La ONU presenta pruebas que implican al Ejército de Nicaragua en la comisión de crímenes de lesa humanidad

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas ha desmontado uno de los argumentos capitales del Ejército de Nicaragua, específicamente el pretexto con el que habían evitado, como institución, sanciones de la comunidad internacional: que no participaron en la represión de las protestas sociales en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018. Por primera vez, los expertos de la ONU aseguran que cuentan con “información creíble” sobre ...

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas ha desmontado uno de los argumentos capitales del Ejército de Nicaragua, específicamente el pretexto con el que habían evitado, como institución, sanciones de la comunidad internacional: que no participaron en la represión de las protestas sociales en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018. Por primera vez, los expertos de la ONU aseguran que cuentan con “información creíble” sobre la colusión del alto mando militar en la violenta ofensiva en la que –hasta ahora– sólo solía implicarse a policías y paramilitares sandinistas, quienes masacraron y cometieron más de 350 asesinatos.

Según el nuevo informe del Grupo de Expertos de la ONU presentado este miércoles 26 de febrero, el 20 de abril de 2018, a dos días después del inicio de las protestas masivas, se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia Militar y de Personal de Cuadros, en la que se dijo que “se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.

El Grupo de Expertos documentó que la represión de 2018 fue diseñada y ordenada desde los niveles más altos del Gobierno. Tanto Daniel Ortega como la vicepresidenta, Rosario Murillo dieron la orden de aplastar a los manifestantes, lo que derivó en el uso desproporcionado y sistemático de la violencia después de la orden perentoria “de vamos con todo”, girada a todo el aparataje estatal y sandinista que derivó en la comisión de crímenes de lesa humanidad que, en la actualidad, son procesados por un tribunal de Argentina.

El informe saca a relucir detalles hasta hoy desconocidos. Uno de ellos fue que el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial que instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones. Por su parte –prosigue el documento– el comandante en jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones, a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas, tal como ocurrió: el peor derramamiento de sangre en Nicaragua desde la posguerra.

“Por primera vez, gracias a testimonios de personas que estuvieron dentro del sistema, podemos decir que el Ejército nicaragüense—por más que lo niegue—participó activamente junto a la policía y los paramilitares en la brutal represión”, insistió a EL PAÍS el abogado Reed Brody, el miembro más reciente del GHREN y conocido como el “cazadictadores” por haber contribuido a llevar al banquillo a sátrapas violadores de derechos humanos como Augusto Pinochet, Jean-Claude Duvalier, Efrain Rios Montt y Hissène Habré.

Un rol clave en la represión

El informe señala que el Ejército Nacional no solo colaboró con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, sino que también asumió un papel fundamental en la estrategia de represión. Entre las acciones documentadas se encuentran “el uso de armas letales, operaciones de inteligencia, entrenamiento de civiles y la intervención directa en operativos”.

“Las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y grupos armados progubernamentales”, insiste el informe. Los expertos explicaron que “el uso sistemático y deliberado de armas letales, algunas reservadas exclusivamente para uso militar, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo sugieren que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”.

El documento señala que la Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.

“Los miembros de estos dos últimos cuerpos utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones. Comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno”, destacan.

La sumisión del Ejército

Para mantenerse al margen de las consecuencias de la represión y simular que son una institución apartidista y no beligerante como mandata la Constitución Política, el Ejército ha reiterado públicamente que su papel durante la crisis de 2018 “se limitó a proteger bienes estratégicos y negó su participación en la represión”. Sin embargo, durante estos años ha quedado en evidencia la sumisión de esta institución, incluyendo a su Comandancia General, al régimen de Ortega y Murillo.

La prueba más reciente de ese sometimiento se dio este viernes 21 de febrero, cuando fue juramentado para su cuarto período consecutivo el general Avilés como jefe del Ejército. Con este nuevo mandato 2025-2031, el jefe castrense completaría 21 años en el cargo que tomó en 2010, un proceder inédito en la historia reciente de Nicaragua. Durante el acto de juramentación, Avilés agradeció a Ortega por su respaldo y le confirmó que cuente “con la firme determinación de todos para continuar aportando en la construcción de la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos”.

Avilés, por su parte, ha dicho en diferentes ocasiones que el Ejército ha sido víctima de campañas de desprestigio por parte de la oposición y ha defendido la violencia política con la que gobierna la dictadura sandinista. Sin embargo, los expertos de la ONU identificaron la existencia de una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que responde a órdenes de Ortega y Murillo.

La estructura está compuesta principalmente por miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales, y utiliza centros de cómputo instalados en cada municipio.

El Gobierno, según el informe, utiliza esta información (canalizada principalmente a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista) para identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos. Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso o despojar arbitrariamente de la nacionalidad.

El Ejército también realiza vigilancia política, a través de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, en coordinación con las Unidades de Victoria —estructuras sandinistas en los barrios—, secretarios políticos, la dirección del Frente Sandinista, el partido en el poder, y los servicios de inteligencia de la Policía. “Esta red de inteligencia y control ha permeado todos los niveles de la sociedad, desde los barrios hasta las alcaldías, los departamentos y las delegaciones ministeriales”, concluyen los expertos.