Rodrigo Chaves juega la carta polarizadora del referéndum al llegar a mitad de su mandato en Costa Rica

El presidente Rodrigo Chaves toca el punto medio de su cuatrienio en Costa Rica con un llamado popular a bordear al Legislativo y someter a referéndum una serie de propuestas que no ha logrado aprobar. Cuestionado por instituciones ajenas al control del Ejecutivo e incapaz de pactar con la mayoría opositora de la Asamblea, que le reprocha un estilo populista y autoritario ajeno a las usuales formas políticas del país centroamerican...

El presidente Rodrigo Chaves toca el punto medio de su cuatrienio en Costa Rica con un llamado popular a bordear al Legislativo y someter a referéndum una serie de propuestas que no ha logrado aprobar. Cuestionado por instituciones ajenas al control del Ejecutivo e incapaz de pactar con la mayoría opositora de la Asamblea, que le reprocha un estilo populista y autoritario ajeno a las usuales formas políticas del país centroamericano reconocido por su estabilidad democrática, el mandatario aprovechó la obligación de rendir su informe anual ante los legisladores para lanzar una propuesta provocadora.

“Les informo intención de promover un referendo para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con aprobar proyectos indispensables (...) para que el pueblo legisle de manera directa sin participación de los diputados”, dijo Chaves en referencia al mecanismo que Costa Rica ya utilizado una vez en su historia, cuando en 2007 sometió a consulta popular la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Tras meses de críticas y calificativos peyorativos contra diputados opositores, contra autoridades públicas ajenas al Ejecutivo, contra los mandos medios de las instituciones y ante la imposibilidad de llevar adelante proyectos debido a objeciones legales o por rechazo de las bancadas opositoras, el presidente que ganó en 2022 como un outsider contra la política tradicional confía en el apoyo que aún recibe de casi la mitad de la población, según encuesta de la Universidad de Costa Rica en enero. Será el “pueblo”, concepto que es casi una muletilla en sus discursos, y no el Poder Legislativo el que tome la decisión final sobre un paquete de proyectos tan diversos que podrían ir desde la privatización del Banco de Costa Rica, una de las dos entidades bancarias comerciales del Estado, hasta la legalización de extender jornadas laborales de 12 horas por cuatro días en la semana, así como otros proyectos cuyos mecanismos legales han sido refutados por la Contraloría General de la República.

Chaves prolonga así su permanente “modo electoral”, desde que logró vencer de manera sorpresiva en segunda ronda al tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) y decidió gobernar aferrado a la alta popularidad que gozó al principio y que se ha reducido en volumen conforme crece en intensidad. La vieja fórmula de “decir lo que la gente quiere escuchar”, así confesado por su estratega de campaña, se ha convertido en la savia del mensaje presidencial, aunque el movimiento político afín fracasó en las elecciones municipales de febrero y una encuesta de marzo de la Universidad Nacional indica que en un año bajó de 58,6% a 43% el apoyo popular a la manera como él se expresa sobre otras instituciones.

En paralelo, Chaves insiste en un discurso de supuesto combate a las élites, con el problema de que la inversión social ha sido limitada, la mayoría de promesas sigue pendiente y la mejoría que reconocen todos los sectores se centra en indicadores macroeconómicos. La figura de “economía jaguar” usada por un reporte financiero internacional sobre Costa Rica ahora es central en los resultados que presenta Chaves como propios y hasta se refleja en un nuevo logo de la imagen presidencial. En las redes sociales no faltaron las comparaciones con el león de Javier Milei en Argentina.

“Un futuro próspero requiere de gente valiente, de gente que despierta y toma la forma de un jaguar empoderado, les ruego que se hagan oír cuando los depredadores intenten mantener o recuperar sus privilegios”, leyó Chaves al rematar su discurso de dos horas en el plenario legislativo ante las cinco bancadas opositoras y los únicos ocho diputados oficialistas (14% de las curules). Esa reacción popular deseada por Chaves va ligada a la participación en un referendo que significaría, según dijo “un reverdecer de la democracia” y un paso más en lo que insiste en llamar “revolución pacífica” de su gobierno. En una entrevista reciente a una televisora afirmó que él ni el pueblo necesitan a los diputados.

