El hermano de la presidenta Dina Boluarte pasa a la clandestinidad en Perú antes de ser encarcelado

Nicanor Boluarte, el hermano mayor de la presidenta del Perú, se ha convertido, oficialmente, en fugitivo de la justicia. Este martes, en una extensa sesión que empezó el fin de semana, el Poder Judicial dictó en contra suya una orden de 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Nicanor Boluarte se ausentó de la audiencia virtual durante dos días seguidos y fue visto por última vez el domingo por la noche, cuando se conectó desde un auto al inicio de la lectura de la resolución del juez.

Las sospechas de una posible fuga aumentaron a medida que transcurrieron las horas y su abogado, Luis Vivanco, no sabía qué más decir para excusar a su cliente. Al hermano de la jefa de Estado se le acusa de liderar una red criminal desde una dirección del Ministerio del Interior y de haber nombrado ilegalmente a funcionarios públicos (prefectos y subprefectos) para recolectar firmas y facilitar la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú con miras a las próximas elecciones generales, en el denominado caso Los Waykis en las sombras. Según un testigo, Dina Boluarte le exigió a su pariente que creara esta agrupación política para darle “soporte social” a su gestión.

Tras su renuncia a Perú Libre, poco antes del autogolpe fallido de Pedro Castillo a fines de 2022, la abogada se quedó sin bancada en el Congreso y pasó a ser considerada como una adversaria para la izquierda. Su continuidad en el poder solo se explica, según los analistas, a partir de un pacto de sobrevivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo hasta el 2026. El juez Richard Concepción Carhuancho sostuvo que existen elementos que demostrarían que el propósito de esta supuesta organización criminal fue el copamiento estatal y neutralizar las investigaciones en contra de sus líderes.

Nicanor Boluarte, quien según la tesis fiscal lleva el apodo de Silvestre en esta red criminal, fue detenido preliminarmente en mayo. Salió enmarrocado de su casa, portando una gorra, en el distrito limeño de San Borja. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo aquella vez. A la semana, el hermano de la presidenta de Perú fue liberado por la Quinta Sala de Apelaciones, que determinó que una eventual condena de 35 años de prisión no constituía un elemento determinante para asegurar que el investigado podría fugar del Perú.

Ese argumento se ha desmoronado. Nicanor Boluarte ha pasado a la clandestinidad, y el silencio de la jefa de Estado es bastante sonoro. “Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido”, dijo a inicios de año la sucesora de Pedro Castillo, a quien se le abrió una investigación por un supuesto encubrimiento al desactivar el grupo exclusivo de agentes policiales que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Hace un par de semanas, un juzgado dio por concluida la fase de investigación fiscal abierta y la decisión de cerrar el caso o denunciar a la mandataria ha quedado en manos del Ministerio Público.

Los otros implicados en el caso Los Waykis en las sombras son Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte hasta hace unos meses y acusado de ser el brazo legal de la organización; Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno Interior, quien habría sido el encargado de aprobar los nombramientos; Zenovia Herrera Vásquez, responsable de proponer candidatos para ocupar los cargos claves en las regiones; y Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar, ambos acusados de exigir pagos por las designaciones.

Ha sido clave para el curso de las investigaciones el papel de un viejo amigo de los hermanos Boluarte: Víctor Torres Merino, quien entregó al Ministerio Público un conjunto de información comprometedora que ha ayudado a desentrañar el caso. Además, según el diario El Comercio, el colaborador reveló que Nicanor Boluarte lo ayudó a obtener contratos en programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando la mandataria fue ministra de dicha cartera. La prensa sigue de cerca a Nicanor Boluarte desde hace dos años. En una de las investigaciones quedó expuesto cómo se reunió con el alcalde de un municipio de Cajamarca y poco después se le asignó un presupuesto de 5,4 millones de dólares.

Tras la cumbre de la APEC, donde el Gobierno intentó capitalizar el hecho de codearse con los líderes de las economías más prósperas del mundo, Dina Boluarte vislumbró cierto fortalecimiento de su figura. Pero la fuga de su hermano y la última encuesta de Datum Internacional han pinchado sus ilusiones: la jefa de Estado registra el récord más negativo de su gestión y acaso de todos los presidentes en el mundo, con una aprobación de apenas el 3% y un rechazo que alcanza el 94%. “Esperemos la encuesta después de APEC a ver cómo nos va”, ha respondido el primer ministro, Gustavo Adrianzén, cuya aceptación despierta el mismo entusiasmo: tan solo el 6% de la ciudadanía confía en su gestión.

Según RPP Noticias, los vecinos de Nicanor Boluarte del pasaje Daniel Alomia, en el distrito de San Borja, no lo ven desde hace diez días. Hecho que abona las suspicacias de su paradero. El juez Richard Concepción Carhuancho subrayó que “su parentesco cercano con Dina Boluarte podría facilitar su salida del país como un prófugo de la justicia”. Se ha establecido que el investigado habría ocultado pruebas durante el allanamiento a su casa al encontrarse cajones vacíos y mensajes borrados en su celular. El hermano de la presidenta está no habido y el peligro de fuga es patente.

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