El salario vital y la productividad, los dos conceptos clave en el debate del salario mínimo
El Gobierno tiene hasta el sábado para expedir un nuevo decreto, tras la suspensión del aumento del 23,7% definido en diciembre
El tiempo para decretar un nuevo salario mínimo en Colombia se agota. Tras la suspensión provisional por parte del Consejo de Estado del aumento definido en diciembre del 23,7%, por problemas en su argumentación, el Gobierno de Gustavo Petro tiene hasta el sábado para decretar un incremento salarial. Aunque el debate sobre el pago que reciben 2,4 millones de personas suele ser un campo de batalla político, este año la discusión ha chocado de frente con la aritmética económica usual. El presidente ha lanzado indicios de que mantendrá el aumento, uno que la mayoría de los gremios empresariales y candidatos de la derecha han terminado por respaldar; no por convicción, sino porque revertir tres quincenas ya pagadas sería un descalabro político. Pero, más allá del caso de 2026, queda un precedente que muchos piden mirar con atención, y que gira alrededor de dos conceptos: el de salario vital y el de productividad.
Diego González Medina, abogado y profesor de la Universidad Externado, explica que la Constitución establece que la remuneración debe ser “mínima, vital y móvil”, y recuerda que la Corte Constitucional ha indicado que los trabajadores tienen el derecho a “mantener el poder adquisitivo real del salario”. El concepto de vital “implica condiciones dignas y justas para el trabajador y su familia”, señala, mientras que lo móvil exige que el sueldo guarde equivalencia con el precio del trabajo. Este mandato constitucional no es un cheque en blanco para el Ejecutivo. Una ley de 1996 define varios criterios técnicos que el presidente debe tener en cuenta para definir el salario mínimo, y que deben estar en la motivación de su decreto: “La inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; y el incremento del producto interno bruto (PIB)”. Se trata de elementos que en principio tienen un valor definido, medido de forma oficial. Pero en uno de ellos, el de la productividad, hay una serie de debates que son centrales en la discusión sobre el salario mínimo.
En principio, la productividad es el dato de cuánto se produce en el país por cada hora de trabajo. ¿Cómo medir la productividad para efectos del salario mínimo? Es una palabra con distintos apellidos, pero en los últimos días surgió un argumento que hizo eco en la narrativa oficial: el presidente Petro difundió los razonamientos del economista Daniel Ossa, quien sostiene que la productividad de los trabajadores ha crecido más que los salarios y que, por tanto, hay espacio para un aumento del mínimo incluso mayor. Tras ello, los economistas Leonardo Urrea y Christian Gómez Cañón publican en La Silla Vacía un contraargumento: Ossa comete un error de unidades al comparar la productividad por hora con el salario mensual. Como las horas promedio trabajadas han caído en tres décadas por cambios legales y en la forma de trabajar, la productividad por hora sube artificialmente, aunque cada trabajador no produzca más.
En todo caso, la discusión va más allá del cálculo y pasa al fondo conceptual. Para definir el salario, Ossa propone reemplazar la llamada productividad total de los factores (PTF), la que se ha utilizado, por la productividad laboral. La PTF tiene problemas: es abstracta, depende de supuestos difíciles de verificar y, según algunos economistas, no mide bien la eficiencia con la que un país produce, sino cuánto de la riqueza producida se debe al capital —las máquinas, por ejemplo— y cuánto al trabajo. Es decir, cuando la PTF sube, no necesariamente implica una mayor eficiencia de los trabajadores. Pero la propuesta de productividad laboral tiene sus propios vicios, argumentan Urrea y Gómez, pues le atribuye al trabajo solamente todo el crecimiento de la producción, ignorando el papel de otros asuntos como el precio al que se venden los bienes. Al revisarla como si fuera uniforme en todos los sectores del país entero, cuando suben los precios del petróleo o el carbón, la productividad sube en el acumulado, porque con el mismo trabajo y el mismo capital hay más ingresos. Entretanto, el mesero, la profesora o la empleada doméstica trabajan exactamente igual.
La conclusión de los investigadores es que ningún indicador es una fórmula mecánica para una decisión de esta magnitud, pues lleva a “confundir el tensiómetro con la receta médica”. Ana Fernanda Maiguashca, la presidente del Consejo Privado de Competitividad, afina el problema y propone una solución: “El indicador técnicamente más justo no sería ni la PTF ni la productividad laboral de toda la economía, sino la del segmento específico de trabajadores que devenga el mínimo”. Sin embargo, la economista advierte que ese cálculo es difícil de construir, y que en la práctica ninguna de estas mediciones es precisa, pues “todas son fruto de modelos con supuestos e imprecisiones”.
Otro problema conceptual
Además del complejo debate de la productividad, el Gobierno ha traído a colación, para el aumento de este año, el llamado ‘salario vital’. No se trata de una idea traída de la nada, sino de una forma de aterrizar un nuevo factor. Además de los de la ley, en la sentencia C-815 de 1999 la Corte Constitucional indicó que el Ejecutivo debe tener en cuenta, y de forma prevalente, cuatro principios constitucionales: “La especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.
