Condenados a 78 y 59 años de cárcel los policías que asesinaron a la concejala Marielle Franco en Brasil
La investigación del crimen de la política izquierdista y su chófer dio un vuelco con el impulso político que le dio el presidente Lula a la investigación tras años de pistas falsas y pocos avances
El antiguo policía militar y asesino a sueldo que descerrajó cuatro tiros y mató en 2018 a Marielle Franco, concejala izquierdista de Río de Janeiro (Brasil), ha sido condenado este jueves a una pena de 78 años de cárcel. Y su cómplice en el crimen, Élcio Queiroz, otro ex agente expulsado del cuerpo que aquella noche conducía el coche del ataque, a 59 años. Concluye así el juicio por el asesinato político más relevante de los últimos años en Brasil. Un jurado de siete hombres blancos ha declarado a ambos culpables del doble asesinato —Franco y su chófer, Anderson Gomes— tras deliberar poco más de una hora una vez concluidos los alegatos finales de un juicio que ha durado dos días y se ha celebrado en Río. El veredicto era esperado. Los dos acusados han alcanzado acuerdos de colaboración para revelar la trama a cambio de una reducción de pena. Solo cumplirán la pena impuesta ahora por la juez si incumplen el acuerdo de delación premiada.
Lessa, el tirador, ha pactado una pena máxima de 30 años que lo mantendría en prisión hasta 2037 a cambio de delatar a quienes le encargaron y financiaron el crimen de la política. Los términos del acuerdo de Queiroz se desconocen. Chiquinho y Domingos Brazão, dos hermanos, poderosos y turbios políticos conocidos en los bajos fondos y despachos de Río de Janeiro, fueron detenidos hace unos meses como autores intelectuales del crimen. Un comisario de policía al que se le encomendó investigar los homicidios fue arrestado en la misma operación por obstaculizar las investigaciones. Según el tirador, el comisario Rivaldo Barbosa diseñó el crimen de manera que los implicados nunca fueran atrapados. Los tres esperan encarcelados su juicio, aún sin fecha.
“La gente tiene que dejar de normalizar que asesinen a una concejala o que una bala perdida mate a un niño”, ha dicho la hermana de la concejala, Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial del Gobierno Lula. La madre de la víctima, Marinete; su padre, Antonio; su hija, Luyara, y la ministra estaban en la sala cuando la jueza ha dictado las penas. Todos ellos se han abrazado emocionados. Junto a ellos, las esposas de las víctimas. “Por tu madre, lo hemos conseguido”, le ha dicho el padre de Franco a su nieta.
La magistrada ha reconocido, en la sentencia, la trascendencia del caso y el temor de que quedara impune: “La justicia a veces es lenta, ciega, estúpida, injusta, equivocada y torcida, pero llega. La justicia llega incluso a aquellos que, como los acusados, creen que la justicia nunca los alcanzará”.
Durante los últimos seis años, en Brasil ha resonado una doble pregunta que este jueves ha empezado a ser respondida: ¿Quién mató a Marielle y por qué?”. El asesinato de Franco, una concejala novata, llegada a la política desde el activismo de derechos humanos, negra, criada en una favela, madre y casada con otra mujer, causó una enorme conmoción. En poco tiempo, que se hiciera justicia en el caso de Marielle y Anderson se convirtió en la gran bandera de la izquierda, hostigada por la extrema derecha, que llegó al poder de la mano de Jair Bolsonaro unos meses después del crimen.
La jefa de prensa de la concejala sobrevivió al atentado con heridas leves y este miércoles fue la primera testigo en el juicio. Los testimonios de la jornada los cerró el asesino, Lessa, que tras describir con absoluta naturalidad y frialdad cada paso de la trama criminal, pidió perdón a las víctimas y a sus allegados. El fiscal ha advertido este jueves de que ese gesto “es una farsa”.
Los ahora condenados fueron detenidos en el primer aniversario de las muertes, pero durante años solo rompieron el silencio para proclamar su inocencia. La investigación del doble asesinato dio un vuelco, según la madre de Franco, gracias al impulso político que le dio a la investigación el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras años de pistas falsas y pocos avances. Para las familias de las víctimas, el juicio a los autores materiales es solo el principio en la batalla, que han librado arropadas por infinidad de movimientos sociales, para que se haga justicia y los responsables sean castigados. El siguiente paso será que los Brazão, que estuvieron en el radar de la policía desde el principio, sean juzgados y condenados.
Human Rights Watch ha destacado en una nota que esta doble condena por el doble crimen “es muy importante para garantizar la justicia. Es fundamental que el Ministerio Público reúna pruebas robustas para condenar también a los mandantes”.