La seguridad presidencial cierra las calles del centro histórico de Bogotá

Caminar las calles del centro histórico de Bogotá se ha convertido en una carrera de obstáculos, en el mejor de los casos. Una buena porción del espacio público del corazón de la capital de Colombia, y numerosas edificaciones históricas, hoy son inaccesibles para los peatones a pesar de las promesas de apertura con las que el presidente Gustavo Petro comenzó su Gobierno. El principal motivo es, paradójicamente, el voraz avance del perímetro de seguridad que rodea la Casa de Nariño, el palacio presidencial.

Las vallas son protagonistas de la Plaza de Bolívar, la principal de Bogotá desde tiempos de la Santafé colonial. Cubren las escalinatas del Capitolio, en uno de sus costados, así como también los pasillos exteriores del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor, y rodean el Palacio de Justicia. Los tres edificios atraen visitantes de este sector emblemático, un imán turístico de la capital. El despejado costado oriental, donde se ubica la catedral, es la excepción, pero caminar desde este punto en dirección al sur es casi un imposible. Hay que ser un funcionario o rodear el extenso perímetro que cierra abundantes calles del centro histórico.

“Abierta al público y a su libre tránsito la plazoleta Núñez y el parque entre la carrera séptima y octava”, proclamó Petro en la primera semana de su periodo, en agosto del 2022, en referencia al espacio que comunica el Capitolio con el Patio de Armas de la Casa de Nariño. Llevaba dos décadas bajo candado. “Este paseo peatonal será un hermoso recorrido para distensionarse. El espacio público siempre es un espacio democrático y aumenta la calidad de vida”, aseguró entonces el mandatario. Hubo todo tipo de celebraciones, promesas de echar abajo las rejas, familias que acudieron en masa para hacerse selfies y recorrer lugares otrora vedados. Se suponía que era un Gobierno de puertas abiertas. Ese ímpetu fue fugaz. Las rejas siguen en pie.

Las puertas de la plazoleta Núñez se van a abrir este viernes nublado de marzo. Un frío penetrante baja de los cerros orientales a primera hora de la mañana. Los policías apostados en el filtro de seguridad de la carrera séptima con calle novena, el borde noroccidental del amplio cerco de seguridad que rodea el palacio presidencial, señalan que hay que regresar después de las diez para poder pasar. Al menos por hoy. Los horarios de apertura son inciertos, varían cada día. A pocos metros se levantan sobre los andenes las estructuras de otras barreras, más robustas. Se encuentran plegadas, o de lo contrario cortarían el tráfico. “Son para cuando hay protestas”, explica uno de los policías.

Ninguno puede precisar cuándo está abierta la plazoleta. Este viernes quizás se pueda ingresar hasta las cuatro o cinco de la tarde. “Depende del orden público de Bogotá”, apunta ante la insistencia de los curiosos un militar armado, de boina vinotinto, apostado a la entrada. “Es lo que ha provocado la protesta social”, se lamenta. El primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea suele convocar a la movilización social, y en más de una ocasión han reunido al “pueblo” a escuchar sus discursos desde un balcón de la Casa de Nariño que da al Patio de Armas. Indagados sobre los horarios, sin tener una respuesta certera, los uniformados optan por exhibir con amabilidad una imagen con los detalles del nuevo sistema de agendamiento digital para hacer una visita guiada al propio Palacio, que Petro considera “feo y frío”.

Pasar el filtro con dirección al sur es otra historia. En principio, solo pueden hacerlo funcionarios e invitados registrados. Los uniformados piden los documentos de identidad, e informan vía walkie-talkie en pos de un visto bueno. Detrás de la valla está el Museo Santa Clara, una iglesia de 1647 contigua al Ministerio de las Culturas. Los visitantes que quieren visitarlo pueden entrar al perímetro, pero sin que las autoridades los pierdan de vista ni avanzar más allá del templo. Algo parecido ocurre con el Claustro de San Agustín, otra edificación colonial adaptada como museo en el costado suroccidental de la Casa de Nariño. Están a pocos metros, sobre la misma calle, pero para ir de una a otra hay que rodear el perímetro e ingresar por otro punto. “Como siempre he dicho, el paso no es prohibido, pero sí restringido”, se trata de explicar un policía que pide no mencionarlo por nombre. Lo mismo solicitan los funcionarios que comentan, en voz baja, la incomodidad de los filtros.

