Una nueva condena por pederastia golpea a la Iglesia católica en Costa Rica

En Coronado todavía funciona aquello de infierno grande en pueblo chico. Ubicado en las faldas de las montañas al norte de San José, la capital de Costa Rica, el municipio fue la casa de O. J., el joven que se atrevió a denunciar al sacerdote que había abusado sexualmente de él en 2007, cuando a los 12 años era monaguillo del templo neogótico del pueblo. Aquella denuncia fue el detonante de una ola de hostigamiento y rumores que...

En Coronado todavía funciona aquello de infierno grande en pueblo chico. Ubicado en las faldas de las montañas al norte de San José, la capital de Costa Rica, el municipio fue la casa de O. J., el joven que se atrevió a denunciar al sacerdote que había abusado sexualmente de él en 2007, cuando a los 12 años era monaguillo del templo neogótico del pueblo. Aquella denuncia fue el detonante de una ola de hostigamiento y rumores que incluyeron la falsedad de que el muchacho solamente se estaba vengando del sacerdote porque había sido acusado de robar dinero en la parroquia. Años después, los tribunales han dado la razón a la víctima.

Así los estableció esta semana un tribunal penal de San José al condenar a 18 años de cárcel al cura Manuel Guevara por abusos sexuales contra un menor de edad. La sentencia llega cinco años después de que la víctima se atreviese a llevar su caso a la Justicia al calor de una serie de denuncias que en 2019 desataron una crisis en la Iglesia Católica hasta obligar a la Conferencia Episcopal a pedir perdón por su negligencia.

Fue en 2019 cuando el joven presentó la denuncia penal y cuando detuvieron al religioso. Todo ocurría mientras en el Vaticano el Papa presidía una cumbre para visibilizar el problema global de la pederastia en la Iglesia. En Costa Rica, único Estado confesional de América, ha sido un quinquenio turbulento para la Iglesia local, cuya cúpula fue condenada en 2022 por encubrir a un prominente sacerdote llamado Mauricio Víquez que ahora cumple cárcel por violación.

En estos cinco años O. J. esperó el avance de su caso en tribunales sin perder la fe. Se mudó a otro pueblo para caminar tranquilo por la calle. Él y su familia confiaban en que llegaría el castigo para Guevara, que había sido detenido tras ser separado de otra parroquia, adonde se trasladó después de los problemas en Coronado. La Iglesia reportó primero que el sacerdote se iba para atender “responsabilidades personales”, pero pocos días después dio un tímido paso más y admitió “supuestos comportamientos inadecuados en relación con un menor de edad”, aunque desde tiempo atrás se conocía internamente la denuncia contra el cura e incluso la acusación de otra presunta víctima cuyo caso judicial no prosperó por prescripción.

Convencido de que Guevara también fue protegido por sus superiores eclesiásticos antes de 2019, O. J. confiaba en la contundencia de las pruebas y en los alegatos erráticos del demandado. La sentencia se leyó finalmente este martes, en un fallo unánime del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. El sacerdote fue hallado culpable de seis delitos de abuso sexual, lo que suma 36 años de prisión, pero por reglas procesales la pena queda en 18 años. “Siempre tuve fe de que esta iba a ser la sentencia, pero ahora me siento muy aliviado”, dijo el joven a EL PAÍS, consciente de que la condena puede ser apelada.

La sentencia llega como un recordatorio para la Iglesia Católica de que las “turbulencias” de 2019 no se han disipado y de que la imagen de encubrimiento persiste a pesar de pagar una suma considerable de dinero a las cuatro víctimas para librar de cargos legales al arzobispo de San José, José Rafael Quirós. Guevara sigue siendo sacerdote, aunque sin funciones, mientras la Arquidiócesis espera una resolución desde Roma para una posible expulsión.

“La Iglesia tardó mucho en reaccionar internamente y quiso ganar tiempo, quizás para que prescribiera mi caso. No actuaron hasta que vieron que pude presentar la denuncia en el sistema judicial”, añadió la víctima.

Guevara, de 57 años, está ahora bajo vigilancia policial para evitar una fuga, como hizo Mauricio Víquez cuando conoció de las denuncias en su contra, hasta que fue detenido en México y enviado a Costa Rica en 2021 para enfrentar a la Justicia y recibir una pena de 20 años por violación. Él también ejerció como sacerdote durante años, a pesar de las denuncias internas, hasta que las demandas penales no dieron margen para más y fue expulsado.

“El proceso canónico del padre Manuel Guevara concluyó todas sus etapas en la Arquidiócesis de San José en 2019 y se está a la espera de la resolución de la Santa Sede. De momento se le mantienen las medidas cautelares de suspensión del ministerio sacerdotal”, contestó escuetamente la Arquidiócesis esta semana. También se conoció el pago de una indemnización de unos 10.000 dólares por daño moral, una suma pequeña para la víctima e insignificante frente a la responsabilidad de la Iglesia a la que sigue perteneciendo O. J., quien aún confía en el éxito de la campaña interna que el Papa libra contra esos que en 2019 llamó “lobos voraces” de la pederastia.

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