Muere el autócrata Alberto Fujimori, expresidente de Perú, a los 86 años
El caudillo que gobernó Perú con puño de hierro en los noventa fue excarcelado hace nueve meses por un cuestionado indulto
Fue el autócrata que gobernó Perú con puño de hierro durante la década de los noventa, cumplió 16 años en la cárcel de los 25 a los que fue condenado por ser el autor intelectual de las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y el pasado diciembre salió de prisión por un indulto humanitario. El expresidente Alberto Fujimori ha muerto este miércoles en Lima a los 86 años, según ha anunciado su hija Keiko Fujimori en la red social X. “Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori”, ha escrito la líder del partido Fuerza Popular. El político nikkei había vuelto a la primera línea en los últimos meses como influencer y youtuber y su propia hija llegó a afirmar que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2026. Fujimori ha fallecido un 11 de septiembre, el mismo día en que, a su misma edad, hace tres años, murió Abimael Guzmán, líder de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
La figura de Fujimori nunca dejó de sobrevolar la vida política de Perú precisamente debido a la brutal represión que desató mientras se mantuvo en el poder. La concesión del indulto lleva años dividiendo a la opinión pública del país. El exmandatario pudo abandonar la cárcel gracias a una decisión del Tribunal Constitucional, que revalidó un indulto otorgado en el 2017 por su precaria salud. Entonces salió del penal de Barbadillo el día de Nochebuena y se internó en una clínica, donde permaneció casi 100 días. Sin embargo, debió regresar a prisión tras revocarse el fallo. La decisión del Constitucional contravino una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ha colocado al Gobierno de Dina Boluarte en una posición de desacato frente al sistema interamericano de justicia.
El Ejecutivo de Dina Boluarte ya se ha puesto en marcha para organizar un funeral de Estado. Así lo ha adelantado el primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien contactará a los familiares de Fujimori para coordinar la ceremonia. “Queremos expresar nuestras condolencias a familiares, amigos y partidarios de quien fuera el presidente Alberto Fujimori”, ha manifestado esta tarde en una conferencia de prensa. Según el protocolo oficial, se prevén este tipo de funerales para todos los que han sido jefes de Estado. El simbolismo del ceremonial incluye izar la bandera a media hasta y un día de duelo oficial. Tras conocerse el deceso, la Presidencia de la República había trasladado su pésame a través de las redes sociales y lamentado “el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori”. “Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz”, prosigue el comunicado.
Diversas fuentes periodísticas habían alertado en las últimas horas de que su estado era crítico. La semana pasada fue captado por la prensa en silla de ruedas a la salida de una clínica local. Al ser consultado sobre su estado de salud solo atinó a decir que había ido a hacerse algunos chequeos sobre sus múltiples males. Antes de conocerse su muerte, un sacerdote fue visto saliendo de la casa de Keiko Fujimori, en el distrito limeño de San Borja. También ingresaron algunos congresistas del partido Naranja y su médico de cabecera, que dijo que el exmandatario estaba luchando por su vida.
Fujimori dio en abril de 1992 un autogolpe de Estado con el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Cerró el Congreso, intervino el poder judicial y asumió así, de facto, todos los poderes del Estado. Sus simpatizantes le reconocen la gestión económica y la guerra contra Sendero Luminoso. Por el camino, sin embargo, en Perú se perpetraron abominables crímenes orquestados desde el corazón del Estado y gravísimas violaciones de los derechos humanos, según los tribunales y múltiples organismos internacionales. Su mandato estuvo marcado además por una trama de corrupción estructural. En septiembre del año 2000, su antiguo asesor Vladimiro Montesinos, que se encuentra en la cárcel, entregó 15.000 dólares a un congresista opositor. El soborno quedó grabado y difundido. Fujimori huyó a Japón, desde donde renunció por fax a la Presidencia, y después se fue a Chile, país que finalmente lo extraditó en 2007.
A lo largo de este año, Fujimori había tenido un papel bastante activo en las redes sociales, donde produjo diversos videos para limpiar su imagen de diversos acontecimientos que lo incriminan. Además se afilió a la agrupación política liderada por su hija. En julio pasado fue precisamente Keiko quien aseguró que su padre sería la principal carta del fujimorismo para las elecciones generales del 2026. “Yo creo que es él quien debe llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial”, dijo la política que perdió las últimas tres elecciones por un estrecho margen.
Las declaraciones abrieron un debate público, pues según la Constitución, todos aquellos condenados por haber cometido un delito doloso, sea en calidad de autores o cómplices, tienen prohibido aspirar a un cargo de elección popular. Y se ha indicado que el indulto no desaparece la condena. Lo cierto es que el mes pasado el Congreso aprobó una ley que favorece directamente al autócrata, pues libra de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma.
En un hecho que despertó el rechazo de un gran sector de la población, el Congreso también había aprobado una pensión vitalicia para Fujimori. Según la ley, los expresidentes constitucionales deben recibir una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, pero este beneficio queda suspendido en caso de contar con una acusación constitucional, a menos que el Poder Judicial declare su inocencia. Fujimori mantenía una deuda millonaria con el Estado peruano que asciende a 15 millones y medio de dólares. Según el Informe Global sobre la Corrupción 2004, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, el político, quien supo gozar del apoyo de un sector de las clases populares, se encuentra en el séptimo puesto entre los diez mandatarios más corruptos.