Detenciones letales en Nicaragua: otro opositor muere bajo custodia del régimen de Ortega y Murillo

A Carlos Cárdenas Zepeda lo arrestaron por segunda vez el 19 de agosto de 2025. En su casa en Managua. Los policías del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo detuvieron en ambas ocasiones por motivos políticos, específicamente por ser asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un cuerpo colegiado conformado por varios obispos católicos aborrecidos por la pareja copresidencial. Su familia no supo dónde se lo llevaron y durante 12 días estuvieron en zozobra, hasta que el sábado 30 de agosto recibieron una llamada fatídica: funcionarios de la Administración sandinista los convocaron a reconocer su cadáver.

Menos de una semana antes, la familia del preso político Mauricio Alonso Petri sufrió lo mismo. Una llamada del Instituto de Medicina Legal que les informaba de que, tras 38 días de desaparición forzada, el cuerpo del hombre de 64 años yacía en la morgue, listo para que lo reconocieran y lo enterraran de inmediato, rodeados por un contingente policial armado con fusiles de guerra.

Las muertes de Cárdenas Zepeda y Alonso Petri son el resultado letal de una táctica represiva que no es nueva, pero que desde el mes de julio ha sido usada con todos los opositores detenidos por los oficiales leales a los Ortega-Murillo: las desapariciones forzadas de corta y larga duración. Antes del 19 de julio, cuando los copresidentes conmemoraron el 46° aniversario de la revolución sandinista, en medio de un periodo político encaminado a la sucesión familiar liderada por Murillo, se desataron redadas de detención en diferentes departamentos de Nicaragua que persisten hasta la publicación de este artículo.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza en ese periodo al menos 33 detenciones, entre ellos cinco núcleos familiares completos que fueron “secuestrados” por los oficiales. Esas personas están bajo desaparición forzada porque las autoridades se niegan a darle información a sus familiares y allegados sobre su paradero o su estado de salud. Entre esos núcleos familiares sobresale una niña de 12 años que fue arrestada junto a sus padres en la ciudad de Jinotepe, donde el régimen confiscó el pasado 12 de agosto el Colegio San José. La menor estudiaba en ese centro de estudios y su padre era miembro de la junta directiva del mismo.

Los familiares de estas personas están aterrados y no se atreven a denunciar porque también han sido amenazados con prisión. “Nunca presentan orden de allanamiento y no les importa si en la escena del secuestro hay menores de edad o personas de la tercera edad. Cuando algún familiar trata de intervenir los amenazan que también se los van a llevar. Al igual que a las personas buscadoras las amenazan, que si siguen llegando a preguntar los van a meter presos”, dice una fuente relacionada con las víctimas.

Sin embargo, ante las muertes de Cárdenas Zepeda y Alonso Petri se desbordaron las ya habituales alarmas de los familiares debido al goteo de información que sale de una prisión en específico, la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “El Chipote Nuevo”. Allí, algunos de los detenidos en estas redadas recientes están siendo “torturados”.

“De momento se sabe que varios de ellos los obligan a interrogatorios extensos, intimidantes, incluso con agresiones físicas tales como signos de tortura. Ante los dos fallecimientos de la semana pasada, hay un temor inmenso por quienes aún permanecen en estado de desaparición forzada. En total son 33 personas de diversas edades e ideologías; integrantes de la Iglesia Católica y evangélica. Se sabe muy poco de ellos”, dicen a EL PAÍS familiares bajo la condición de anonimato.

Días después de la muerte de Alonso Petri, una coalición de organizaciones no gubernamentales en el exilio presentó un informe denunciando la práctica sistemática de la desaparición forzada y su impacto diferenciado en las víctimas y sus familias. Entre los métodos de tratos crueles denunciados están los colgamientos, ahogamientos simulados, golpizas, asfixia, posturas forzadas, violaciones y penetraciones con objetos. También se registran amenazas de muerte contra familiares, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas y restricciones severas de agua y comida.

Con la muerte de Cárdenas Zepeda, al menos seis personas han fallecido cautivas del régimen desde 2019. Entre los decesos bajo custodia estatal sobresalen dos sandinistas históricos: Hugo Torres y Humberto Ortega Saavedra, ambos generales en retiro. El primero le salvó la vida en los ochenta al caudillo sandinista y el segundo era su hermano, confrontado desde siempre con su cuñada, la copresidenta Murillo.

“Le arrancaron las uñas y su rostro está irreconocible”

Quizá por la angustia y la desesperación, Rosa Ruíz es una de las pocas familiares que se atreve a denunciar con nombre y apellido la desaparición de su hijo, Yerri Estrada, un médico de 30 años recién graduado. Fue detenido el 13 de agosto en su lugar de trabajo, el hospital público de Granada. Lo citaron a la dirección del centro y allí lo esperaban policías, que lo sacaron a cachiporrazos.

Rosa cree que lo detuvieron porque el joven estuvo involucrado en las protestas sociales y se organizó en el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), una coalición opositora. La madre comenzó a buscarlo en todas las prisiones y dice que obtuvo información sobre su paradero: está en El Chipote Nuevo.

“Sé que a mi hijo le arrancaron sus uñas y le pusieron choques eléctricos en sus dedos, porque los anda [lleva] vendados; su rostro está irreconocible, su cara está hinchada y tiene sus ojos prácticamente cerrados”, dijo la mujer al diario La Prensa.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitió un comunicado alertando sobre la letalidad de las desapariciones forzadas. “Estos crímenes, que constituyen una clara muestra de la brutalidad del régimen, evidencian que la prisión política en Nicaragua no solo significa persecución y tortura, sino también la condena a muerte en condiciones inhumanas. Nos negamos a normalizar esta práctica infame y denunciamos con fuerza que cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político”, afirma la organización, que hasta la publicación de este artículo contabiliza 73 personas presas políticas en Nicaragua, casi la mitad con paradero desconocido.