El Congreso peruano aprueba una norma que elimina el enfoque de género: “Es un retroceso de décadas y es inaplicable”
Organizaciones feministas y especialistas consideran que la nueva ley, que también busca eliminar la educación sexual de los colegios, va en contra de los derechos de las niñas y las mujeres
El Congreso de Perú ha aprobado una ley con la que elimina el enfoque de género de todas las políticas públicas del país. Además, reemplaza la Educación Sexual Integral que se imparte actualmente en las escuelas por una “con base científica, biológica y ética”. La nueva norma, impulsada por la congresista ultraconservadora Milagros Jáuregui, establece que toda referencia al enfoque de género, igualdad de género o términos similares, sea entendida como “enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.
Se trata de un retroceso de casi 20 años en el trabajo por la prevención de la violencia sexual, la igualdad de género y la no discriminación en el país, según organizaciones feministas que han emitido diversos comunicados para intentar frenar este dictamen. Más aún en un país donde la violencia hacia las niñas y mujeres no cesa: a octubre de 2025, los Centros de Emergencia Mujer han atendido más de 18.000 casos de violencia sexual a niñas y adolescentes; y en lo que va del año, 850 menores de 14 años fueron madres según el Registro del Certificado de Nacido Vivo.
El dictamen fue aprobado en el Congreso con 78 votos a favor y exonerado de la segunda votación en el pleno. La Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres cambia el Enfoque Transversal de Igualdad de Género en todos los documentos de gestión de todas las instituciones públicas, como documentos normativos, programas de Estado, contenido educativo, de salud, o justicia.
“El cambio no es una simple modificación de términos”, explica Ivonne Yupanqui, abogada y experta en género, sino “la eliminación de todo lo que implica el enfoque de género”: comprender las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres desde una perspectiva social y cultural, no solo biológica. “Existe una construcción social y una estructura de desbalance de poder que históricamente ha hecho que las mujeres se encuentren discriminadas”, señala.
La ley que este nuevo dictamen pretende modificar fue uno de los mayores logros del movimiento feminista hace dos décadas, recuerda Rocío Gutiérrez, directora de la organización Manuela Ramos, que trabaja en el Perú desde hace casi 50 años. “Se aprobó una norma del más alto nivel que reconocía el enfoque de género como base conceptual para entender que existen estructuras socioculturales que van más allá de la biología de las personas”, afirma. Sobre esa ley se han construido numerosas políticas públicas, como la Política Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres e incluso la creación y orientación del Ministerio de la Mujer.
Gutiérrez precisa que estas políticas “están sustentadas en el enfoque de género porque reconocen que las mujeres, en un contexto de desigualdad, tienen necesidades y demandas que deben atenderse, ya que les generan desventajas y pérdida de oportunidades”. Programas de prevención del embarazo adolescente o de reducción de la mortalidad materna son parte de esos avances.
Sin el enfoque de género, advierte, un feminicidio podría presentarse como un crimen pasional o un embarazo adolescente como un error individual. “Se desconocen las raíces estructurales de la violencia hacia las mujeres y se puede caer en las explicaciones más retrógradas”, señala. Además, advierte, la norma deja completamente desprotegida a la comunidad LGBTI+, históricamente discriminada. “Volveríamos a explicaciones biologicistas que podrían sustentar prácticas o tratamientos de reconversión. Se podría razonar de la manera en que se razonaba hace 50 años”, cuestiona.
Un avance “para los cristianos”
Tras la aprobación de la norma en el Congreso, la congresista Jáuregui declaró a Bethel Noticias: “Ha sido una victoria para todos los cristianos y todos aquellos que defendemos la vida y la familia”. Y añadió: “Lo que hemos hecho es volver al inicio. Estamos volviendo años atrás como si esto no hubiese pasado. Esto es una gran victoria”.
En los últimos dos años, el Congreso ha impulsado proyectos de ley que, según organizaciones especializadas, atentan contra los derechos de mujeres y niñas: el intento por cambiar el nombre y el enfoque del Ministerio de la Mujer o la propuesta para retirar el feminicidio como delito autónomo, entre otros. Jáuregui y su partido, Renovación Popular, han sido los principales promotores. Sobre la congresista, Gutiérrez señala: “Se ha empeñado en ser una máquina de leyes antiderechos; pero no está sola, hay un grupo significativo de parlamentarios vinculados a facciones conservadoras, iglesias evangelistas y adventistas, y a grupos políticos con influencia en el Congreso”. La misma congresista Jáuregui es pastora de la Iglesia.
Estas iniciativas también han buscado debilitar la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios, y la Nueva Ley de Oportunidades entre Hombres y Mujeres incluye ese cambio. La norma reemplaza la ESI por la denominada “educación sexual con base científica, biológica y ética”. El objetivo, según la propia congresista, es que “los niños puedan ir a la escuela a estudiar científicamente, moralmente, pero no ideologizadamente”.
Este es uno de los puntos más sensibles de la nueva ley, advierten las especialistas, porque va en contra de una educación de calidad e integral. La ESI aborda el conocimiento del cuerpo y la autonomía, el consentimiento, explica las distintas formas de violencia y cómo pedir ayuda, además de las relaciones sexoafectivas. Sin esta formación, alertan, las niñas quedan desprotegidas: “Cuando no se habla de este tema, hay un caldo de cultivo para que personas adultas, potenciales agresores, aprovechen esta situación y abusen de niñas y adolescentes”, señala Yupanqui. En el país, una de cada cuatro niñas menores de 12 años declara haber sufrido violencia sexual en la niñez, según la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales.
Tras la aprobación de la norma en el Pleno del Congreso, el Ejecutivo cuenta con un plazo para promulgarla u observarla y solicitar modificaciones. Sin embargo, el Congreso puede aprobarla por insistencia si alcanza la mayoría necesaria. Desde Manuela Ramos advierten que la nueva ley, además de ser inconstitucional al dejar sin efecto varias políticas públicas, no reconoce los estándares y convenios internacionales que el Perú ha firmado en materia de derechos de las mujeres y políticas de igualdad. “No solamente es un retroceso de décadas como sociedad, sino que además es inaplicable”, sostiene la directora de la organización.