La salud se consolida como la principal preocupación de los colombianos y desborda al Gobierno, al Congreso y a la Justicia

La crisis de la salud se consolida como la principal preocupación de los colombianos. Una encuesta publicada este viernes por la firma Guarumo revela que el 25% de los ciudadanos cree que el acceso a la salud es el problema más grave del país, por encima del 15,9% que cree que es la inseguridad en plena crisis humanitaria del Catatumbo, del 15,4% que piensa que es la corrupción y el 11,1% que dice que es el costo de vida. Es una preocupación que en gobiernos anteriores no aparecía en la lista y que ha aumentado significativamente en los últimos meses. En la misma encuesta de septiembre de 2024, el 19% de los consultados pensaba que era el principal problema, seis puntos porcentuales menos. Y una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra que el asunto en el que más encuestados esperan que se enfoque un candidato presidencial es la salud.

Esta angustia se da en medio de varias crisis simultáneas que tienen en riesgo la estabilidad del sistema de salud y que parecen haber sobrepasado las capacidades del Gobierno, el Congreso y las Altas Cortes. Cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder, en agosto de 2022, anunció que una de sus grandes prioridades sería transformar el sistema de raíz. El eje del proyecto de ley que presentó para ello era acabar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las entidades públicas o privadas que, según Petro, se han robado un parte importante el dinero que les gira el Estado para atender a los pacientes y que no garantizan el derecho a la salud para los 50 millones de habitantes. Esa reforma, que hundió hace un año la Comisión Séptima del Senado, antes acabó con la coalición legislativa del Gobierno y generó su primera gran crisis de Gabinete.

Un segundo proyecto de ley, que mantiene el objetivo, se está discutiendo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Este viernes terminaron sin mucho éxito las sesiones extraordinarias que convocó Petro con el propósito de sacarla adelante. Durante dos días de discusión, los congresistas solo aprobaron 7 de los 63 artículos. Se espera que el próximo lunes se reanude el trámite, pero no es seguro que el Gobierno, en plena crisis de gabinete, sin ministro del Interior en propiedad y con un desgastado ministro de Salud, tenga las mayorías necesarias para que el proyecto se apruebe.

Los congresistas de oposición han llegado a proponer que la Cámara no discute la reforma. Exigen, como requisito, que el Ministerio de Salud ejecute dos recientes órdenes de la Corte Constitucional. En una primera sentencia, la alta Corte afirma que resulta insuficiente el dinero que el Gobierno paga a las EPS por cada afiliado, llamada unidad de pago por capitación o UPC. Por ello, ordena al Ministerio recalcular el aumento decretado para 2025. En otro fallo, le obliga a girar a varias EPS los llamados presupuestos máximos, el dinero que debe girar el Ejecutivo para que con ello se paguen medicamentos o servicios que no estén dentro del plan básico que garantiza el Estado.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha esgrimido argucias jurídicas para postergar el cumplimiento. Este viernes, la Corte rechazó por “improcedente” la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio. Ordenó pagar los presupuestos máximos de julio a diciembre de 2024 en máximo 18 días calendario, así como garantizar que se giren los de 2025 dentro de los 15 primeros días de cada mes. Frente al cálculo de la UPC, le dio 10 días para abrir una mesa técnica, un mes para presentar un informe que justifique el ajuste y tres meses para aplicarlo.

Las sentencias reducirían el déficit que padece el sistema, que existe desde hace décadas, pero se ha agudizado en los dos últimos años. Se trata de un hueco que suma entre 5,9 billones de pesos y 14 billones, dependiendo de quién lo mida. Eso se debe a que las EPS gastan más dinero del que reciben del Estado: según información de del gremio ANDI, en 2024 desembolsaron 109 pesos por cada 100 que recibieron. Por ello, el mismo Ejecutivo ha tomado posesión de muchas de ellas, hasta tener bajo su control a más de la mitad de los afiliados. Pero ello no ha evitado que la estrechez afecta al resto de la cadena, desde las clínicas hasta los médicos y enfermeros, pasando por los laboratorios o las farmacéuticas. Todo ello ha deteriorado la atención a los pacientes.

En medio de las afugias de la reforma en el Congreso y de las peleas entre el Ministerio y la Corte, el presidente ha desatado una nueva polémica en su cuenta de X. Este viernes anunció la llegada de dosis de un medicamento para suprimir la replicación del VIH en el organismo. “Esta es la reforma a la salud que prometimos y ya la adelantamos. Aquí hay 300.000 tabletas del primer lote de dolutegravir. Esta medicina que logra hacer retroceder el VIH, no solo evita de por vida el Sida, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar. Era carísima en el mercado, imposible para un trabajador o sus hijos, las EPS no la recetaban por su precio y muchas personas murieron de sida pudiendo evitarlo. Ahora, gracias al Minsalud progresista, llega a un precio tan bajo, que estamos listos para reducir al máximo la enfermedad”.

La Asociación Colombiana de Infectología cuestionó la veracidad de esas afirmaciones: “Dolutegravir no hace retroceder el VIH, pero sí es un inhibidor de la integrasa altamente eficaz que suprime la replicación del virus cuando se usa dentro de un esquema de tratamiento antirretroviral adecuado”. Julián Fernández-Niño, doctor en Epidemiología, y cuestionó el lenguaje estigmatizarte del presidente: “Llevamos años luchando contra el estigma en VIH que comienza en el lenguaje. No se puede hablar de “contaminar” a nadie con VIH”. Otros médicos, científicos y activistas de personas seropositivas se sumaron, recordando que el sistema de salud colombiano ha cubierto los tratamientos antirretrovirales. Los frentes en los que se debate la salud se multiplican.