Ortega y Murillo consolidan su poder sobre el Ejército y la Policía en Nicaragua

Apenas han pasado tres días desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la aprobación de una reforma total a la Constitución Política de Nicaragua –con la que blindaron la sucesión dinástica y sepultaron las ruinas de la independencia de poderes–, cuando este lunes el Parlamento sandinista informó de modificaciones al Código Militar y a la Ley Organización de la Policía Nacional para prorrogar los períodos de los jefes de las fuerzas armadas de cinco a seis años.

De esa forma, la pareja presidencial continúa reformando leyes fundamentales a marcha rápida para, según denuncian opositores al régimen sandinista, adecuar su “modelo totalitario” a un nuevo marco legal “hecho a la medida”. La reforma a la ley de la Policía y el Ejército –los principales brazos represores de Ortega y Murillo– le otorga al mandatario pleno poder sobre estas instituciones armadas, a tal punto que no solo podrá nombrar al comandante en jefe del Ejército y al director de la Policía, sino que podrá prorrogar en el cargo al titular policial las veces que él quiera, “de acuerdo a intereses de la nación”.

El actual jefe policial que ha sido prorrogado en el cargo es el comisionado general Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo. La hija del policía, Blanca Díaz, está casada con Maurice Ortega-Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial. Díaz ocupa la jefatura policial desde agosto de 2018, el año de las masivas protestas antigubernamentales que policías y paramilitares reprimieron con una violencia tal que un grupo de expertos de Naciones Unidas ha calificado como “crímenes de lesa humanidad”. El comisionado Díaz ha sido sancionado por Estados Unidos por ser el principal operador de las operaciones de represión y violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, en específico opositores de toda índole, religiosos y periodistas.

En el caso de la reforma al Código Militar, el Ejército se mantiene, sobre el papel, a un brazo de distancia del Ejecutivo, ya que la iniciativa establece que “ningún pariente del presidente y del vicepresidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad podrá ser nombrado comandante en Jefe del Ejército”.

Sin embargo, en la práctica, el general Julio César Avilés ha sometido a los militares al dictado Ortega-Murillo. No sólo ha boicoteado la sucesión militar después de que Ortega lo prorrogara en el cargo desde hace 16 años, sino que en mayo de 2020 Estados Unidos sancionó al jefe castrense por “brindar apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense”.

“Autogolpe de Estado”

Los nicaragüenses no han terminado de asimilar y dimensionar el profundo cambio de la Carta Magna cuando se suman estas nuevas reforma en la configuración de las fuerzas armadas, institucionalizando al más alto nivel legal lo que ya era de facto: el control de Ortega y Murillo sobre ellas.

Luego de empezar una “compactación del Estado” y una purga sin precedentes de empleados públicos, la pareja presidencial ordenó hace tres días al Parlamento aprobar una reforma constitucional tectónica: la nueva Carta Magna cambia el sentido del Estado de Nicaragua al nombrarlo “revolucionario y socialista”, y crea una “ccopresidencia” compartida entre Ortega y Murillo, resolviendo de esa manera el peliagudo tema de la sucesión familiar. Es decir, que Nicaragua se convierte en el único país del mundo que se conozca con dos presidentes en funciones, según han denunciado opositores que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias contra ellos y sus familiares.

Además, la reforma permite a los copresidentes designar a dedo a los vicepresidentes que consideren necesarios, sin que pasen por el sufragio popular. Esta disposición ha sido interpretada por críticos como la apertura para nombrar en la nueva línea de sucesión constitucional a sus hijos, como Laureano Ortega, el “delfín” que sus padres promueven con mayor énfasis.

Aparte de ampliar también su periodo presidencial de cinco a seis años, los copresidentes gozarán de atribuciones totales sobre el Estado nicaragüense. “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”, dice el nuevo artículo 132 constitucional.

Además, los copresidentes podrán oficialmente, según la reforma, nombrar y remover ministros, viceministros, procuradores, directores de entes autónomos y gubernamentales; jefes de misiones diplomáticas y jefes de misiones especiales, como ya lo venían haciendo de facto con la purga estatal.

En total, este cambio de la Constitución afecta a un centenar de artículos, que legalizan a los paramilitares, facultan al Ejército de Nicaragua para reprimir por motivos políticos junto a la Policía Nacional y justifican el despojo de la nacionalidad a críticos considerados “traidores a la patria”.

Un grupo de opositores en el exilio entregó a EL PAÍS un comunicado en el que califican lo obrado por la pareja presidencial como un autogolpe de Estado. “Bajo la figura de una reforma parcial a la Constitución Política están haciendo una nueva, lo cual es facultad exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente“, denuncian. “Se alteran regresivamente gran cantidad de derechos y garantías establecidos en la parte dogmática de la Constitución; se modifica el carácter de una serie de instituciones, principalmente el Ejército y la Policía, y se deja abierta la puerta para que el Ejecutivo, ahora llamado Presidencia, con su poder absoluto, regule y controle, mediante leyes secundarias, la economía del país”.

Los opositores desterrados insisten que con estas reformas, “Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan la consolidación de una dictadura hereditaria familiar, acumulando más poder del que tienen, estableciendo a nivel constitucional la sucesión familiar dinástica y el poder absoluto que ya ejercen sobre Nicaragua. Al establecer una copresidencia, que sustituye al Poder Ejecutivo, solucionan sus propias diferencias, para satisfacer a Rosario Murillo sus aspiraciones personales”, continúan.

Otra ley para proteger a sus sancionados

En este trajín de reformas y aprobar nuevas leyes “a la medida”, la pareja presidencial aprobó este lunes una nueva normativa: la “Ley de Protección ante Sanciones y Agresiones Externas”, que pone al Sistema Financiero Nacional en una encrucijada con la banca internacional, porque no solo ordena a los bancos la inaplicabilidad de futuras sanciones, que van desde restricciones de operaciones financieras hasta el cierre de las cuentas bancarias, sino que también deja sin efectos aquellas sanciones ya aplicadas. Es decir, que obligaría a los bancos nacionales reabrir las cuentas de funcionarios y funcionarias sancionadas.

En otras palabras, en caso de incumplimiento de la ley, la normativa impone multas a las entidades financieras que no reviertan las medidas de las sanciones. También amenazan con cárcel y acusar de “traición a la patria” a las personas de instituciones financieras que decidan cumplir con los lineamientos internacionales vinculados con las sanciones que se han aplicado.

La aprobación de esta ley convierte a Nicaragua en un lugar “de alto riesgo financiero” y lo vuelve un “Estado forajido”, explica el investigador Manuel Orozco, ya que hace del país un lugar seguro para personas y entes sancionados. La reacción del Sistema Financiero Internacional y su respuesta a esta medida está por verse. Sin embargo, el objetivo de esta ley es forzar a la banca local a buscar otros mercados financieros distintos de Estados Unidos, quien es, hasta el momento, el mayor socio comercial de Nicaragua. Y el régimen apunta, según sus nuevas relaciones internacionales, a China, Rusia e Irán.