Las cámaras de vigilancia confirman la implicación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de cuatro niños en Guayaquil

A 17 días de la desaparición de los cuatro niños en el sur de Guayaquil, el Gobierno de Daniel Noboa se ve obligado a reconocer la implicación de sus fuerzas militares en el hecho. Las cámaras de vigilancia, que no dejan espacio para la duda, revelaron con estremecedora precisión el momento en que una patrulla militar -compuesta por cerca de diez hombres- persigue y captura a los menores. Los niños fueron subidos a una camioneta, y desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio. La imagen es clara: la fuerza pública, convertida en sombra, sujetaba del cuello de la camiseta a un menor de edad, hasta ahora, a un destino desconocido.

El ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, que apenas dos días antes había descartado cualquier implicación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los cuatro niños afroecuatorianos, recibiendo críticas por culpar a “grupos delincuenciales”, no tuvo más opción que rectificar. En un giro inesperado, el funcionario admitió que una patrulla integrada por 16 miembros, que acababa de escoltar un camión de carga hasta la aduana de Guayaquil, fue responsable de la aprehensión de los menores en la Avenida 25 de Julio. “Existe un informe en el que se explica lo ocurrido”, señaló Loffredo, intentando justificar lo sucedido.

EL PAÍS accedió a varios videos de vigilancia que fueron revisados por la Unidad Antisecuestro y que forman parte del expediente de investigación de la Fiscalía, en el que se pueden reconstruir los hechos. Las imágenes muestran a los niños en el sector de las Malvinas, cerca de su lugar de residencia, justo bajo un puente de desnivel en la intersección de la Avenida 25 de Julio con Ernesto Albán, una zona muy cercana al hospital Teodoro Maldonado.

La secuencia de los videos detalla los cinco minutos que le tomó a la patrulla capturar a los menores. A las 20.39 del 8 de diciembre, se observa a un grupo de diez niños debajo del puente. Uno de ellos lleva una camiseta y pantalón corto azul, otro una camiseta naranja y pantalón corto azul. En ese instante, los niños comienzan a correr y seis militares aparecen en escena, uniformados con camuflaje, intentando detenerlos. A medida que los niños se dispersan, un civil logra capturar al joven con camiseta naranja y pantalón corto azul, sujetándolo por el brazo y entregándolo a un militar.

Esto coincide con lo que describe el informe que mencionó Loffredo de que operó una patrulla con 16 agentes en ese sector del sur de Guayaquil. “Observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, mencionó el ministro, aunque el presunto robo no está registrado en las imágenes.

De regreso a la escena, en el momento en que es capturado el último niño, otro soldado, apostado en medio de la calle, apunta su arma. Uno de los uniformados se abalanza sobre el niño, lo toma por el cuello y lo arrastra hasta la patrulla, una camioneta doble cabina blanca, equipada con sirena.

En el balde de la camioneta, el niño de camiseta y pantalón azul está acostado en el piso, custodiado por dos militares. Mientras tanto, el último niño capturado es llevado bajo la mirada indiferente de un patrullero policial que, aunque reduce su velocidad, nunca se detiene. Las imágenes dejan en evidencia cómo los niños, completamente subyugados, son apilados en la parte trasera de la camioneta, uno encima de otro, boca abajo. En un momento, los dos militares que los custodian golpean al joven de camiseta naranja con un puñetazo en la cara, mientras él se lleva las manos a la nariz tras el impacto.

A las 20.44, las imágenes muestran cómo la patrulla arranca de la Avenida 25 de Julio, atravesando el centro de Guayaquil hacia la Avenida Pedro Menéndez Gilbert, con dirección a Taura. Esta ruta coincide con lo declarado por Loffredo, quien aseguró que los niños fueron dejados en ese sector, una zona limítrofe con Durán, la ciudad más violenta del país. “Los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares. Los dejaron en Taura y estaban en contacto con sus padres”, explicó el ministro en una entrevista radial.

Pero esa versión de los hechos no coincide totalmente con la de los familiares. El padre de uno de los menores relató en una entrevista que, en su desesperación, uno de sus hijos logró contactarlo. “Papá, ven, sálvame”, suplicó el niño, quien le confesó que los militares los habían golpeado y despojado de su ropa. El padre, al solicitar ayuda a la policía, no logró encontrar a ninguno de los menores. Desde entonces, nada se sabe de ellos.

La Fiscalía, ante la creciente presión social que movilizado a grupos de la sociedad a protestar frente a las instalaciones judiciales en Quito y Guayaquil, realizó un nuevo allanamiento en la base militar de Taura para realizar pericias a los vehículos involucrados en el transporte de los niños y requirió ciertas prendas de los soldados que participaron en la patrulla. Mientras los agentes de Criminalística inspeccionan una zona cercana a las instalaciones de Taura, donde han encontrado unos cuerpos que están siendo analizados para determinar su identidad, este 24 de diciembre, finalmente, la Fiscalía ha solicitado una audiencia para formular cargos contra los 16 militares por desaparición forzada. En paralelo, el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha dictado medidas urgentes en el caso y medidas cautelares para proteger a los familiares de Ismael, Steven, Saúl y Josué.

El Comité instó al Estado ecuatoriano a adoptar medidas diligentes para garantizar una investigación exhaustiva y completa. También se subrayó la necesidad de explorar todas las hipótesis, incluida la de una posible desaparición forzada, dada la presunta participación de agentes estatales. El presidente Noboa declaró que es “prematuro” asumir que se trate de desapariciones forzadas, ante las presiones de la oposición y dijo que ha pedido a una comisión que se declare “héroes nacionales” a los niños que fueron vistos por última vez en una patrulla militar.

Desde que en enero de 2024 el mandatario declarara un “conflicto armado interno” y delegó la seguridad a las fuerzas militares, la Fiscalía ha recibido ocho casos de desaparición forzada, 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales, 83 por tortura, y 223 por abusos en el uso de la fuerza, según consta en un informe de Human Rights Watch (HRW). El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, por su parte, ha documentado la desaparición de cinco jóvenes, de entre 16 y 23 años, en el contexto de operativos militares, así como el asesinato como el asesinato de un joven de 19 años que iba a vender un perro y acabó acribillado en un retén militar en Guayaquil y por el cual, un militar ha sido llamado a juicio por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte.