El ‘caso Gamboa’, un triple asesinato que cuestiona la típica versión oficial sobre la violencia policial en Brasil

La fiesta del martes de Carnaval de 2022 acabó con tres vecinos muertos de madrugada por disparos de la policía en un barrio pesquero y pobre de Salvador de Bahía que, con sus casitas de colores, es una de las estampas más fotografiadas de la ciudad. La primera versión policial siguió el patrón típico de la guerra contra las drogas: tras una ll...

La fiesta del martes de Carnaval de 2022 acabó con tres vecinos muertos de madrugada por disparos de la policía en un barrio pesquero y pobre de Salvador de Bahía que, con sus casitas de colores, es una de las estampas más fotografiadas de la ciudad. La primera versión policial siguió el patrón típico de la guerra contra las drogas: tras una llamada anónima alertando sobre hombres armados, los agentes entran en el barrio de Gamboa, los criminales oponen resistencia, los reciben a tiros y, en el enfrentamiento, tres jóvenes mueren tiroteados. Dos años después, tres policías militares están procesados por homicidio cualificado de los tres vecinos y por fraude procesal.

El de Gamboa es un caso emblemático de la violencia policial en Brasil porque la Fiscalía sostiene que los agentes actuaron como tantas veces denuncian las familias de las víctimas: los mataron a sangre fría, les plantaron armas, manipularon la escena del crimen y amenazaron a los testigos.

Aquella noche a Silvana dos Santos, de 43 años, le arrebataron a uno de sus ocho hijos. “Se los llevaron a una casa abandonada. Fui hasta allí y me presenté como la madre de uno de ellos, no dije de cuál. Mi hijo estaba todavía vivo. Lo sé porque lo oí. [Los policías] me apuntaron con un arma en la cabeza. Grité mucho pero me fui. Los ejecutaron. Si hubiera insistido, quizá yo sería otra víctima y no estaría aquí contando la historia”, relata entre sollozos.

El radical giro del caso, conocido como la matanza de Gamboa, es muy poco habitual en Brasil, un país donde en 2022 más de 6.400 personas —sospechosos o transeúntes— murieron en operaciones policiales, según los últimos datos del Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eso significa que el 13% de las muertes violentas son obra de uniformados.

Bahía, cuya capital es Salvador, tomó hace unos meses el relevo de Río de Janeiro como el Estado donde la policía es más letal; los agentes son responsables de una de cada cuatro muertes violentas en esa región. En todo Brasil, las víctimas son casi siempre hombres jóvenes negros. Los pocos casos de violencia policial que llegan a juicio se alargan durante años y suelen sufrir múltiples vaivenes para acabar en la absolución de los policías o penas leves. Precisamente hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por la operación Castelinho, en 2002, en la que la policía mató a 12 supuestos miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) que iban en un autobús en São Paulo. Dispararon más de 700 balas. Con los años, el PCC se ha convertido en el grupo criminal más poderoso de Brasil. EE UU acaba de sancionar a uno de sus blanqueadores de dinero.

De vuelta a Salvador de Bahía y a aquella noche de carnaval, el barrio de Gamboa se movilizó inmediatamente después de la mortal incursión policial. Cuando ya había amanecido, cortaron una gran avenida adyacente. Interrumpido el tráfico, la protesta fue noticia. Mientras el jefe de la Policía Militar difundía la versión oficial en una entrevista televisiva, un grupo de mujeres de Gamboa cortaba el paso a los coches y proclamaba que la policía entró disparando a diestro y siniestro. Reclamaban paz y justicia.

Entre ellas, la mencionada señora Dos Santos, la madre de Alexandre Santos dos Reis, de 20 años. Mujer valiente, cuestionó entre lágrimas la versión policial mientras sujetaba fuerte el micrófono ante la cámara. Alexandre era uno de sus hijos medianos. “Maravilloso, me respetaba, me trataba como a una madre, me ayudaba”, cuenta. Ya aquel día apeló en televisión a la justicia divina. “Confío más en mi dios, que es justo y fiel, que en la justicia de los hombres”, afirma. “Las otras madres tienen miedo, yo no. Si me callo, el próximo puede ser otro de mis hijos varones o mis nietos”. Reclama justicia y una reparación: por ejemplo, un empleo.

