Un alto funcionario europeo visita Cuba en medio de la conmoción por la muerte de un preso político

El irlandés Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, pisó las calles de La Habana este jueves, justo un día después del velatorio de Luis Barrios, un preso político de 37 años que falleció esta semana tras ser trasladado de la cárcel al hospital a causa de una broncopulmonía avanzada.

Gilmore anunció su llegada a La Habana este jueves en su cuenta de X —antes Twitter— y dijo que se reuniría con el Gobierno, in...

El irlandés Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, pisó las calles de La Habana este jueves, justo un día después del velatorio de Luis Barrios, un preso político de 37 años que falleció esta semana tras ser trasladado de la cárcel al hospital a causa de una broncopulmonía avanzada.

Gilmore anunció su llegada a La Habana este jueves en su cuenta de X —antes Twitter— y dijo que se reuniría con el Gobierno, instituciones y sociedad civil. “Discutiré una amplia gama de temas”, escribió sin dar más detalles. Entre jueves y viernes, el funcionario copresidirá el IV Diálogo sobre Derechos Humanos, como se estableció en 2017 en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba. La visita de Gilmore a la isla había sido anunciada en mayo por el Alto Representante para la Política Exterior europea, Josep Borrell.

Diversas organizaciones cubanas han dicho que esperan un gesto de Gilmore. Lo han exhortado a que visite los hospitales, a los familiares de los presos de conciencia e incluso las cárceles. El representante de Derechos Humanos de la UE llega a una isla que vive un éxodo migratorio histórico que alcanza la cifra de 400.000 personas en los últimos dos años, una escasez de alimentos que incluso han reconocido las autoridades, una crisis sanitaria del país autonombrado “potencia médica” y denuncias constantes de violaciones de los derechos humanos.

Piden investigar la muerte de Barrios

La visita se produce además en medio de la conmoción por la muerte de Barrios, quien fue detenido durante las protestas masivas e inéditas que tuvieron lugar en casi toda Cuba el 11 de julio de 2021, y sentenciado por el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana, a nueve años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público y atentado, los mismos cargos que el Gobierno ha reservado para algunos de los más de de mil presos políticos que dejaron las manifestaciones.

En horas de la tarde del 19 de noviembre, Barrios, padre de un niño de 6 años, falleció en el hospital La Covadonga. Desde agosto presentaba problemas respiratorios. Aunque el cuerpo médico de la Covadonga informó a las autoridades de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón que era necesario que Barrios se mantuviera ingresado, decidieron regresarlo nuevamente a la cárcel porque “no tenían combustible para garantizar una vigilancia permanente al prisionero político”, según hizo público el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). El pasado sábado, ante la inminencia de su enfermedad, fue sometido a una intervención quirúrgica urgente, pero murió por “complicaciones respiratorias”.

Cuba ocupa el quinto puesto con la mayor tasa de población penal en todo el mundo, de acuerdo con un informe del Institute for Crime & Justice Policy Research, y mantiene tras las rejas a más de 1.500 personas presas por motivos políticos. Desde 2022, se han registrado en Cuba 20 casos de personas fallecidas bajo custodia del Estado, según dijo a EL PAÍS la abogada Laritza Diversent, directora del grupo de asesoría legal Cubalex. Barrios es el primer preso político que ha muerto en los últimos dos años. Sin embargo, Aisel Roque Rivero, de 18 años, participante de las protestas del 11 de julio, murió bajo custodia policial en febrero. Según la versión oficial, se suicidó, pero sus familiares insisten en que falleció por una golpiza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido al Gobierno investigar “rápida e imparcialmente” la muerte de Barrios, mientras que la Embajada de Estados Unidos en Cuba hizo “un llamado al Gobierno a que respete los derechos humanos”. “Nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas”, añadieron en un comunicado publicado en X.