La ley costarricense prevé la posibilidad de convocatoria de un referendo por convocatoria del Ejecutivo, pero exige una aprobación legislativa por una mayoría absoluta que parece improbable en la confrontación actual. El otro camino se llama “iniciativa ciudadana” y bastaría recoger la firma del 5% del padrón, unas 165.000 personas, una cantidad asequible si además se considera la participación de actores políticos informales que actúan como influenciadores desde redes sociales. Las reglas impiden celebrar referendos en los seis meses previos a elecciones nacionales, con lo cual este debería realizarse antes de agosto del 2025 y hace que el tiempo sea escaso. Tampoco parece llevar todas las de ganar, pues uno de los proyectos que sometería a consulta, el de privatizar el BCR, lo apoya sólo un tercio de la población, según la encuesta de la Universidad Nacional.

Sin embargo, Chaves no detalló el formato que buscaría ni la lista de proyectos e incluso dejó abierta la puerta a desistir del referendo si los diputados ceden a sus propuestas. “La decisión está tomada, pero se podría revertir solo si ustedes están dispuestos a comprometerse con proyectos por el país (...) Dependerá de la calidad del diálogo que podamos entablar con el nuevo Directorio y las nuevas jefaturas de las fracciones”, añadió en el discurso.

Se refería al órgano directivo de la Asamblea Legislativa elegido este Primero de Mayo, con la reelección del veterano político Rodrigo Arias, del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), ministro de presidente en los dos gobiernos de su hermano Óscar (1986-1990 y 2006-2010) y negociador de los votos legislativos que permitieron el referendo del 2007. El legislador pronunció su discurso de réplica ante Chaves y dejó claro el grado de discordia frente al mensaje presidencial. “Si bien reconozco varios de los logros económicos de su gestión (...) los datos nacionales señalan con un doloroso dedo de reproche a una inmisericorde ausencia de prioridad social en las políticas económicas de su gobierno”, dijo Arias antes de señalar otras críticas al gobierno actual, sobre todo por el tono confrontativo que ha impedido negociaciones políticas fluidas para avanzar en reformas.

“Su incesante e innecesario discurso confrontativo contra esta Asamblea Legislativa, contra el Poder Judicial, contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra la Contraloría General y contra cualquier otra institución o persona que no comparta su visión, no hace más que acercar a nuestra democracia hacia el despeñadero”, afirmó un día después de advertir sobre la necesidad de estar “alerta” ante posibles rupturas de reglas de la Constitución o del Estado de Derecho. El referendo como mecanismo no es necesariamente una de ellas, pero las preocupaciones están activadas en algunos sectores opositores.

“El uso del referéndum debe hacerse siempre según lo dispuesto en nuestra Constitución, en la ley y bajo el espíritu democrático por el cual fue creado. Sin embargo, procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir contra los Poderes de la República y contra nuestra institucionalidad, es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este congreso”, agregó Rodrigo Arias mientras Chaves lo escuchaba sin dejar de gesticular.

Otras bancadas señalaron la propuesta de referendo como un chantaje o un nuevo acto para verter culpas y deudas de su gobierno sobre hombros ajenos. Y otros grupos, de izquierda o de derecha, no titubean en describir al mandatario como un líder autoritario que intenta seguir pasos de Nayib Bukele en El Salvador, pero con un grave deterioro de la seguridad y limitado por controles y contrapesos institucionales alejados de las manos del gobierno central. Para Chaves, sin embargo, la institucionalidad es sólo un “concepto abstracto” que protege a grupos privilegiados opuestos a las políticas de su gobierno en lugar de servir a la población. “El pueblo lo demanda a gritos”, dijo alzando la voz.

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