Venezuela lanza órdenes de captura contra 10 jueces, fiscales y políticos argentinos por entregar a Estados Unidos un avión venezolano-iraní

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este lunes una ampliación de las solicitudes de captura a diez jueces, fiscales y políticos argentinos por el caso del avión venezolano-iraní, que fue entregado en febrero a Estados Unidos. Estas nuevas solicitudes de aprehensión, que se suman a las ya giradas contra el presidente Javier Milei, su hermana, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son por los delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”. El fiscal ha señalado que son “personas que han actuado usurpando funciones y abusando de su poder”. Hace apenas siete días, la justicia argentina ordenó la captura internacional de Nicolás Maduro, y del ministro de Interior y número dos del régimen, Diosdado Cabello, por “secuestros, torturas, asesinatos”.

El caso que mueve a William Saab es el del avión de carga de la estatal retenido en el aeropuerto de Buenos Aires en 2022 a pedido de Estados Unidos, que había señalado que la aeronave servía para operaciones encubiertas de agentes venezolanos e iraníes en toda América Latina. El piloto de la aeronave fue entonces señalado como miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán. El aparato estaba a punto de quedar en un limbo judicial cuando finalmente fue incautado por Washington en febrero de este año. Las medidas de Venezuela por este caso son la reacción a los pedidos de captura de la semana pasada. El 23 de septiembre, un tribunal argentino falló en contra del Gobierno chavista tras supuestamente comprobar “que existe un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado, cuanto menos, desde el año 2014 hasta el presente”.

El avión en cuestión, un Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur, la subsidiaria de cargas de Conviasa —una aerolínea creada por Hugo Chávez en 2004—, aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022. Venía de México y, tras hacer una escala en Venezuela, llegó supuestamente cargado de autopartes de coches. Según explicó una fuente cercana al caso a este periódico, que prefiere mantener el anonimato, Estados Unidos cuenta con la legislación necesaria para poner bajo resguardo la tecnología nacional y, al tratarse de un vehículo fabricado y desarrollado en territorio estadounidense, solicitó a Argentina primero que lo ponga bajo custodia y luego que se lo devuelva. El juez Federico Villena, ahora entre los que tienen pedido de captura, autorizó el decomiso de la aeronave a partir de un tratado que tienen firmado Washington y Buenos Aires de colaboración judicial.

Cuando el avión fue retenido en Buenos Aires, la justicia detuvo a 14 venezolanos y cinco iraníes que formaban parte de la tripulación. Luego fueron liberados por falta de evidencia, no había pruebas para avanzar en un juicio aunque continuaban procesados. Consultado sobre las órdenes de captura anunciadas este lunes, Villena ha dicho: “Los jueces estamos sometidos a presiones permanentes, y es parte de nuestro trabajo poder sobrellevarlas, lo cierto es que preocupa el menoscabo a la independencia del Poder Judicial argentino con esta medida. Creo que es una preocupación de la cual deben tomar nota todos los poderes judiciales latinoamericanos y ministerios públicos”. Los otros argentinos que aparecen en la lista son los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias, la abogada María Eugenia Talerico, y los políticos Gerardo Milman, Ricardo López Murphy, Yamil Santoro y Franco Rinaldi.

“Lo ocurrido fue resultado de un plan fraguado durante 20 meses que se materializó el 12 de febrero de este 2024 cuando el avión partió de Buenos Aires con destino a Estados Unidos donde fue absolutamente desmantelado”, señaló Saab. “Este crimen contó con el papel determinante del diputado Gerardo Milman, perteneciente al macrismo [el partido del derechista Mauricio Macri] más rancio, quien conspiró con la delegación de asociaciones israelitas-argentinas”. El funcionario chavista acusó a Milman de “construir el relato” que se utilizó para retener el avión. “Este pseudo diputado comenzó a decir que había ‘unos comportamientos anómalos’ del vuelo de Emtrasur y señaló que podían ser parte de una operación de la inteligencia venezolana y la inteligencia iraní en territorio argentino. Una burda y manida teoría de conspiración para dañar al Estado venezolano”.

Milman ha respondido al fallo judicial a través de su cuenta en la red social X. “No teníamos pensado ir de vacaciones a Isla Margarita, el régimen no puede responder por sus atrocidades y hace mímica de legalidad”, ha escrito. Yamil Santoro se sumó a las respuestas, en la misma red social: “Para mí es un honor que un gobierno asesino y fraudulento pida mi cabeza por haber frustrado sus operaciones”. Aunque las órdenes de aprehensión del Gobierno chavista no tendrán en principio un alcance internacional mayor, podrían afectar a los acusados en países que sí reconozcan la justicia venezolana, como es el caso de Irán o Cuba.