El Gobierno de Bolsonaro concedió más de 5.000 licencias de armas a condenados por homicidio y narcotráfico

Una de las banderas de la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue la flexibilización de la tenencia y uso de armas. Fueron numerosas las alertas de las consecuencias nocivas que esa relajación normativa podría tener. Los efectos ya empiezan a ver la luz: el Ejército, que en los años de Bolsonaro se encargaba de conceder los permisos para comprar un arma, otorgó más de 5.00...

Una de las banderas de la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue la flexibilización de la tenencia y uso de armas. Fueron numerosas las alertas de las consecuencias nocivas que esa relajación normativa podría tener. Los efectos ya empiezan a ver la luz: el Ejército, que en los años de Bolsonaro se encargaba de conceder los permisos para comprar un arma, otorgó más de 5.000 licencias a personas que habían sido condenadas por delitos tan graves como homicidio o narcotráfico. La información consta en un exhaustivo informe secreto del Tribunal de Cuentas de la Unión, revelado en exclusiva por el diario Estadão este lunes.

En los cuatro años de administración Bolsonaro, la legislación brasileña fue modificada de tal manera que el mercado de las armas y los clubes de tiro vivieron un momento dorado. Si en 2018 había 1,3 millones de armas, cuando el líder ultraderechista dejó la presidencia ya eran más del doble, 2,9 millones, según un recuento de los institutos Igarapé y Sou da Paz. El número de personas con la llamada licencia CAC (que incluye a cazadores, tiradores o coleccionistas) aumentó un 262%.

Un total de 5.235 personas que cumplían una condena no tuvieron problema para comprar un arma de fuego o renovar el registro para poder seguir con una pistola en casa. El Ejército también autorizó armas para 2.690 personas con orden de arresto y que estaban prófugas de la Justicia.

Cuando Brasil aprobó el Estatuto del Desarme en 2003 se estableció que sólo podrían acceder a las armas personas que no estuvieran condenadas o inmersas en un proceso penal. Aunque Bolsonaro flexibilizó muchos puntos de la normativa, ese requisito se mantuvo. Para el Tribunal de Cuentas, el problema para que se colaran tantos delincuentes es que Brasil no cuenta con un registro unificado de antecedentes penales.

Es decir, bastaba empadronarse en un municipio de otro Estado y pedir desde ese nuevo domicilio la ficha criminal para aparecer totalmente limpio, porque las autoridades estatales no cruzan la información. Según el informe, los delitos más comunes entre las personas que obtuvieron las armas eran homicidio, narcotráfico, lesión corporal, conducción bajo efectos del alcohol, robo y amenazas.

El hecho de que miles de armas acabaran en manos de delincuentes representa apenas la punta del iceberg. La auditoría del tribunal de cuentas detectó muchas otras irregularidades: 94 personas fallecidas constan como compradoras de 16.669 balas, y 21.442 armas de fuego figuran en las listas oficiales a pesar de que pertenecen a brasileños que ya murieron. Ahora no está claro dónde fueron a parar las pistolas, escopetas, entre otras armas, que dejaron.

Los indicios de que el crimen organizado aprovechó estos agujeros para hacer su agosto son altos. Más de 22.000 brasileños registrados como poseedores de un arma de fuego también constan en las listas del Gobierno para personas de baja renta que reciben ayudas sociales. Para los auditores, no cuadra que tantos pobres de repente tuvieran dinero para comprar revólveres o fusiles, y cree que se trata de testaferros.

Los problemas se agravaron por la falta de medios para fiscalizar. Durante los años de Bolsonaro, el presupuesto del Ejército para controlar el acceso a las armas de la población cayó un 40%, mientras que el número de armas en manos de particulares se multiplicaba exponencialmente.

Según los especialistas, en los últimos años, para los cabecillas del crimen organizado, salía más a cuenta comprar un arma en una tienda que obtenerla a través de los tradicionales circuitos ilegales, evitando, por ejemplo, el costoso contrabando desde Bolivia o Paraguay. Ya hay bastantes pruebas de que así fue.

El año pasado, la policía detuvo a varios miembros del Primeiro Comando da Capital (el PCC, la facción del narcotráfico más poderosa de Brasil) con armas compradas legalmente. Si un narcotraficante, por ejemplo, lograba registrarse como un tirador profesional (lo que, visto lo visto, no era muy difícil) tenía automáticamente permiso para comprar hasta 30 armas (incluyendo 15 fusiles) y 6.000 balas, como cualquier ciudadano. Mejor aún era conseguir un registro de coleccionador, que no ponía límites de cantidad.

Poner coto a ese desenfreno armamentístico fue una de las prioridades del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus primeros meses de gobierno. La nueva administración obligó a todos los portadores de licencia CAC a registrar sus armas de nuevo, limitó la compra de armas a tres por persona, suspendió los permisos para abrir clubs de tiro y exigió demostrar para qué se necesita el arma, entre otras restricciones.

Además, en julio pasado, el control de los permisos pasó del Ejército a la Policía Federal. Para reforzar la fiscalización, la corporación prometió abrir una comisaría especializada en cada Estado del país y contratar 2.000 agentes.

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