos. Los custodios nos daban un trato degradante”. Allí, el castigo más fuerte era ser lanzado en el Tigrito, una celda insalubre, pensada para una persona, pero donde hacinaban a seis o más. “En realidad, no había un solo Tigrito, sino tres. En una ocasión encerraron a 26 reclusos en una de ellas. La primera vez que me castigaron estuve ahí una noche. La segunda, cinco días. No tenía ventanas ni ventilación. Nos daban solo una botella de litro y medio de agua al día para todos. Si pedíamos más, nos sacaban a golpes mientras nos gritaban que queríamos provocar un motín. Pero el castigo más frecuente era el hambre. Nos hacían pasar hambre de manera constante y no podíamos quejarnos por miedo a ser castigados. En tres meses perdí 20 kilos”.

Tejeda ha hecho lo posible por no desconectarse de los presos políticos que aún permanecen allí. La libertad relativa de la que goza ha sido un desafío. Sabe que mientras haya presos políticos no habrá libertad de conciencia ni derechos civiles plenos.

Las vías para superar más de dos décadas de polarización y represión están llenas de obstáculos. Uno de los mayores es el castigo a quienes ordenaron, orquestaron y perpetraron los abusos. La experiencia comparada demuestra que los intentos de clausurar el pasado mediante el olvido legal suelen reabrirse décadas después.

La amnistía debe formar parte de lo que podríamos llamar un “paquete de reconciliación”. “Para que una amnistía esté al nivel del compromiso histórico que tenemos, hay que responder a las expectativas de la sociedad venezolana y garantizar que no sirva para la impunidad de violadores de derechos humanos. Para eso, debemos prestarle atención a lo que se ha hecho en otras sociedades. Hay que incluir a los organismos internacionales con experiencia en estos procesos, a los comités de víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil, y a la misma Asamblea Nacional. Una comisión con esa amplitud puede emitir opiniones vinculantes que deben ser acatadas por los jueces y ayudarán a limitar la discrecionalidad de quienes la administren”, sostiene Himiob.

“El arco del universo moral es largo pero se inclina hacia la justicia”, dijo Martin Luther King. El asunto de fondo es la justicia porque sin ella no nacerá el nuevo país que las víctimas ansían.

Para Kennedy Tejeda y J.D., la justicia no es una consigna de negociación, sino algo bien concreto. “Lo que vivimos fue un horror. Sin embargo, como defensor de derechos humanos no puedo quedarme callado. Nuestro trabajo es denunciar. Debemos quitarnos la mordaza y no quedarnos de brazos cruzados. Hay que evitar que todo esto se repita. Quiero un país democrático y de justicia, donde los amigos y familiares puedan regresar para darnos un abrazo y celebrar la Navidad alrededor de una mesa llena”.

J.D. formula sus aspiraciones íntimas de un nuevo país de otro modo, pero apunta en la misma dirección: “El alma de los venezolanos está fracturada. De hecho, el alma que existía antes del chavismo se acabó. Hay que crear un alma nueva. Quiero ayudar a retejer esta sociedad”. Entre los sueños y esperanzas de estas dos víctimas de la represión chavista se juega el sentido real de cualquier ley de amnistía y del renacer de Venezuela.