Las grietas de la inteligencia estatal en Colombia
El caso de presunta infiltración en la DNI y el Ejército reactivó alertas sobre un sistema afectado por recortes presupuestales, relevos polémicos y relaciones fracturadas con aliados clave
La inteligencia del Estado ha vuelto al centro de las discusiones políticas en Colombia. La revelación de una posible infiltración ilegal en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la agencia que trabaja de forma más estrecha con la Casa de Nariño, recuerda las denuncias de problemas en los organismos dedicados a recopilar, analizar y contrastar información que pueda afectar la seguridad. La salida de al menos 34 expertos de la inteligencia de la Fuerza Pública, la crisis presupuestal en el sector defensa, las fricciones con la inteligencia de otros países y la politización de la DNI han tensionado un sistema que ya venía mostrando signos de desgaste y que hoy opera con menor cohesión.
Ese desgaste ocurre en un escenario de seguridad complejo. En distintas regiones operan grupos ilegales que ejercen control territorial y manejan distintas economías ilegales. Van desde organizaciones posparamilitares, como el Clan del Golfo; hasta disidencias de las antiguas FARC que nunca ingresaron al acuerdo de paz o que retomaron las armas; y pasan por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua de América Latina. A esto se suman disputas locales, y variables, entre ellos. En ese entramado, la inteligencia es fundamental para que el Estado entienda los fenómenos de cada zona, anticipe patrones o alianzas y, en general, logre controlar los conflictos regionales. Sus fallas no solo afectan operaciones específicas, sino que hacen más difícil dimensionar el mapa real del poder ilegal.
Uno de los factores a los que se le atribuye la crisis son los recortes presupuestales y de personal que han afectado al todo el sector de seguridad y defensa. Un informe del Ministerio de Defensa señala que el presupuesto de este año de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijin), encargada de la investigación judicial y una de las dependencias que más tiene contacto con organismos internacionales como Interpol, se redujo una un 27 % frente a 2024. La queja fue la misma en la Dirección de Inteligencia Policial, encargada de la inteligencia estratégica, que tuvo un recorte del 70 % en los rubros asignados a entregar recompensas a cambio de información sensible, un insumo para sus labores. Una alta fuente de esa cartera explica que, al agrupar todos los despachos donde se gestiona la inteligencia militar, la disminución presupuestal de este año alcanzó el 32 %. Eso redujo, entre otras cosas, la capacidad de actualizar equipos y sistemas tecnológicos.
Otra afectación puntual, pero significativa, según un oficial de la Armada Nacional cercano al área de inteligencia, fue la supresión de al menos 15 cargos de agentes que cumplían misiones secretas en el exterior. “Son personas que pasan largos periodos desplegadas en países donde se considera que pueden influir en el crimen organizado colombiano. En este tiempo, varias de esas misiones fueron desmontadas y quedamos sin ese flujo de información”, advierte. Además, en lo que va de 2025, salieron de las Fuerzas al menos 34 oficiales, suboficiales y agentes de la inteligencia, por orden del Ministro de Defensa. Aunque las razones de sus retiros no son públicas, dentro del sector circulan dos versiones. Desde la cartera de Defensa aseguran que respondieron a información “delicada y sensible” sobre algunos de ellos, es decir, a uniformados sobre los que habría sospechas. Sin embargo, entre otros mandos militares se habla de razones políticas.
Ese argumento enlaza las salidas con el escándalo que rodea a Wilmar Mejía, director de Operaciones de la DNI, y Juan Miguel Huertas, general y comandante de Personal de las Fuerzas Militares. Protagonistas de las revelaciones de Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias de las FARC en organismos de inteligencia, también fueron acusados de incidir en algunos relevos. La fuente de inteligencia de la Armada explica que parte de las fracturas se deben a un cambio de “las dinámicas técnicas de cooperación y comunicación con la DNI”. En gobiernos anteriores, explica, los datos más sensibles para operativos militares se producían en la inteligencia castrense, pero pasaban por una “doble verificación” en esa Dirección, que no depende del Ministerio, sino directamente de a Presidencia: “Ellos contrastaban y corroboraban la información antes de que se llevara al presidente”. Ahora, afirma, se redujo la coordinación.
Ese paso es fundamental para unificar lo que se sabe y corroborarlo, pues la inteligencia militar funciona de manera descentralizada: 18 de las 27 brigadas cuentan con sus propios equipos para rastrear, verificar, infiltrar y obtener información sobre los grupos armados ilegales presentes en cada región. En el comando general existe una instancia nacional responsable de coordinar y procesar información, pero solo para los operativos de mayor nivel, y hay instancias similares en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.
Para la Fundación Ideas para la Paz, hay un problema estructural, que refleja un deterioro acumulado en la arquitectura de inteligencia. Gerson Arias, investigador de esa organización, explica: “la creciente intromisión de la DNI en asuntos internos de las Fuerzas Militares, la falta de claridad en prioridades y la pérdida de confianza institucional han generado un ambiente de incertidumbre en el ecosistema”. Sus advertencias evocan la trayectoria del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la entidad que precedió al DNI y que terminó desmantelada en medio de escándalos de interceptaciones ilegales y arbitrariedades que marcaron la historia de la inteligencia civil en Colombia. “Cuando la inteligencia se politiza, deja de producir información certera y empieza a producir conveniencia política”, afirma el experto.
Arias también señala la inestabilidad en la cooperación internacional de inteligencia. Las tensiones con Estados Unidos afectan, según él, las dinámicas de intercambio de información y los niveles de confianza. Más con el anuncio del presidente del 12 de noviembre, cuando escribió en X que Colombia suspendería esos intercambios con las agencias estadounidenses mientras persistieran los ataques a embarcaciones en el Caribe. Aunque horas después el Gobierno aclaró que se trató de una “mala interpretación” de las palabras del mandatario, el episodio evidenció la fragilidad de esos canales. En palabras del investigador, “un país como Colombia no puede darse el lujo de debilitar sus alianzas estratégicas en inteligencia”.