Protestas en Santa Cruz contra el censo que contó “pocos bolivianos” en la región

El resultado del censo de la población que Bolivia realizó el 23 de marzo ha causado la reacción de las regiones y los partidos opositores al Gobierno de Luis Arce. Los bolivianos son bastantes menos de lo que esperaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) en una proyección de 2022. La cifra es de 11.312.620 de habitantes y no de 12 millones, como se creía debía tener el país. Esta diferencia, que tiene consecuencias económicas y políticas, ha desconcertado y enfurecido a varias de las élites locales bolivianas, normalmente opositoras. El 2 de septiembre, con una marcha, comenzaron las protestas en Santa Cruz, el departamento (región) que se considera más “perjudicado” por la medición demográfica.

En Bolivia, la repartija de la recaudación tributaria y el número de diputados dependen de la cantidad de habitantes de cada territorio. Así que estos desean ser lo más populosos posible, a fin de recibir más recursos y tener más representantes en el Parlamento. Por esta razón, los censos suelen causar amargas disputas entre los departamentos del país, así como entre estos y los gobiernos que los organizan.

El principal dirigente político de Santa Cruz ha hablado de un “fraude censal” realizado por el Gobierno de Luis Arce. “Se constata una manipulación grosera de las cifras del censo, que perjudica de manera clara a Santa Cruz”, posteó el exgobernador del departamento Luis Fernando Camacho, que está preso con cargos de terrorismo y conspiración para derrocar al presidente Evo Morales en 2019.

Santa Cruz tiene 3,1 millones de personas según el censo, por debajo de la proyección, que era de 3,6 millones y lejos de los 4 millones que estableció un “censo regional” organizado por las instituciones cruceñas el año pasado. En ese momento, el Gobierno afirmó que este no era un censo, sino una encuesta, un método inadecuado para cuantificar a una población. Anticipó que la misma se usaría para desprestigiar al censo nacional. El director del INE, Humberto Arandia, ha insistido ahora en que no puede compararse “lo estimado” con “lo observado”. Santa Cruz es la región más poblada del país, pero a muy poca distancia de La Paz.

Los representantes cruceños están planteando toda clase de denuncias y llamando a protestar en las calles. Han descrito lo sucedido como el “robo de un millón de personas a Santa Cruz” y han pedido diferentes tipos de auditorías externas del trabajo del INE. Hace medio año, cuando el censo estaba a punto de llevarse a cabo, dirigentes y medios de comunicación preveían que confirmaría “la potencia de Santa Cruz” y que la región obtendría cuatro diputados e ingresos por 80 millones de dólares adicionales. Nada de esto se ha cumplido. Por ejemplo, se calcula que la bancada parlamentaria cruceña solo subirá, de los 28 diputados que tiene hoy, a 29, sobre un total de 130 legisladores. Este puesto adicional lo tendrá que ceder la región de Chuquisaca, el núcleo territorial en el que se fundó Bolivia, hoy despoblado por la emigración de su gente al oriente agroindustrial.

La misma protesta se está dando en el nivel municipal. Los alcaldes de la capital de Santa Cruz, que con 1,6 millones de personas es la ciudad más poblada del país, y de la ciudad de El Alto, que es la segunda con 885.045 habitantes, se han quejado de lo “incomprensiblemente poco” que, en su opinión, ha crecido la población de sus urbes en los 12 últimos años, desde el anterior censo de 2012.

Las autoridades gubernamentales piensan que la caída de la población proyectada se ha debido a la disminución de la tasa de fecundidad, que bajó de los 2,62 hijos por mujer calculados previamente a 2,1 hijos por mujer. Esta es una tendencia latinoamericana causada por los cambios culturales y sanitarios. También hablaron de un aumento de la tasa de mortalidad por la reciente pandemia. Otra razón para los desfases es la costumbre de los migrantes urbanos de viajar a sus comunidades de origen el día del censo. Aun así, el 55% de la población vive en las capitales y el 77% en el llamado “eje central” conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Muchos municipios rurales han perdido población, confirmando la existencia de una “Bolivia vacía” en la zona más pobre del país, al sur del altiplano andino.

El origen de las disputas censales se remonta a 1994, cuando una reforma de la organización del Estado definió que la bolsa de impuestos del país se repartiera a los gobiernos descentralizados de acuerdo a la población de cada territorio, un indicador que se creyó más objetivo y fácil de determinar que el de necesidades insatisfechas o pobreza.

A causa de sus expectativas de crecimiento, Santa Cruz paró durante 36 días en 2022 para lograr que el censo se realizara en 2023, algo que al final no consiguió. Esta región disputa el liderazgo económico con La Paz, la capital administrativa del país, y es celosa defensora de su autonomía respecto al gobierno central con sede allí. Este antagonismo histórico también se expresa políticamente: los gobernadores de Santa Cruz han sido opositores a los gobiernos del Movimiento al Socialismo de las últimas dos décadas, acusándolos, entre otras muchas cosas, de favorecer a La Paz, que es el baluarte de la izquierda boliviana.

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