El nuevo presidente de Bolivia se enfrenta a una vieja crisis: un poder judicial fallido
El país sudamericano tiene uno de los sistemas judiciales más débiles, y uno de los menos independientes y funcionales de América Latina
Cuando Rodrigo Paz asuma la presidencia de Bolivia este sábado, heredará desafíos apremiantes. La crisis económica del país puede ser lo más urgente, pero el legado de su Gobierno quizás dependa de si logra revertir décadas de retroceso en las instituciones...
Cuando Rodrigo Paz asuma la presidencia de Bolivia este sábado, heredará desafíos apremiantes. La crisis económica del país puede ser lo más urgente, pero el legado de su Gobierno quizás dependa de si logra revertir décadas de retroceso en las instituciones democráticas y de justicia.
Paz, del Partido Demócrata Cristiano, un partido de centro, y hasta ahora senador, heredará un sistema judicial plagado de corrupción y retrasos, y a menudo sumiso a quienes ostentan el poder. Evo Morales, presidente entre 2006 y 2019, y Jeanine Áñez, presidenta interina entre 2019 y 2020, utilizaron los tribunales para perseguir a sus oponentes políticos.
El predecesor inmediato de Paz, Luis Arce, no logró romper con ese patrón a pesar de sus promesas iniciales. Arce reconoció que la justicia era una “deuda” que su partido tenía con los bolivianos y creó una comisión de expertos para elaborar propuestas orientadas a un sistema judicial independiente. Sin embargo, sus promesas nunca se concretaron.
Hoy en día, Bolivia tiene, en muchos sentidos, uno de los sistemas judiciales más débiles, y menos independientes y funcionales de América Latina. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, que examina la corrupción y la eficacia de los sistemas judiciales, ubicó al país en el puesto 131 de los 143 países evaluados en todo el mundo en 2025, solo por encima de Venezuela y Nicaragua en la región latinoamericana.
Las primeras señales de Paz han sido alentadoras. Su plataforma electoral incluye una reforma judicial destinada a fortalecer las instituciones de justicia y establecer una comisión de reforma con apoyo internacional.
En entrevistas con los medios de comunicación, Paz afirmó que su Gobierno no interferirá en el trabajo de los jueces y fiscales y que buscará garantizar la igualdad de todos ante la justicia, con independencia de quiénes estén implicados y cuál sea su inclinación política. Tras ganar las elecciones el 19 de octubre, Paz prometió que convocaría a una “Cumbre de Justicia” en Sucre para debatir reformas al poder judicial.
Sin embargo, los desafíos son enormes. La Constitución de 2009 establece que los magistrados de las altas cortes y del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y destituye a los jueces, deben ser elegidos por voto popular a partir de listas elaboradas por el Congreso, que durante las dos últimas décadas ha estado controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Este proceso, que en apariencia democratiza el sistema judicial, en la práctica ha facilitado su cooptación por parte del Gobierno.
En 2010, Morales firmó una ley que ponía fin al mandato de los jueces nombrados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 2009 y los declaraba retroactivamente temporales. El Consejo de la Magistratura destituyó a decenas de jueces sin exponer los motivos y nombró a nuevos jueces en procesos acusados de irregulares.
Más recientemente, el Congreso no logró elaborar las listas de nuevos miembros del Tribunal Constitucional después de que el propio tribunal paralizara el proceso de selección. Como resultado, los magistrados que habían sido elegidos en 2017 para un mandato de seis años permanecieron en el puesto a pesar del vencimiento de sus cargos en 2023. La mayoría de ellos decidieron prorrogar su propio mandato. Los bolivianos ahora se refieren a ellos como los magistrados “autoprorrogados”. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, otra alta corte de Bolivia, cuestionó públicamente la legalidad de que continúen en el cargo.
En un escenario ideal, el presidente Paz y el Congreso deberían sustituir el sistema de elección de jueces por voto popular, que no garantiza la independencia judicial. Sin embargo, a falta de una reforma constitucional que transforme el sistema en su totalidad, deberían aprobar una ley para crear un comité de selección que utilice criterios transparentes y basados en el mérito para orientar la decisión del Congreso a la hora de preseleccionar a los candidatos.
El objetivo debería ser garantizar que los jueces nombrados tengan un mandato fijo, con normas claras para nombramientos, traslados, ascensos y destituciones basadas en el mérito. Esto contribuiría a proteger a los jueces y fiscales de la influencia y el control político, de modo que puedan tomar sus decisiones basándose únicamente en los hechos del caso y en la ley.
La presidencia de Paz en Bolivia marca un giro político para el país. Pero solo un poder judicial eficaz e independiente podrá garantizar un Estado de derecho sólido y estable.