Aunque eso significa que la remuneración vital y móvil tiene el mismo peso que los demás principios constitucionales, sobre ella ha hecho todo el énfasis el Gobierno. En concreto, ha rescatado los resultados de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el caso colombiano. La OIT revisó en 2024 cuál era el dinero suficiente, en promedio, para sostener a una familia colombiana y encontró que para un hogar de cuatro personas en Colombia sería de 2.982.589 pesos al mes, y para uno de tres personas, 1.658.957 pesos mensuales. Ajustados por la inflación de 2024 y la estimada para el momento para 2025, esa última cifra sería de 1.826.190 pesos, por lo que aumentarlo a 1.750.905, como definió el Gobierno en diciembre (el resto de la remuneración de dos millones de pesos es un subsidio de transporte, sobre el cual no hay cálculos ni argumentaciones similares), era un paso hacia lograr el salario vital. De hecho, señaló que quedaba una “brecha de suficiencia material” de unos 300.000 pesos al mes.
La gran crítica del Consejo de Estado es que el Gobierno solo utilizó ese concepto, el del principio constitucional de un salario o remuneración vital y móvil, sin argumentar cómo lo compaginó con los demás factores. Queda en el aire, además, la discusión de si los hogares de quienes reciben el salario mínimo tienen en promedio tres personas (el DANE indica que, en general en Colombia, el dato es de 2,86 personas) y, como cuestiona Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, si tiene sentido un salario mínimo igual para todo el país. Al final, el debate de los dos conceptos es complejo; y mientras la discusión puede hacerse todavía más técnica y enredada, los trabajadores —formales o no—, los empleadores y los votantes de izquierda, centro y derecha, están más pendientes del valor del salario que de las complejas discusiones económicas y jurídicas que pueden definirlo.
Una discusión global
La discusión del salario mínimo trasciende lo local. A escala global, el consenso académico sobre el salario mínimo ha cambiado en las últimas tres décadas. La ortodoxia económica sostuvo por años que elevar el salario mínimo destruía empleo, especialmente entre jóvenes y trabajadores poco calificados. Pero investigaciones como las de David Card y Alan Krueger en los años noventa —recogidas en su libro Myth and Measurement— demuestran que, al menos en ciertos casos y sectores, un aumento no reduce puestos de trabajo, sino que incluso los incrementa. Ese hallazgo fue tan influyente que en 2021 Card recibió el Nobel de Economía por sus estudios sobre los efectos del salario mínimo y otros experimentos naturales en el mercado laboral (Krueger no compartió el galardón por haber fallecido en 2019).
La explicación está en la estructura de los mercados laborales: en contextos de monopsonio, cuando las empresas tienen poder para fijar salarios artificialmente bajos —el fenómeno contrario al monopolio—, un mínimo más alto puede corregir esa distorsión y atraer trabajadores que quedaban fuera del mercado laboral. Un análisis de The Economist advierte que, si se empuja demasiado, las empresas reaccionan con automatización, reducción de horas o traslado de costos al consumidor. “Cuando se sube el piso, hay que cuidar de no golpear el techo”, concluyen.
El estudio de Krueger y Card tiene límites en el mercado colombiano, donde el salario no se paga por horas, sino de forma mensual, y en el que el tejido empresarial está compuesto en su mayoría por pymes que sobreviven sin mucha capacidad de crecimiento, como señala Marcela Eslava, profesora de la Universidad de Los Andes. El debate es cómo medir la productividad y el desbalance que puede generar en toda la red laboral un incremento que supere con creces la capacidad de las empresas de generar valor. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, advierte que Colombia arrastra un rezago profundo en productividad laboral: “Desde 1980 apenas ha crecido en promedio al 0,9% anual. El problema radica en el pobre desempeño de la productividad total de los factores y en un patrón productivo donde el 71% del empleo se concentra en sectores de baja eficiencia —agricultura, comercio, transporte y servicios sociales—”, dicta. En consecuencia, el crecimiento ha dependido más de acumular trabajo y capital que de mejoras en eficiencia, lo que ha limitado la convergencia en ingresos.
Superar este estancamiento “exige fortalecer el Estado de derecho, profundizar la competencia y la apertura comercial, reducir los costos de formalidad, mejorar el acceso al financiamiento y acelerar la inversión en infraestructura y capital humano, de modo que la economía pueda transitar hacia un modelo de crecimiento basado en productividad”. El salario mínimo vital que propone el primer Gobierno de izquierdas es una aspiración loable y necesaria para que el trabajo no sea sinónimo de precariedad. Pero sin productividad que lo respalde, puede convertirse en una promesa vacía o, peor aún, en un mecanismo que deteriore el bienestar real.