Bolsonaro alega problemas de salud para ausentarse del juicio por golpismo

Jair Messias Bolsonaro, el principal acusado en el juicio más trascendental de la historia reciente de Brasil, ha alegado motivos de salud para no comparecer este martes en el Tribunal Supremo a la sesión inicial de las deliberaciones sobre el veredicto. El expresidente (2019-2022), que no estaba obligado a acudir, ha seguido el juicio desde su casa de Brasilia, donde permanece en prisión domiciliaria. El ultraderechista está acusado de encabezar un intento de golpe de Estado para no entregar el poder a Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones en 2022. Bolsonaro, de 70 años, es juzgado junto a siete colaboradores, incluidos varios antiguos ministros-generales. La vista ha arrancado con un apasionado discurso del juez instructor, Alexandre de Moraes, en defensa de la fortaleza de las instituciones brasileñas y con críticas al “intento de someter al poder judicial al escrutinio de otro Estado”, sin mención a Estados Unidos o al presidente Donald Trump.

Bolsonaro sufre crisis graves de hipo, entre otros problemas de salud que arrastra desde que en 2018 un hombre con problemas psiquiátricos lo apuñaló en plena campaña presidencial. Los aliados que lo han visitado en los últimos días en su chalé aseguran que sus síntomas se han agravado hasta causarle una esofagitis. Dicen también que está irritable y alicaído. Solo uno de los ocho imputados, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, ha querido seguir la vista en persona.

Este es un juicio histórico para Brasil porque, en 135 años de república, ningún militar de alto rango (ni un presidente) había rendido cuentas ante un tribunal por un intento de subvertir el orden democrático. Los magistrados han destacado la transparencia de las deliberaciones, que se divulgan en directo por YouTube. La audiencia en ese canal ha alcanzado picos de 20.000 personas simultáneamente.

El fiscal general de la República, Paulo Gonet, ha enumerado las pruebas en las que se basa para pedir la condena de los ocho imputados por varios delitos, incluidos abolición violencia del Estado de derecho, pertenencia a organización armada y daños al patrimonio. Entre los borradores confiscados, “estaba incluso el discurso que [Bolsonaro] daría tras el golpe”.

También ha recordado los testimonios en sede judicial de los jefes del Ejército y la Aeronáutica, a los que Bolsonaro presentó decretos con medidas de excepción, borradores que contemplaban anular las elecciones, detener a autoridades e intervenir en el Supremo. También fue hallado un plan para matar al jefe del Estado, Lula, y su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

La primera intervención ha sido la del juez instructor, Moraes, de 56 años. El magistrado al que el bolsonarismo considera su principal enemigo y al que Trump impuso sanciones económicas para que abandonara lo que califica como “una caza de brujas” contra su amigo Bolsonaro, ha hecho una apasionada defensa de la fortaleza institucional de Brasil. Ha defendido la necesidad de responder con todo el peso de la ley a las aventuras golpistas. “La historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación”, ha afirmado antes de recalcar que “la impunidad deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia”.

Moraes también ha criticado la campaña de presión de la Administración Trump, que ha impuesto a Brasil unos aranceles del 50%, los más altos del mundo. El juez obviamente no ha entrado en esos detalles porque todos los que le escuchaban saben a qué se refería cuando ha avisado de que el tribunal dictará sentencia en base a las pruebas, “independientemente de las amenazas, las coacciones y las presiones internas o externas” y que la soberanía es innegociable. Sin duda una referencia al lobby realizado por Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y diputado, para que Trump y su Administración emprendieran una campaña de presión contra Brasil para salvar al patriarca de la justicia y de la cárcel.

La Casa Blanca ha respondido con palabras gruesas. Jason Miller, uno de los principales asesores del presidente Trump, ha replicado a Moraes con un tuit en X que dice: “Anotado. Sería prudente que el @STF [y] @Alexandre supieran que Estados Unidos no negocia con terroristas”, en referencia al tribunal y al juez instructor.

Al magistrado Moraes lo acompaña la controversia, pero sus colegas del Tribunal Supremo lo han dotado de amplios poderes para investigar los actos antidemocráticos que culminaron en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. El Supremo es considerado uno de los grandes diques en defensa de la democracia ante los embates del bolsonarismo. Aficionado a las artes marciales, Moraes, que fue ministro y cultiva las relaciones políticas, es partidario de la mano dura y de sentencias ejemplarizantes.

Ha recordado que casi 700 personas han sido condenadas por participar en el asalto a la Presidencia, el Congreso y el propio Supremo, en 2023, y que otro medio centenar aceptó un acuerdo en el que reconocían que era un intento de golpe de Estado a cambio de no ser imputados penalmente.

El presidente Lula se ha referido así al tema del día: “Si es inocente, que lo pruebe. Espero que pueda defenderse, porque yo no pude. Yo no protesté ni lloré, batallé”.

Bolsonaro y el llamado núcleo crucial del intento de asonada, que incluye a un secretario de sus tiempos de presidente que confesó la trama, son juzgados por la sala primera del Tribunal Supremo, integrada por cinco magistrados. Las deliberaciones entrarán en la fase crucial el próximo martes, día 9, cuando está previsto que el juez Moraes abra la ronda de votación del veredicto.

El fiscal general ha enfatizado que la asonada “no se consumó por la fidelidad [a la Constitución] de los jefes del Ejército y de la Aeronáutica”. El jefe de la Armada, en cambio, llegó a ofrecer tropas de marinería, según la fiscalía. Por eso está imputado y como Bolsonaro podría pasar varias décadas en la cárcel. Más de 40 años suman los cinco delitos imputados a Bolsonaro, que también está acusado de liderar la conspiración. Concluida la intervención de la Fiscalía, el turno de los abogados defensores, que han ido desgranando sus argumentos. Como Bolsonaro es el sexto acusado, lo más probable es que su representante intervenga el miércoles.

Brasil es una joven democracia de 40 años que en el último siglo ha vivido frecuentes injerencias militares, varios intentos de golpe, dos dictaduras, una transición a la democracia marcada por una amplia amnistía y dos procesos de impeachment contra el presidente. Bolsonaro, que antes de ser presidente ocupó un escaño durante tres décadas, convirtió la nostalgia por la última dictadura (1964-1985) en una de sus principales señas de identidad junto a la defensa de los intereses de la tropa.

Bolsonaro, antiguo capitán del Ejército, conserva un importante capital político que ahora se disputan su familia y algunos gobernadores de derechas, con la vista puesta en ser el candidato presidencial en 2025.

Escribe el columnista Hélio Schwartsman este martes en Folha de S.Paulo que “lo preocupante es que por bien fundamentada que venga la condena [de Bolsonaro], una parcela nada despreciable del electorado la considerará ilegítima”. Las dos mitades del Brasil polarizado saldrán a la calle el domingo, día de la Independencia. El presidente Lula encabezará el desfile oficial en Brasilia, mientras el bolsonarismo ha convocado a los suyos a concentrarse en São Paulo y Río en defensa de la libertad de expresión.