Los “desaparecidos” de Ortega: nada se sabe de nueve presos políticos en Nicaragua

El 5 de septiembre de 2024, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a 135 presos políticos hacia Guatemala, en las prisiones de Nicaragua quedaron 36 personas también consideradas reos de conciencia. Hasta la fecha, la administración sandinista no sólo no ha revelado la lista de los expulsados del país, sino que guarda las identidades, el paradero, la condición física y de salud de quienes no fueron excarcelados.

Para los familiares de los 36 presos políticos, las semanas de septiembre han sido angustiantes. Los pocos que han podido visitar a los detenidos dan cuenta de la desesperación en la que se encuentran: mezclas de ansiedad y depresión por el hecho de no haber sido excarcelados, a pesar de que eso suponga el despojo de su nacionalidad nicaragüense y la confiscación de sus bienes, tal cual ha sucedido con los dos grupos presos políticos desterrados, primero los 222 expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023 y los recibidos por el Gobierno de Bernardo Arévalo.

La operación para trasladar a las 135 personas hacia ciudad de Guatemala fue coordinada por el Gobierno de Estados Unidos y el de Arévalo, pero ellos no han dado a conocer el listado oficial de desterrados, alegando que eso le corresponde a Managua. Durante los primeros días de la expulsión de Nicaragua de los 135 presos políticos, organismos de derechos humanos trabajaron sin descanso identificando a las personas que fueron recibidas por los chapines. Se concluyó que en Managua quedaron al menos 36 presos políticos, entre ellos nueve casos considerados de extrema gravedad: personas que desde que fueron detenidas por policías o civiles se desconoce su paradero.

No solo sus familiares no han logrado saber cómo y dónde están, sino que nunca han sido presentados ante un juez para hacerles imputaciones políticas. El Gobierno tampoco ha asumido, por ningún medio, que están bajo su cautiverio. A pesar de la insistencia de los organismos de derechos humanos y familiares, el régimen sandinista guarda absoluto silencio sobre estas nueve “desapariciones forzadas”. La zozobra ha hecho elucubrar sobre el estado de estas personas: “¿Cómo están? ¿Están graves de salud? ¿Dónde están? ¿Están vivos?”, son algunas de las preguntas más urgentes que se plantean sus seres queridos, quienes prefieren el anonimato para evitar represalias.

La Coalición Nicaragua Lucha, un consorcio de organizaciones defensoras de de derechos humanos como la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), denunciaron ante Naciones Unidas lo que califican como “terrorismo de Estado”: “Denunciamos el retorno intensificado del patrón de desapariciones forzadas, y ‘de corta duración’ por motivos políticos en Nicaragua como un instrumento para reprimir a los opositores y críticos al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

“Denunciamos que, como una estrategia de control absoluto sobre el territorio y la vida nicaragüense, las desapariciones forzadas de ‘corta duración’ se incrementaron reproduciendo las violaciones a los derechos de las víctimas y sus familias”, aseguran en un comunicado emitido esta semana. “La desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. Se hace primordial profundizar sobre la situación de Nicaragua para la presión internacional con acciones concretas contra la impunidad del régimen autoritario de Ortega y Murillo”.

Un diputado indígena y una periodista

Entre los casos más sonados de “desaparición forzada” se encuentran el diputado y líder indígena Brooklyn Rivera y la comunicadora social Fabiola Tercero. Desde que fueron detenidos no se sabe nada de su paradero. Rivera, otrora aliado del sandinismo, fue arrestado en marzo de 2023. Mientras que Tercero fue capturada en julio de 2024.

Las otras personas en paradero desconocido son: Jaime Navarrete Blandón, Eddie González Valdivia, Gerson Zeledón Motta, Carmen Sáenz Martínez, Lesbia Gutiérrez Poveda, Evelyn Matus Hernández y Domingo Mungía Carrión.

Los organismos de derechos humanos aún no identifican como presos políticos a los funcionarios sandinistas y trabajadores públicos que han sido defenestrados por la pareja presidencial, en medio de “una purga” y “compactación del Estado”. Una campaña de “cortes de cabeza” en las instituciones públicas que viene ejerciendo la “copresidenta” Rosario Murillo desde hace meses, como parte de su plan de garantizar “lealtades” para la sucesión dinástica. La razón de porqué estos sandinistas no figuran en las listas de presos políticos es porque los organismos de derechos humanos necesitan la denuncia de un familiar para empezar a investigar.

Nuevas detenciones

Hasta este 25 de septiembre, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifra en 45 los reos de conciencia. Es decir que a los 36 que quedaron en prisión se les suman otros nueve.

“Entre agosto y septiembre, se ha mantenido un estado de persecución y represión generalizada en la sociedad nicaragüense. Esta represión ha alcanzado a la feligresía religiosa. Actualmente integran la lista por motivo de persecución religiosa dos laicos de la Iglesia Católica y un pastor Bautista”, recoge la organización basada en el exilio.

El Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas resalta que han recibido información sobre amenazas y hostigamientos hacia familiares de los reos de conciencia que están dentro de Nicaragua. “Esto evidencia una estrategia de control y violencia que se ha intensificado en los últimos años. No solo se enfrentan a detenciones arbitrarias. Estas personas continúan siendo víctimas de amenazas y actos de intimidación por parte de la policía y las autoridades, vulnerando gravemente sus derechos”, denuncian.

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