La entrada del liberal Álvaro Ashton a la JEP reaviva el fantasma de la parapolítica en la Costa Caribe

Cuando el exsenador liberal Álvaro Ashton pidió pista ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en febrero pasado, sabía que su futuro judicial dependía de lo que revelara sobre los años en que la política de la Costa Caribe se mezcló con el poder armado del paramilitarismo. Ocho meses después, ese tribunal transicional le ha abierto la puerta, bajo la promesa de aportar verdad sobre la alianza entre políticos y empresarios que alimentó la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su llegada ha caído como una bomba política: empezó mencionando nombres como los de Armando Benedetti, hoy ministro del Interior; Efraín Cepeda, expresidente del Senado y ahora precandidato presidencial del Partido Conservador; y Fuad Char, cacique político de la región.

Álvaro Ashton Giraldo (Barranquilla, 67 años) fue una de las figuras más visibles del liberalismo costeño durante la década del 2000. Llegó al Congreso en 2002 como representante a la Cámara y luego fue elegido tres veces senador, hasta 2018. En ese tiempo se consolidó como uno de los dirigentes más influyentes del Atlántico y tejió alianzas con caciques políticos de la región, entre ellos el grupo Char y sectores cercanos a Armando Benedetti, hoy ministro del Interior de Gustavo Petro y a José David Name, senador del Partido de la U.

Mientras el paramilitarismo se extendía por la Costa, decenas de dirigentes locales y congresistas consolidaban su poder con el respaldo de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más grande que ha tenido el país. Entre 2002 y 2006, los hombres del Bloque Norte, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, controlaban buena parte de Atlántico, Magdalena y Cesar, imponiendo candidatos y garantizando votaciones masivas a su favor para luego influir en contrataciones públicas y decisiones políticas. La parapolítica alcanzó a más de 60 congresistas investigados por la Corte Suprema y dio origen a uno de los mayores escándalos de la época: la infiltración directa de las AUC en la política regional, local y nacional.

En ese contexto, Ashton emergió como una figura con poder regional. Su carrera política comenzó a derrumbarse en 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por sus supuestos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas. Un año después fue capturado y permaneció detenido en la Escuela de Carabineros de Bogotá mientras avanzaban los procesos en su contra por concierto para delinquir agravado. En 2019 también fue mencionado en el caso de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’, por supuestos sobornos al exmagistrado Francisco Ricaurte para frenar su investigación. Aunque negó haber pagado dinero, la Corte Suprema dejó en firme la acusación, y desde entonces su nombre ha estado asociado tanto a las redes políticas de la parapolítica como a los intentos por frenar la justicia en su contra.

En sus pocas posibilidades de reducir sus penas, el excongresista tocó la puerta de la JEP, el tribunal transicional creado con el Acuerdo de Paz de 2016 que, aunque tiene como finalidad juzgar a excombatientes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, ha dejado la puerta abierta para que allí comparezcan de forma voluntaria otros responsables de la guerra. En sus primeras declaraciones ha mencionado a varios legisladores y excongresistas de la Costa que, según él, fueron respaldados económicamente por las Autodefensas para llegar al Congreso de la República durante los años 2000.

Según su testimonio, políticos como Benedetti, Cepeda y Char “eran personas que mayor promoción hacían de artículos fundamentales para las AUC, como el que hablaba de la sedición y la alternatividad penal”. Es decir, según Ashton, los entonces legisladores impulsaban en el Capitolio Nacional algunas normas que buscaban garantizar beneficios jurídicos a los paramilitares que se desmovilizaran.

Cepeda, un histórico conservador influyente en la Costa Caribe y opositor al Gobierno de Petro, negó las acusaciones. En una entrevista que dio a W Radio aseguró que lo demandará por injuria y calumnia. “Mi actividad política es limpia”, dijo. Según él, el excongresista busca figurar “mencionando nombres de políticos, incluso de personas fallecidas, para tener una figura preponderante en la opinión pública”. El senador aseguró que jamás tuvo vínculos con estructuras paramilitares y que los hechos relatados son “absolutamente falsos”.

El presidente Gustavo Petro, que en sus épocas en el Legislativo priorizó los debates por parapolítca, también comentó el tema, aunque sin mencionar a su ministro del Interior, quien tampoco ha dado declaraciones en su defensa. A través de su cuenta en X, escribió que el testimonio de Ashton “dice lo que es verdad popular. Ya veremos si judicial”. Días después, respondió a las críticas del senador Efraín Cepeda, quien lo había acusado de presionar a la justicia en favor de su hijo, Nicolás Petro. El presidente replicó que lo que está ocurriendo es una “vendetta” de los sectores tradicionales de poder en Barranquilla y señaló al clan Char de tener “influencia en procesos judiciales y mediáticos”.

Para la JEP, las declaraciones de Ashton tienen “alto valor para la reconstrucción de la verdad histórica” sobre la infiltración del paramilitarismo en la política regional. Los magistrados han dicho que el exsenador entregó información sobre cómo operaban los apoyos electorales de las AUC en la Costa Caribe, la financiación de campañas y las reformas legales que, según dijo, buscaban favorecer su desmovilización. Su camino en la justicia transicional, que eligió para tener beneficios jurídicos, apenas comienza. Más allá del peso de sus palabras, deberá respaldar sus señalamientos con pruebas y testimonios verificables. Solo así, su aporte a la JEP podrá tener efectos reales en los procesos judiciales y en el tablero político que empieza a moverse antes de las elecciones.