Un libro infantil de la editorial del Congreso peruano reivindica el autogolpe de Estado de Fujimori

Un grupo de niños eleva sus celulares con el año de 1993 en sus pantallas. La sincronización entre todos los equipos invoca la presencia de una pequeña máquina voladora que contiene un cerebro llamado Memoriax que se presenta ante ellos como quien “almacena la historia tal cual ocurrió” y les cuenta que viajarán al Perú de los años noventa. Con esta escena empieza Constitución Política del Perú para escolares, el libro más reciente del Fondo Editorial del Congreso peruano que esta semana ha despertado las críticas de la opinión pública por falsear un acontecimiento delicado para el país...

Un grupo de niños eleva sus celulares con el año de 1993 en sus pantallas. La sincronización entre todos los equipos invoca la presencia de una pequeña máquina voladora que contiene un cerebro llamado Memoriax que se presenta ante ellos como quien “almacena la historia tal cual ocurrió” y les cuenta que viajarán al Perú de los años noventa. Con esta escena empieza Constitución Política del Perú para escolares, el libro más reciente del Fondo Editorial del Congreso peruano que esta semana ha despertado las críticas de la opinión pública por falsear un acontecimiento delicado para el país: el autogolpe de Estado del expresidente Alberto Fujimori ocurrido el 5 de abril de 1992.

La publicación en clave de cómic fue presentada en la quincena de julio en unos de los salones del Parlamento y luego fue puesta a la venta en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Pero su existencia había pasado desapercibida. Hasta que hace unos días, la congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú revisó uno de los ejemplares y denunció su contenido en las redes sociales. “¿Recursos del Congreso pueden usarse para reescribir la historia y enseñarles mentiras a escolares? Es inaceptable justificar el Golpe de Estado fujimorista señalando que fue la opción correcta”, cuestiona de entrada.

Se ha podido conocer que el libro le ha costado al Estado peruano 24.700 soles (6.700 dólares) y que se han imprimido cinco mil ejemplares. En la hoja de créditos no figura ningún autor ni ilustrador de las viñetas, pero sí tres funcionarios públicos que pertenecen a las filas del fujimorismo: Martha Moyano, presidenta del Consejo del Fondo Editorial del Congreso; y las excongresistas Milagros Takayama Jiménez y Milagros Salazar de la Torre, que ocupan el cargo de jefa y editora general, respectivamente.

La página 22 es la que ha causado mayor indignación. Es una viñeta que representa el mensaje a la nación que dio Alberto Fujimori la noche del domingo 5 de abril de 1992 donde disolvió el Congreso de la República y desmanteló el sistema judicial. Un autogolpe de Estado conocido también como Fujimorazo. Sin embargo, ni en la ilustración ni en ninguna de las 140 páginas del libro la acción del padre de Keiko Fujimori recibe esa denominación, pero además se le justifica aduciendo que fue por el bien del Perú.

“Dejó sin efecto la Constitución de 1979 a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país. Esta medida permitió superar aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional”, dice la publicación. Para diversos actores políticos esta afirmación no solo falta a la verdad, sino que resulta peligrosa porque avala una medida dictatorial y, además, está dirigida a un público adolescente y juvenil. A ello se suma que hace tan solo ocho meses, el expresidente Pedro Castillo intentó un Autogolpe de Estado, motivo por el cual se le ha dictado prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

“Estamos viendo nuevamente el uso de los recursos del aparato institucional como el Congreso, que debería servir para ser la voz de los peruanos, en un instrumento partidario de difusión de mentiras. Esta mentira sobre quién fue Alberto Fujimori la han querido imponer los fujimoristas desde hace años. Claro, con ese discurso y esas mentiras han fracaso políticamente varias veces y, como ahora han capturado el Parlamento, piensan que usando los recursos del Congreso van a poder reescribir la historia”, ha denunciado la exparlamentaria Indira Huilca.

Por otra parte, hay quienes consideran que el contenido de Constitución política del Perú para escolares es causal del delito de apología tipificado en el artículo 316 del Código Penal. “El que quien públicamente exalte, justifique o enaltezca un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años”, dice el artículo. “Es el caso de Fujimori que está en prisión”, ha dicho el constitucionalista Omar Cairo al portal de investigación Epicentro TV.

Para Franco García, también constitucionalista, una de las faltas en las que incurre el libro es que no diferencia con claridad el contenido de la Constitución de 1993 y el autogolpe de 1992. “Mienten sutilmente. En aquel Golpe no solo se disolvió el Congreso, sino que se intervino el Colegio de Abogados de Lima, y a toda la prensa radial, escrita y televisiva, interviniendo su señal abierta, así como otras instituciones como el Tribunal Constitucional. Los niños merecen la verdad, porque en lo que parpadea un ojo serán los que conduzcan el país en puestos importantes del Estado”, anota García.

En la página 23, el libro intenta respaldar la Constitución del 93, cuyo cambio es motivo de debate en cada proceso electoral. “Recuerden, amiguitos, que para realizar esta Constitución participaron 80 congresistas de diversos partidos políticos (…) El pueblo peruano votó a favor del Sí con un 55.3%”, dice la publicación. Según se ha podido cotejar con cifras oficiales, en el referéndum para aprobar aquella Carta Magna se produjo un ausentismo mayúsculo de casi 3 millones y medio de peruanos de una población electoral de 11 millones 620 mil. Pero además el 55.3% que figura en el libro es errado: el Sí ganó con el 52.3% de los votos válidos. Además, se tergiversa la pluralidad del Parlamento, omitiéndose que 44 de los 80 congresistas eran adherentes al fujimorismo.

Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte ni de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo, así como tampoco de la Fiscalía de la Nación.

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