La suspensión del salario mínimo abre un debate sobre la fórmula de su incremento y su impacto fiscal
La decisión del Consejo de Estado puede generar un alivio en el presupuesto nacional y para el Banco de la República, a menos de que se prolongue la incertidumbre en el tribunal sobre su decisión de fondo
El Consejo de Estado ha empujado a Colombia a un limbo jurídico de consecuencias económicas inciertas. Un fallo de 63 páginas, firmado por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, desmonta la arquitectura argumentativa del presidente Gustavo Petro cuando decretó un incremento del 23% del salario mínimo en diciembre. Así, dicha disposición ha quedado suspendida de forma provisional. Los juristas de Acevedo Abogados Consultores, José Darío Acevedo y Juan Ignacio Cruz, describen la medida como un ejercicio de “poner en pausa” la norma para evitar “perjuicios irremediables o efectos económicos dañosos”. Pero es una pausa políticamente tensa para Colombia. Aunque los trabajadores mantienen el pago con el incremento, la decisión obliga al Ejecutivo a expedir, en un plazo de ocho días calendario, un decreto transitorio que fije una nueva cifra.
El corazón del debate está en que el Gobierno reemplazó los parámetros técnicos conocidos, que usualmente se toman para determinar el aumento del salario, por el nuevo concepto de “salario vital” para la familia. En palabras de Morales Trujillo, el Ejecutivo otorgó una “ponderación absoluta” a ese criterio de la OIT, lo que le permitió asumir un “rol decisorio central” y, además, es “excluyente o sustitutivo de los parámetros contemplados en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996”. El tribunal advierte que, si bien el uso de estándares internacionales es legítimo, estos no pueden desplazar la obligación de evaluar con “igual nivel de incidencia” factores como la inflación real (5,10%), la meta de inflación (3%), la productividad (0,91%) y el crecimiento del PIB (que se dará a conocer el próximo lunes).
La orden judicial viene con una advertencia explícita que estrecha el margen de maniobra del Palacio de Nariño: exige que en el nuevo decreto no se use la misma estructura argumentativa que llevó al 23% en diciembre. El presidente Petro ha publicado en X que “el decreto de salario vital está ordenado por la Constitución” y que el nuevo, solicitado por el magistrado, “seguirá las órdenes de la Constitución”. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, convocará una reunión de concertación el lunes con movimientos sociales para estudiar “la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”.
Paradójicamente, la incertidumbre sobre el nuevo salario mínimo se tradujo en un alivio para las finanzas públicas. Los mercados de deuda soberana reaccionaron con optimismo: los rendimientos de los TES —el termómetro de la confianza inversionista en la deuda colombiana— cayeron entre 7 y 14 puntos básicos. Esa caída refleja un rally de precios, pues cuando sube el valor de los bonos, baja la rentabilidad que cobran los prestamistas, y esa dinámica suele interpretarse como una señal de confianza del mercado en la capacidad del país para manejar su deuda. En este caso, los inversionistas leen que el nuevo ajuste será más moderado, facilitará el control de la inflación y reducirá algunas cargas fiscales como la de las pensiones.
Para el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, esta suspensión es una “oportunidad de corregir” el rumbo fiscal del país. El nuevo salario mínimo podría reducir la cifra del impacto fiscal que implicaba el aumento original de diciembre: 10,1 billones de pesos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Para él, además, un incremento razonable del salario mínimo aliviaría la presión sobre el Banco de la República, permitiendo recortes de las tasas de interés, algo que el Gobierno ha pedido por meses. Y protegería a los 16 millones de colombianos que ganan menos del mínimo y que son los más castigados si la inflación rebrota.
Pero ya hay efectos difíciles de revertir. El economista Hernando Zuleta complejiza el escenario al señalar que el mercado ya había incorporado el incremento del 23%, lo que explica en gran medida el “rebote de la inflación en enero”. Zuleta advierte que el decreto original ha obligado a grandes empresas y universidades a abandonar el salario integral por el ordinario para “lidiar de mejor forma con incrementos de tal magnitud”.
Jorge Andrés Forero, economista de la Universidad Nacional y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, defiende la “voluntad política de respaldo a la clase trabajadora”, argumentando que, más allá del debate técnico, el país necesita “medidas redistributivas urgentes frente a una desigualdad estructural que sitúa a Colombia en las peores listas mundiales” en dicha materia. Y augura: “Probablemente el gobierno nacional expida un decreto con un aumento similar del 23% y hará las correspondientes aclaraciones y correcciones que den a lugar para cumplir el fallo del Consejo de Estado, pero con una agenda clara de la voluntad política de respaldo a la clase trabajadora”.
A pesar de la contundencia del fallo, el aire en Bogotá sigue cargado de sospechas sobre el próximo movimiento del Ejecutivo. La ex codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, advierte que la suspensión inyecta volatilidad: “Aún no sabemos cuál será el impacto. Solo hasta que conozcamos la decisión de fondo se podrán hacer los nuevos ajustes”. Y enlaza esta idea con que no hay margen disponible para que el Banco de la República afloje las tasas de interés en su actitud de cautela ante la inflación.
Se acerca el sábado 21 de febrero, fecha límite para emitir un nuevo salario en Colombia. La incertidumbre puede extenderse hasta que el Consejo de Estado resuelva la cuestión de fondo, en un caso que ha tenido 28 demandas y que ahora puede tardar hasta un año en resolverse, de acuerdo con los especialistas de Acevedo Abogados Consultores. Entretanto, los asalariados aguardan para calcular con certeza su ingreso mensual.