La financiación de los partidos políticos, el lado oscuro de la democracia uruguaya

A casi un año de las elecciones generales, los partidos políticos uruguayos no han llegado a un acuerdo para modificar la regulación de su financiamiento interno y de los dineros volcados en las campañas electorales. En el Parlamento funciona una comisión especial que estudia este asunto desde 2020, pero hasta el momento no ha arrojado resultados concretos. El calendario apremia y aumenta la preocupación entre los expertos, que advierten sobre el ava...

A casi un año de las elecciones generales, los partidos políticos uruguayos no han llegado a un acuerdo para modificar la regulación de su financiamiento interno y de los dineros volcados en las campañas electorales. En el Parlamento funciona una comisión especial que estudia este asunto desde 2020, pero hasta el momento no ha arrojado resultados concretos. El calendario apremia y aumenta la preocupación entre los expertos, que advierten sobre el avance del crimen organizado en la región y su incursión en la política. Que eso suceda en Uruguay, reconocen los propios políticos, es un “peligro latente” que “golpea cerca”.

En Uruguay, la financiación de los partidos políticos está regida por una ley del año 2009, que establece las cantidades de dinero que recibirán del Estado y regula las donaciones del ámbito privado. El subsidio público es histórico, se remonta a 1928. Los partidos reciben determinados montos por los votos obtenidos y también financiamiento permanente. “Toda la discusión que tenemos hoy es sobre la financiación privada”, dice a EL PAÍS Daniel Chasquetti, doctor en Ciencia Política, investigador de sistemas electorales y partidos políticos.

El politólogo señala que la ley de 2009 incorporó una regulación sobre el financiamiento privado, con determinadas normas para la recepción de donaciones. Las empresas pueden donar, pero tienen límites y hay prohibiciones. Las fundaciones internacionales, por ejemplo, no pueden hacer donaciones. Asimismo, la ley establece el procedimiento para rendir cuentas, con plazos para la presentación de declaraciones juradas. Y le encarga a la Corte Electoral, organismo público autónomo, fiscalizar su cumplimiento. “Es ahí donde el modelo está fallando”, afirma Chasquetti.

“A partir de investigar las elecciones de 2009, 2014 y 2019, sabemos que las declaraciones juradas de los partidos dejan mucho que desear. Hay una subdeclaración, que está establecida como una práctica permanente y genera gran desconfianza”, continúa el politólogo. Lo ejemplifica con un caso ocurrido en una de las últimas elecciones: “El Hotel Conrad de Punta del Este donó dinero a los tres partidos [Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio] y los tres declararon distintas sumas. Entonces el gerente de marketing del hotel hizo una conferencia de prensa para explicar que le habían dado la misma cantidad a los tres”.

La Corte Electoral, encargada de la fiscalización, “es una institución sobrecargada de tareas”, dice Chasquetti, y nunca creó un departamento o división interna para ocuparse de este asunto. A diferencia de otros países que tienen un Tribunal Electoral y además un Servicio Electoral que organiza la elección, en Uruguay las dos funciones corren por cuenta de la misma institución. Para controlar el cumplimiento de la ley de 2009, indica, la Corte Electoral cuenta solamente con dos contables. El Tribunal Electoral de Costa Rica, ejemplifica Chasquetti, tiene una unidad especializada con más de setenta funcionarios, de los cuales el 75% son abogados y contables.

El crimen organizado y el narcotráfico “pegan cerca”

“Las balas del crimen organizado y del narcotráfico pegan cerca”, dijo recientemente el alcalde de Canelones (sur del país), Yamandú Orsi, a VTV Noticias. Orsi, precandidato a presidente por el izquierdista Frente Amplio (FA), señaló que los partidos políticos “tienen que cuidarse un poco más”, porque un día sí y otro también llegan noticias “que tienen que ver con una forma de crimen organizado que golpea cerca”. En ese sentido, el alcalde hizo referencia, entre otros, al sonado caso protagonizado por Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia, señalado como líder del Primer Cartel Uruguayo. Y agregó: “El sistema político se debe reglas más claras de financiamiento, que ojalá en algún momento lo podamos concretar”.

En 2018, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para actualizar la norma de 2009, pero no reunió los votos suficientes para aprobarlo. Entre otras disposiciones, el proyecto preveía prohibir las donaciones de empresas y permitir solamente los aportes de personas físicas. “Eso daría transparencia, se sabría quién aporta y cuánto aporta. En el caso de un colectivo [empresa] no sabemos nunca del todo cómo está integrado”, dice a EL PAÍS Carlos Varela, legislador del FA. Según Varela, actualmente es difícil saber exactamente de dónde proviene el dinero en todos los casos, porque la Corte Electoral “no puede ejercer el control de forma eficiente”.

El proyecto que naufragó en 2018 sirvió como base para el trabajo de la comisión especial que discute el tema en el Parlamento desde 2020. Desconforme con el texto del FA, la coalición gobernante de centroderecha indicó que presentaría un proyecto alternativo, pero tres años después eso no ha ocurrido. Conrado Rodríguez, legislador del Partido Colorado integrante de la coalición, explica a este diario que tienen previsto negociar un nuevo articulado y presentar un anteproyecto en las próximas semanas. Entre sus propuestas, afirma, figura la de establecer una “colaboración preceptiva” del Tribunal de Cuentas con la Corte Electoral, para llevar un control más riguroso sobre el financiamiento de los partidos.

Rodríguez discrepa con la propuesta de no permitir a las empresas hacer donaciones. “Pretenden prohibirles donar a las empresas, pero no se lo prohíben a los empresarios. ¿Cuál es la diferencia?”, pregunta. Salvando esta y otras discrepancias, el legislador cree que aún están a tiempo de lograr un consenso, aprobar la ley y aplicarla en el proceso electoral del año que viene. Rodríguez reconoce que los partidos políticos “tienen que estar en guardia” para que el narcotráfico u otras organizaciones delictivas no penetren en la política y en el financiamiento de las campañas. “Creo que Uruguay es un poco distinto al resto de los países, por la fortaleza de sus instituciones y de sus partidos políticos. Pero es un peligro latente y no puedo decir que no pueda ocurrir”, añade.

Para el frenteamplista Varela, existen “señales de alerta” vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero que se deberían atender. “Es imprescindible que el sistema político se adelante a problemas que lo pueden alcanzar en cualquier momento”, afirma. Menciona el caso del narco Sebastián Marset y también a Julio Deal Barrios, narcotraficante uruguayo detenido a finales de agosto en Bolivia. Deal Barrios ha sido un “acérrimo simpatizante del Partido Nacional”, con manifiesto interés de invertir en Uruguay, según informó Montevideo Portal. “Esto no es una acusación al Partido Nacional, le puede pasar al Frente Amplio. Pero es un llamado de alerta para todos”, dice.

“Hay mucho dinero en juego y el dinero es el veneno para la democracia”, dice Chasquetti, citando al también politólogo Adam Przeworski. Hay estudios que muestran que Uruguay no solamente participa del negocio del narco como un país de paso y salida de droga, añade el politólogo, sino que además es un lugar preferido para lavar dinero. “Somos conscientes del riesgo, pero por falta de previsión esta legislatura tampoco pudo lograr un cambio”, agrega. Para Chasquetti, la única forma de llegar a una solución positiva es que haya un escándalo, como ocurrió en Chile o en Costa Rica. Frente al escándalo y la falta de legitimidad, asegura, los partidos políticos se comprometen y se atan las manos. “Este es lado oscuro de la democracia uruguaya, que funciona bien en muchos aspectos, pero en este asunto tiene un debe enorme y preocupante”, concluye.