El Consejo Nacional Electoral halla culpable a la campaña presidencial de Petro por rebasar los topes de financiación

El Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad electoral de Colombia, ha sancionado este jueves a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por haber violado los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares) durante la primera y segunda vuelta electoral. Con una mayoría de 6 votos a favor por 3 en contra, la Sala Plena ha encontrado responsables de la irregularidad a los coordinadores de la campaña: su gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; su auditora, María Lucy Soto; y su tesorera, Lucy Aidee Mogollón. Además, ha impuesto millonarias multas a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que cobijaron jurídicamente la candidatura de Petro. Las penalizaciones no incluyen al hoy mandatario, porque está protegido por el fuero presidencial.

Es la primera vez que se imponen sanciones contra los responsables financieros de una campaña presidencial en Colombia. La investigación, que duró más de un año, fue liderada por Benjamín Ortiz, elegido como miembro del CNE por el Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, representante del opositor Centro Democrático. Según su ponencia, aprobada ahora por la mayoría de sus compañeros, la campaña de Petro no reportó los aportes hechos por la Unión Sindical Obrera (379 millones de pesos) y por el sindicato de maestros Fecode (500 millones). Tampoco notificó de varios gastos como una publicidad política en Caracol Televisión o los pagos a testigos electorales. En total, se trata de gastos o ingreso no reportados de las dos vueltas presidenciales, que suman 5.355 millones de pesos. Como la campaña había reportado ingresos y gastos justo al límite de lo permitido por la ley, estos nuevos registros implican la violación de los montos máximos.

Pese a que las sanciones tocan al círculo más cercano a Petro en su campaña, no lo alcanzan directamente. La Corte Constitucional resolvió el pasado junio que el CNE, un organismo administrativo que toma decisiones que luego se pueden demandar ante la justicia, no tiene la potestad para investigarlo. La Corte encontró que el fuero presidencial también incluye las posibles irregularidades como candidato. Es por eso que, en su decisión de este jueves, el organismo electoral ha ordenado emitir una copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el único órgano que puede investigar a un presidente en Colombia.

Desde el 13 de noviembre, la Sala Plena ya contaba con cinco votos a favor de la ponencia para sancionar a la campaña de Petro: a los ponentes se sumaban los magistrados Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Maritza Martínez (Partido de la U). Pero faltaba un último sí para alcanzar la mayoría que exige su reglamento. Compuesto por abogados designados por las bancadas del Congreso, y por lo tanto un órgano político que es espejo de las fuerzas en el Legislativo, el CNE ha tenido dificultades para lograr las mayorías, pues la izquierda que lidera Petro tiene dos magistrados propios, y otros dos han votado a su favor.

Pero en este caso fueron apartados Alba Lucía Velásquez, del oficialista Pacto Histórico, y Álvaro Echeverry, quien trabajó en la campaña al Congreso de esas fuerzas y fue elegido en el CNE como candidato de un partido opositor de derecha. Antes las dos ausencias, la Sala Plena CNE eligió a dos conjueces: Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab. El segundo se unió a la mayoría para llegar a 6 votos. En contra estuvieron Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Acuña.

Las multas que ha impuesto el CNE son millonarias. Roa, Soto y Mogollón deben pagar de manera solidaria casi 6.000 millones de pesos, mientras que la Colombia Humana y la UP deben pagar cada uno más de 1.000 millones, que serán descontados de los dineros que les gira el Estado para su financiación. La Sala argumenta que la UP “no auditó adecuadamente el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas, al no haber verificado de manera diligente y cuidadosa el volumen, origen y destino de los recursos administrados en las campañas”, y que la colectividad de Petro “permitió el ingreso de aportes económicos de fuentes prohibidas”.

La UP ha rechazado “de manera enérgica” el fallo y ha defendido que el proceso de supervisión de la campaña política “fue cumplido a cabalidad”. “Esta decisión se convierte en una herramienta de carácter político cuyo efecto es sembrar incertidumbre jurídica sobre el proceso electoral que condujo a la elección del actual presidente”, ha señalado la formación política en un comunicado.

Varias figuras cercanas a Petro ya han manifestado su repudio a la decisión. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha asegurado que aunque no está “de acuerdo” con el veredicto, “se respetará y se investigará”. “El CNE siempre ha mostrado una animadversión contra el presidente”, ha recalcado. Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta ha tachado el fallo de er una “persecución política”. “¿Cómo es que después de tantos ataques al presidente Gustavo Petro perpetrados por su cliente Fico [el alcalde de Medellín], el abogado Majer Abushihab no se declaró impedido?”, ha cuestionado la congresista sobre el conjuez que tuvo el voto definitivo.

En paralelo, la derecha se muestra complacida. La senadora uribista Paloma Valencia ha calificado la determinación como un “hecho muy importante” que puede conducir a la destitución de Petro como presidente. La precandidata presidencial Vicky Dávila ha señalado: “Violar topes en una campaña es corrupción. Petro llegó así a la presidencia. Así ha gobernado”.