Erigida en Perú una estatua de Fujimori a un año de su muerte

Piernas cruzadas, manos juntas y una sonrisa que continúa dividiendo al país. Al este de Lima, a un año de su muerte, acaba de develarse una estatua de tamaño natural en honor al expresidente y autócrata Alberto Fujimori, en Campo Fe de Huachipa, el cementerio donde está enterrado. El acto estuvo a cargo de Keiko Fujimori, su hija con más ambiciones de poder, y contó con la presencia de parientes, viejos dirigentes políticos y un amplio número de seguidores. Fue notoria la ausencia de su hijo menor Kenji, excongresista, alejado de la política desde hace algún tiempo.

“Recibió un Perú herido por el terrorismo y lo condujo hacia la paz [...] Hoy he querido recordarlo como un gran papá, un gran abuelo, como profesor universitario y como líder político”, expresó la lideresa de Fuerza Popular este jueves. Fujimoristas de larga data como Luisa María Cuculiza se deshicieron en elogios hacia el nikkei que gobernó el Perú en los años noventa, en medio de altos niveles de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, el copamiento de las instituciones y la compra de medios de comunicación. “Hace muchísima falta en este país, sobre todo para poner orden. Lo que hizo no se va a olvidar nunca”, dijo la exlegisladora.

Mientras eso sucedía en el camposanto, en las redes sociales el acto ha sido calificado como una apología a la corrupción. Como se recuerda, el Informe Global sobre la Corrupción en 2004, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, situó a Fujimori como el séptimo presidente más corrupto del mundo. Sus fondos robados se estiman en US$600 millones. A ello se suma que el dictador falleció sin pagarle al Estado peruano una reparación civil de más de 16 millones de dólares por la compra irregular de un canal de televisión, allanar irregularmente la vivienda de su exasesor Vladimiro Montesinos —considerado como su siamés político—, así como pagarle su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Su estatua, que reposa sobre una banca de bronce y estaño, ha sido catalogada como una afrenta hacia sus víctimas. El ingeniero agrónomo que derrotó a Mario Vargas Llosa en las elecciones de 1990 fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad como homicidio calificado, lesiones graves y secuestro. En el 2017, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario por su “resquebrajado estado de salud”. Lo cierto es que poco tiempo después, PPK tuvo que dar marcha atrás, a causa de una masa enardecida.

Fue el 6 de diciembre de 2023, tras un polémico fallo del Tribunal Constitucional —en desacato a la orden de la Corte IDH—, que Fujimori recuperó su libertad y abandonó la prisión de Barbadillo. Durante aquellos meses, el político y su séquito se dedicó a limpiar su reputación, trastocando los hechos con una visión sesgada, en la arena de las redes sociales, mediante audiovisuales bautizados como “videomemorias”. En esos clips subraya que no es un asesino, que se le condenó injustamente y que el “terrorismo y sus aliados tergiversaron la historia”.

Pero su etapa como influencer duró un suspiro. El Chino, como se le conocía popularmente, murió el 11 de septiembre a los 86 años, debido a un tratamiento contra el cáncer que no resistió. Su entorno más cercano no ha cedido espacio en la batalla por ponderar su memoria. Se han publicado libros póstumos como ¡Viva la paz! (Fogata ediciones) acerca de la Guerra con el Ecuador y dos tomos sobre sus memorias. En la ceremonia de la presentación de su estatua, la familia contó que existe un tercer tomo inédito que se publicará en los próximos meses.

Ha habido otros episodios para recolocarlo en la historia, pero no solo desde las trincheras fujimoristas, sino incluso con los recursos del Estado. En el 2023, el Fondo Editorial del Congreso publicó un libro infantil que reivindica el golpe de Estado de Fujimori ocurrido el 5 de abril de 1992. A mediados de 2024, la Cámara aprobó una pensión vitalicia en favor del expresidente a pesar de que la ley lo impedía. En enero pasado, la Comisión Permanente aprobó la restitución de la firma de Fujimori en la Constitución de 1993. Se le retiró luego de haber renunciado a la Presidencia, vía fax, en el 2001, desde Japón.

Campo Fe de Huachipa, el cementerio donde también reposan los restos del expresidente Alan García, será el nuevo escenario de disputa de una herida irreconciliable. Más aún en estos días en los que la presidenta Dina Boluarte ha manifestado su deseo de que el país se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha aprobado leyes que blindan a los militares que cometieron delitos en contra de los derechos humanos durante el periodo de violencia, en las últimas décadas del siglo pasado.