La Fiscalía imputa a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, en un caso de corrupción

Daniel Quintero, el anterior alcalde de Medellín y un político cercano al Gobierno de Gustavo Petro, será imputado por la Fiscalía el próximo 25 de marzo. Quien ha sonado como posible candidato del mandatario en las elecciones de 2026 es señalado de haber cometido los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Otros 15 exfuncionarios de su Administración están envueltos en el mismo caso. Todo ello, según la Fiscalía, por haber beneficiado ilegalmente a los dueños de un lote llamado Aguas Vivas con decisiones de la Alcaldía a su cargo. El precio del terreno habría saltado de 2.700 millones de pesos a 48.000 millones de pesos (de unos 680.000 dólares a casi 12 millones).

El predio, de 147.000 metros cuadrados, está ubicado entre la exclusiva y turística zona de El Poblado y la zona alta de la vía Las Palmas, que conduce del municipio de Rionegro y el aeropuerto internacional José María Córdoba al centro de Medellín. En el empinado terreno no se puede construir porque el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, la norma que define los usos de la tierra, lo definió como una zona ambiental y de espacio público. Por ello, en 2019 los dueños del megalote pusieron sobre la mesa la posibilidad de construir un ecoparque para luego entregarlo al Distrito, como forma de pago de obligaciones urbanísticas. Esto lo aceptó la ciudad que administraba entonces Federico Gutiérrez, rival de Quintero. Con el avalúo vigente, los propietarios cedían el lote a la ciudad, y a cambio recibían un saldo para pagar otras obligaciones urbanísticas: se trataba de 2.711 millones de pesos en compensaciones urbanísticas. Estas se las podían vender a constructores, que por ley deben entregar espacio público cuando construyen edificios, y que podían entregar con esas compensaciones.

Sin embargo, según la Fiscalía, el negocio cambió bajo Quintero, cuando la Alcaldía habría favorecido a los dueños, que demoraron la firma de las escrituras que oficializaban el negocio. Entre tanto, el nuevo alcalde firmó un decreto para crear una de sus políticas banderas, llamada Valle del Software, y en él creaba un parque en Aguas Vivas. La particularidad es que ahora se podía construir mucho más en esa tierra. Además, ordenó un nuevo avalúo catastral al predio, que señaló que, con esas nuevas reglas, valía 48.000 millones de pesos. Con ese dato en la mano, los propietarios exigieron renegociar el precio, y la Alcaldía aceptó ofrecerles 40.000 millones de pesos. Finalmente, el contrato no se ejecutó por las advertencias que se levantaron y la Alcaldía de Quintero anuló todo el negocio.

Gutiérrez regresó a la Alcaldía en enero de 2024, reelegido alcalde. Como parte de sus señalamientos a la Administración de Quintero, elevó el caso a la Fiscalía, algo que ha convertido en un estandarte político. “Encontramos ese decreto que él firmó, modificando el POT, sabiendo que para poder hacerlo tenía que pasar por el Concejo. El 3 de julio de 2024, derogamos ese decreto y eso se constituye en una prueba para la Fiscalía”, escribió en su cuenta de X.

Quintero, por su parte, se ha defendido, señalando a su sucesor de liderar una vendetta política en su contra. “Lo de Fico y la Fiscalía de Medellín es una estrategia para desviar la atención sobre el Cartel de Lotes. La verdad es arrolladora. Van a caer”. En su defensa, ha dicho que sí hubo irregularidades en el negocio pero no durante su Alcaldía sino por la idea inicial del negocio, que Gutiérrez firmó a cuatro días de dejar su cargo, en diciembre de 2019. “Seis meses antes, el 23 de julio del 2019, la Alcaldía de Federico Gutiérrez había valorado el predio de Aguas Vivas por un valor de 48.000 millones de pesos. Muy por encima de su valor real”, escribió en X. También ha calificado la denuncia y el proceso como ataques políticos que buscan sacarlo de la carrera presidencial. “La Fiscalía de Medellín está avanzando en el ataque político más burdo y chambón de la historia. Nos quieren imputar por un error de Fico atropellando la verdad y todas las garantías procesales. Sabemos que están dispuestos a todo y resistiremos con valentía. Es evidente que no es un ataque en mi contra, es un ataque para que la ultraderecha regrese al poder en el 2026″, escribió.

El presidente lo ha apoyado en el trance. Quintero, a quien ha llegado a referenciar su posible sucesor en la presidencia, es además jefe político de varios congresistas de la coalición oficialista, el pacto Histórico. Este martes, Petro aseguró que quieren silenciar a uno de sus apoyos políticos más visibles en Antioquia, el departamento más poblado de Colombia y donde la derecha ha gozado de las mayorías. “Cuando quieren silenciar al que denuncia para que calle eternamente. Ley de la mafia: silenciar, impedir que suene la voz allí donde la codicia ha ensuciado lo público. Cuando el juez, el que debe hacer justicia se vende no llega sino la oscuridad”, afirmó.

Según el diario El Colombiano, el terreno que enfrentó a los dos últimos mandatarios de Medellín y al presidente perteneció, en parte, a la familia de Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia y a su vez aliado de Quintero. El periódico local ha señalado que, junto con sus hermanos, fueron dueños del 39 % del megalote, mientras el porcentaje restante pertenecía a dos empresas inmobiliarias. El informe periodístico indica que, en 2015, la familia hizo un trueque con las compañías, y cambiaron el terreno por otro predio contiguo.

No es la primera vez que Quintero está en la mira de la justicia. En julio pasado, fue inhabilitado por seis meses y sancionado a pagar más de 100 millones de pesos por la Procuraduría, que determinó que, en 2022, mientras era alcalde, hizo campaña a favor del hoy presidente Gustavo Petro pese a que los funcionarios públicos tienen prohibido participar en política. El hoy sancionado fue de los primeros políticos en confirmar su aspiración para las presidenciales de 2026, aunque no tiene asegurado el apoyo en los movimientos progresistas.