Diversent explica que, en caso de que una persona privada de su libertad fallezca bajo la custodia del Estado, este “tiene que abrir una investigación obligatoriamente”. Pero cree que, como no existen en Cuba instituciones independientes al Estado, es probable que esto no suceda y que la familia no tenga posibilidades para exigir justicia más allá de las peticiones a través de instancias internacionales que el Gobierno de la isla suele ignorar.

Y mientras el Gobierno cubano sigue manteniendo silencio ante lo sucedido, diversas organizaciones civiles han responsabilizado al Estado cubano del deceso de Barrios. Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, asegura que en diversas ocasiones la familia de Barrios comunicó a los encargados de la prisión su preocupación por el evidente deterioro de su salud, “pero las autoridades no atendieron esos reclamos y, como consecuencia de esa desatención, ocurrió la muerte”.

“La negación de auxilio médico durante meses a una persona con un grave estado de salud, evidente además, y retenida en prisión por un Estado, es responsabilidad del Estado”, afirma Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders. “La enfermedad la adquirió en prisión y la misma no fue atendida por deseo expreso de las autoridades”, añade.

Camila Rodríguez, coordinadora del grupo Justicia 11J, explica que el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha registrado 964 incidentes asociados con presos políticos, la mayoría de ellos relacionados con el uso de prácticas de hostigamiento y depresión. Rodríguez además asegura que funcionarios del Estado “utilizan la salud como mecanismo de coacción para acallar a los opositores de las prisiones”, algo en lo que coincide la abogada Laritza Diversent de Cubalex. “La negación de la atención médica como un método de tortura es algo que venimos observando”, dice. Su organización también ha documentado falta de agua potable, higiene o la falta de aseo en las instituciones carcelarias del país, unas violaciones de derechos humanos que suelen quedar invisibilizadas.

Organizaciones y activistas cubanos han reclamado la visita de organismos internacionales a las cárceles cubanas, pero desde finales de la década de los ochenta una organización internacional no accede a una prisión cubana. Por eso, grupos civiles consideran urgente que el funcionario europeo conozca durante su visita la situación de los presos políticos, algunos de los cuales están condenados con penas de hasta 30 años.

Le piden a Eamon ver la realidad de Cuba

“Si Gilmore no se reúne con la sociedad civil independiente no sé a qué va a La Habana”, dice de manera contundente la activista cubana Carolina Barrero, quien tuvo un encuentro con el representante especial de la UE en octubre en Bruselas. “Reunirse solo con las autoridades, que en el caso cubano son el opresor y perpetrador de violaciones de derechos humanos, cuestiona la naturaleza de su mandato”.

Barrero dice que Gilmore y su equipo son conscientes de las limitaciones que las autoridades cubanas pondrán a su visita. “Es probable que el régimen escoja con quienes se verá el embajador. Lo que determinará la ecuación es si la voluntad de ver la realidad de Cuba es más o menos fuerte que el cometido de no incomodar a las autoridades cubanas”. El director de estrategias del OCDH insiste en que la política de la UE hacia Cuba “ha sido decepcionante” por su falta de exigencias al régimen.

“Ha estado alejada del espíritu de las tres últimas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la situación en la Isla y del contenido del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación”, sostiene. Pero cree que la visita de Gilmore es una oportunidad para encarrilar esa política. “Plantear la liberación de los presos políticos es primordial; también exigir la eliminación de las normas represivas y que se legalice la participación política de los ciudadanos con independencia de sus opiniones”.

Otros se encuentran más escépticos sobre lo que pueda pasar una vez que Gilmore se retire de la isla. “No creo que nada vaya a cambiar con esta visita. Ni en lo que tiene que ver con las vidas de las víctimas del Estado y sus familias, ni con cambios estructurales en el sistema, en beneficio de los derechos humanos”, dice Camila Rodríguez. “Me gustaría que esta visita diera lugar a algo más que la típica foto protocolar de funcionarios que cumplen con una agenda de reuniones plana, sin conflictos. Y me gustaría que Eamon Gilmore pueda posicionarse firmemente en favor de todos los presos políticos, y de toda la sociedad cubana, que de muchísimas maneras es violentada a diario por el Estado”.

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