Los policías segaron las vidas de su hijo Alexandre, de Cleverson Guimarães Cruz, de 22 años, y de un menor, Patrick Sousa Sapucaia, de 16.

Detalla el pliego de acusación de la Fiscalía, publicado por Ponte Jornalismo, que aquel 1 de marzo de 2022 los tres vecinos están de fiesta en Gamboa cuando la policía abre fuego. Dos son alcanzados por disparos y, junto al tercero, llevados por los agentes a una casa abandonada. Las pruebas periciales muestran disparos de subametralladora en el pecho de los tres. Después, los uniformados limpian la sangre (y de paso destruyen pruebas) “usando una escoba y un balde de agua” confiscados a algún vecino con el fin de “eximirse de responsabilidad en el proceso penal”. En un movimiento también habitual, “fingiendo que estaban con vida, [los policías] los llevaron al hospital”, en donde al ingresar certificaron las muertes. El escrito añade que plantan una pistola y un revolver a las víctimas para sostener la tesis del enfrentamiento y “acogerse a la excluyente de ilicitud de la legítima defensa”. Las armas colocadas estaban oxidadas e inservibles y las pruebas indicaron que ninguna de las víctimas tenía restos de pólvora en las manos.

El abogado Wagner Moreira, de 38 años, coordinador de Ideas Assesoria Popular, una organización de la sociedad civil, se incorporó al caso para ayudar a los vecinos de Gamboa a difundir la contranarrativa frente a la versión oficial, defender sus derechos y presionar a las autoridades competentes. Durante el primer año, no hubo ni un avance, pero sí alguna visita intimidatoria a la barriada por parte de los policías implicados.

Moreira destaca, en una entrevista, el coraje de las familias y los vecinos. Con ese apoyo, él y su equipo lograron que los fiscales especializados en seguridad pública (agrupados en el Geosp) se fijaran en el caso Gamboa y lo investigaran a fondo. Realizaron pericias técnicas y una reconstrucción. Una comisión de asuntos internos de la Policía Militar “llegó a la conclusión de que había fuertes indicios de ejecución y de que les plantaron las armas”, recuerda el coordinador de Ideas. Añade que, sin embargo, otra comisión del mismo cuerpo policial concluyó que “no hubo delito ni irregularidades” por parte de los agentes. Prevaleció la tesis que desde el principio defendieron las familias.

Por eso, tres policías militares se sentarán en el banquillo por el asesinato del trío de vecinos. Además, los agentes, junto a un cuarto policía que conducía la patrulla, serán juzgados ante un tribunal militar por manipular la escena del caso. La primera audiencia, prevista para el miércoles de esta semana, ha sido aplazada a mayo, según la señora Dos Santos.

Recalca la Fiscalía que el triple crimen fue consecuencia del escaso valor que se da a las vidas de los jóvenes negros de favelas y barriadas. “Fue cometido por un motivo vil, debido a que la policía supuso que todas las víctimas eran delincuentes y que podían reaccionar a la ofensiva para matarlos dada la devaluación de sus vidas, incluso sin que hubiera ninguna reacción armada ni resistencia”.

Reflejo de que la letalidad policial no entiende de colores políticos, Río de Janeiro, que tenía el récord de violencia policial, lleva años con gobiernos aliados al ultraderechista Jair Bolsonaro. En Bahía, en cambio, gobierna desde hace 16 años el Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva. Sostiene Moreira, de Ideas Assesoria Popular, que “la premisa de la izquierda de que, reduciendo la pobreza y con una mejor distribución de la renta, la violencia disminuiría se ha demostrado fallida”. Critica “el negacionismo ante los datos” de las autoridades estatales y que no apuesten por una política alternativa de seguridad pública.

Añade que sentar a los policías en el banquillo “es una victoria de una primera batalla, pero nada asegura que sean responsabilizados”. Recuerda otro caso emblemático de Salvador de Bahía, la matanza de Cabula, con 12 asesinados, cuyo proceso judicial se ha reactivado tras nueve años, una absolución sumaria y la anulación de un juicio. Critica el letrado y activista que la Policía Militar de Bahía invierta un dineral en reconocimiento facial —la medida estrella de seguridad pública en el reciente Carnaval—, pero no en cámaras en los uniformes, más baratas y que han demostrado su eficacia en otros rincones de Brasil.

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