“Esos cerramientos no deberían darse”, dice Angélica Angarita, la alcaldesa local de La Candelaria. Relata que ha recibido casi 30 quejas ciudadanas, e incluso tutelas, debido a que los cierres afectan a mucha gente, principalmente el comercio del barrio Santa Bárbara, al suroccidente. Las transmite a Presidencia, donde esgrimen razones de seguridad. Además de alterar la libre circulación de las personas, se afecta el patrimonio. “Es un tema sensible”, concede la alcaldesa.

La capital ha dado una larga lucha para abrir sus espacios públicos, pero en el centro histórico el miedo parece ganar la partida. “Una sociedad que no es capaz de mantener su mundo sin rejas está enferma, paranoica, no tiene confianza en el otro”, reflexiona el arquitecto Lorenzo Castro, catedrático de la Universidad de Los Andes que encabezó el Taller del espacio público entre 1998 y 2001. “La mejor garantía de seguridad es que los ciudadanos utilicen y gocen el espacio público, que lo cuiden y participen de él”.

El perímetro del Palacio ha crecido de manera evidente en los últimos años. En un país que busca dejar atrás un intrincado conflicto armado de más de medio siglo, proteger al presidente de la República es una prioridad. Sin ir demasiado lejos, la extinta guerrilla de las FARC lanzó morteros contra la Casa de Nariño en la posesión de Álvaro Uribe, el 7 de agosto de 2002. Los militares también extremaron medidas después de que un helicóptero en que viajaba Iván Duque fue alcanzado por ráfagas de fusil cerca a la frontera con Venezuela en junio de 2021, y el propio Petro ha denunciado reiteradamente que hay planes para asesinarlo. Los cerramientos los define la Jefatura de Protección Presidencial, que no respondió las consultas de este periódico.

Del otro lado de la Casa de Nariño, al sur, también abundan los cerramientos, casi a manera de trincheras. Las rejas negras incluso atraviesan, como una cicatriz, las escaleras ajardinadas del Archivo General de la Nación, un edificio monumental de Rogelio Salmona, maestro del ladrillo y referente de la arquitectura latinoamericana fallecido en 2007. Algunas de sus obras están en el centro, entre ellas la sede de la Vicepresidencia, vecina del Palacio. “Si Salmona estuviera vivo pondría el grito en el cielo. Siempre buscó la integralidad de sus obras”, se lamenta un funcionario frente a la reja, justo afuera de las calles solitarias, a las que solo acceden los burócratas. “El vallado me parece contradictorio. Si el de Petro es el Gobierno del pueblo, debería estar más cercano, no meterle una barrera de casi tres cuadras”.

A un par de calles, los militares levantan otro filtro, uno más, a pocos metros del edificio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al que acuden ciudadanos desorientados para atender requerimientos de la entidad. Los uniformados los dejan pasar después de hacerles preguntas, revisar su cédula y advertirles que una cámara los vigila y no pueden ir más allá de la esquina. También están cerradas al público las calles peatonalizadas que hacen parte del complejo del Ministerio de Hacienda, frente al Batallón Guardia Presidencial, e incluyen la iglesia de San Agustín. “Es un camello [trabajo], no tenemos cajero ni restaurantes”, se queja una funcionaria.

Cruzando la desierta calle siete, de cuatro carriles, diagonal al Claustro de San Agustín, están los guardias de la puerta sur de la Casa de Nariño que en otros tiempos solían ser una popular postal para cualquier transeúnte. Ahora los ciudadanos de a pie, nunca mejor dicho, no pueden acceder a este tramo. Si lo hicieran, tampoco podrían sacar su celular para hacer una imagen. “Usted no ve personas que no trabajen acá; si alguien toma una foto, se la hacemos borrar”, se sincera uno de los policías apostados en esta esquina. Sin excepciones, asegura. Nadie puede tomarse una selfie con la Casa de Nariño, a menos que se asome por la plazoleta Núñez. Y solo si el orden público lo permite.